Veterano preocupado | Montevideo
@|Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de que el próximo fenómeno de El Niño genere en Uruguay un escenario particularmente complejo, incluso con miles de personas desplazadas y evacuadas. Asimismo, el gobierno ha gestionado créditos contingentes por unos US$ 750 millones destinados a enfrentar sus eventuales consecuencias.
La pregunta que surge es sencilla: ¿qué estamos haciendo ahora para procurar que esas consecuencias sean menores?
Es justo reconocer que se han adoptado medidas de preparación institucional: sistemas de alerta temprana, coordinación entre organismos, monitoreo meteorológico e hidrológico y planes de contingencia. Todo ello es necesario. Pero la prevención no debería limitarse a disponer de recursos para actuar cuando el agua ya haya llegado.
Si el escenario oficial contempla que hasta 25.000 personas deban abandonar sus hogares, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué acciones concretas se ejecutan hoy para reducir ese impacto.
Limpieza de cauces y alcantarillado, revisión de infraestructura crítica como puentes y rutas, blindaje de servicios básicos —agua, electricidad, comunicaciones— y la preparación anticipada de centros de evacuación son tareas que no pueden esperar a que empiece a llover.
También resulta indispensable saber qué medidas se están coordinando de forma directa entre el Gobierno Central, las Intendencias Departamentales y los sectores productivos, especialmente en las zonas rurales más expuestas. La gestión del riesgo es un compromiso que involucra a todos los niveles del Estado.
No se trata de cuestionar las medidas adoptadas ni de generar alarma. Por el contrario: si el riesgo ha sido claramente identificado, existe la oportunidad y la responsabilidad de actuar antes de que se materialice.
Los créditos contingentes son una herramienta financiera valiosa para una emergencia, pero disponer de dinero para reparar los daños no equivale a prevenirlos. La experiencia de la región demuestra la importancia de combinar pronósticos con intervenciones concretas sobre la infraestructura y las poblaciones vulnerables.
Por ello sería deseable que se informe públicamente qué medidas preventivas se están ejecutando durante estos meses y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar. Si la planificación contempla 25.000 desplazados, la pregunta clave debe ser: ¿cuántas de esas situaciones podemos evitar mediante una adecuada prevención?
Prepararse para responder es indispensable. Prepararse para que el daño sea menor es, además, una obligación de buena gestión pública.