Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Uso indebido.

La denuncia que fuera presentada por el Sindicato Único de la Construcción y Anexos, más conocido como SUNCA, como consecuencia de una auditoría que dejó al descubierto un desvío de fondos por casi 850.000 dólares americanos hace algo más un mes, del FOSVOC (Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción), no debería pasar desapercibida. Este fondo social que tuviera su origen en un Consejo de Salarios del Sector de la Construcción de 1967 y a raíz de la Ley de Vivienda N°13.728, que se ha venido integrando desde entonces con aportes iguales, tanto de los trabajadores agremiados como de la Cámara de la Construcción y que tiene por fin desde su vigencia (una cada vez mayor y voluntaria participación empresarial) contribuir a la construcción, refacción o adquisición de una vivienda o terreno para quienes integran este grupo de trabajo que reúnan determinados requisitos, ha sufrido un despojo significativo.

Investigar sobre lo denunciado, individualizar a sus responsables y atribuirles el reproche penal que les corresponda, habrá de ser el objeto. Indagar sobre el destino de esos recursos, objeto sustancial de esta denuncia, no debería agotarse en algún despido de quien hasta ese momento gozaba de la confianza del gremio en cuestión, o la sólo individualización de aquellas personas que percibieron esas transferencias de dinero, sino mucho más aún: investigar en profundidad hasta las posibles derivaciones de las mismas e incluso, las eventuales triangulaciones de esas operaciones.

Pues lo que se les transfiriera en forma indebida, supera y en mucho el máximo de las 140 Unidades Reajustables que por única vez se pueden transferir como un fondo “no reintegrable”, para dar cabal cumplimiento a la finalidad de tipo social para el que ha sido constituido y viene siendo sostenido desde hace más de medio siglo. Hizo bien el gremio en cuestión al promover esta denuncia que es objeto de esta opinión.

Como también iniciar un proceso disciplinario dentro de su gremio, ya que se encuentran implicados varios de sus dirigentes. Son muchos los comentarios y de distinto tenor que se han suscitado, más aún en un medio de las pequeñas dimensiones como en el que vivimos.

Es aquí que la información veraz y la cristalinidad en el proceder refuerzan el valor de la institucionalidad y fortalece la razón de ser de este fondo social y brinda certezas a quienes contribuyen al mismo. Por ello debe investigarse en profundidad, no sólo a quienes se “beneficiaron”, sino las posibles derivaciones y entramados que, en movimientos clandestinos –que deben pretender sigan sin ver la luz- financiaron actividades o apetitos de desleales sujetos e intereses, sin lugar a dudas, alejados de la normativa que regula la administración de estos dineros.

El largo camino recorrido desde aquel Consejo de Salarios de 1967 y la mencionada Ley de Vivienda a la actualidad, y que ha transitado por distintos procesos y sucesivos logros, no debería perderse, ni menos ponerse en duda, por el espurio proceder de unos pocos a quienes tendrá que aplicárseles el rigor legal que les corresponda.