@|Que nuestra sociedad se ha vuelto más violenta en los últimos años, no escapa a ningún observador de nuestra realidad cotidiana.

Por diversos motivos, este comportamiento ha modificado en muchos aspectos hasta la calidad de vida de todos quienes habitamos este territorio y lamentablemente, no podemos afirmar que sea exclusiva de algunos barrios.

A pesar de la mayor presencia policial en las calles y del esfuerzo por mantener más iluminadas las vías de tránsito y controlados los espacios públicos, no sólo se han incrementado los homicidios sino, lo que es peor, la agresividad y el ensañamiento con las víctimas nos muestra un aspecto que no era habitual en las crónicas que registran hechos de esta naturaleza.

Sin dudas, el negocio de la droga en sus distintas modalidades -muy lejos de disminuir con la liberación de la venta de marihuana en farmacias- ha hecho lo suyo en este mercado de tan reducidas proporciones; y el narco menudeo ha puesto su mira en la apertura y control de “bocas” desde donde se distribuyen las sustancias, obtienen sus ganancias y controlan buena parte de algunos barrios, enquistándose en el entramado social de los mismos.

Si a lo señalado sumamos las personas que en situación de calle se resisten a concurrir a los refugios y siguen ocupando entradas de edificios o espacios de la arquitectura que aún no hayan sido enrejados, ya sea por consumo de drogas o alcoholes, el panorama de nuestra ciudad capital resulta desolador.

Pero lo que también motiva nuestra opinión, es una suerte de estado de crispación que advertimos se ha instalado en algunos colectivos sociales, cuyo espiral de violencia ha ido creciendo y lamentablemente no podemos augurar que pueda disminuirse en lo inmediato.

Colectivos que responden a grupos de interés y en otros casos a grupos de presión, que en forma totalmente ajena a los principios republicanos y democráticos, que deben ser respetados en un Estado de Derecho, buscan lograr sus objetivos en forma violenta. Ya sea a través de ocupaciones de edificios públicos, cánticos o insultos a las autoridades que han incrementado su tono -triste es haberlo comprobado- han pasado de la verbalización a los hechos, con consecuencias que resultan ciertamente impredecibles.

En ese sentido y abusando de su derecho a la libre expresión, insultan y amenazan a personalidades públicas, sin otro motivo que incitar a la violencia en una suerte, si se me permite, de pulseada para calibrar la respuesta de sus adherentes.

De las pintadas a domicilios particulares con daño a la propiedad (con clara invasión a un espacio propio de la familia del destinatario de las pintarrajeadas) se ha pasado a agresiones físicas y lanzamiento de proyectiles que han rebotado o dado en el blanco, sin que por el momento se hayan lamentado daños a las personas.

Estos hechos han sido denunciados a las autoridades correspondientes y deben ser reprimidos con el mayor rigor legal.

Son conductas totalitarias e inadmisibles que afectan la convivencia pacífica en nuestro medio y que denotan un resentimiento político y social repudiable que debemos señalar y por sobre todo frenar de raíz, en favor del respeto de nuestras Instituciones.