Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Cualquier observador -medianamente informado- que transite por la ciudad capital de nuestro país, podrá reconocer que pasó mucho tiempo para que tomara estado público -en prácticamente todos los medios de comunicación- las pintadas en edificios de particulares por sujetos que, aerosol mediante, pretenden dejar su grafía o “marcar su territorio” sin respeto alguno por los demás.

Estos pseudo “artistas” invaden ahora propiedades ajenas, sin que les detenga ni siquiera la altura de su objetivo. Causan daño en bienes ajenos y ejercen una violencia gratuita, no sólo contra los dueños de esos patrimonios sino contra el aspecto de la ciudad en su conjunto. Ciudad capital que otrora se distinguiera en el concierto regional y latinoamericano, pero que en las últimas décadas ha sufrido un deterioro significativo que se advierte en el estado de sus veredas, insuficiente mantenimiento de sus espacios públicos, escasa iluminación y pésima recolección de los residuos domiciliarios.

Si a lo reseñado le agregamos los hurgadores, como la imagen que brindan los que viven en situación de calle, muchos de los cuales afectados por el alcohol y drogas literalmente acampan bajo puentes o en espacios públicos y pórticos no enrejados, el panorama no puede ser más desolador. Debo significar no obstante que existe una clara diferencia entre estos “enchastres invasivos” que atentan contra los bienes patrimoniales y afean el entorno de algunos barrios, de los verdaderos artistas que, con sus grafitis y obras murales, ciertamente iluminan espacios de nuestra ciudad.

Estos últimos demuestran su maestría tanto en sus diseños gráficos como en sus ocurrentes mensajes, muchas veces hasta son reconocidos y premiados. Son los primeros los que debieran evitarse y con todo el rigor que la norma jurídica establezca perseguirlos logrando individualizar a los responsables, para que reparen los daños causados. No se trata de limitar la “libertad de expresión” como ha dicho alguien, sino de poner las cosas en su justo lugar.

Sabido es que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto, sino limitado por razones de interés general.

No es posible que estos sujetos o grupos actúen con total impunidad mientras que los propietarios de los inmuebles afectados, además de contribuir con el abultado presupuesto municipal, tienen que disponer de sus recursos para borrar estos enchastres. Y las autoridades públicas parecen mirar para otro lado.

Ciertamente lamentable. Se trata de una problemática de tipo social que denota una total falta del sentido de pertenencia a nuestra ciudad y, sin lugar a dudas, un nulo respeto por los bienes patrimoniales que les son ajenos.

La vida en sociedad nos brinda un marco jurídico legal y constitucional donde nuestros derechos deben ser respetados y nuestros deberes cumplidos.

Bueno es tener presente que esas autoridades públicas, tanto a nivel nacional como municipal, no pueden dejar de aplicar las normas jurídicas que establecen sus legítimas competencias y atribuciones sin incurrir en responsabilidad.