El caos portuario

Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo
@|Cuando pienso que Fructuoso Rivera, en 1833, como Presidente de la República, contrató al Ing. Hidráulico Carlos Pellegrini para que llevase a cabo lo que podemos calificar como el primer Plan Maestro del puerto de Montevideo, cuando recuerdo que el Presidente Lacalle Herrera, al aprobar la Ley de Puertos en 1992, logró que nuestra principal terminal portuaria se transformara en una importante palanca de desarrollo de nuestro país y observo el caos que actualmente impera en la conducción de los servicios portuarios, me da pena y bronca.

Pena y bronca ante un escenario portuario que indica que el Banco Mundial entre 450 puertos examinados ubicó al de Montevideo entre los últimos 50; que una encuesta sobre terminales portuarias regionales, entre 20, lo ubicó en el lugar 19; que la CEPAL informa que, en el último año, nuestro puerto capital redujo su operativa en un 25 por ciento.

Pena y bronca, porque los scanners no funcionan bien y generan largas colas de camiones, porque se ha reactivado la demanda de accionistas de Montecon por US$ 600 millones de dólares ante el CIADI, porque TCP Katoen Natie tiene una demora de casi 4 años en las obras que prometió realizar y porque se da la absurda paradoja que, cuando el Directorio de la ANP debería promover la operativa de los puertos a su cargo, promueve, en Paraguay, la operativa de una empresa privada que opera una instalación de transbordo de barcazas y/o buques desde a una nave fondeada en el Río Uruguay frente a Punta Arenal cuando debería promover su terminal en Nueva Palmira que está 5 millas náuticas y el puerto de Fray Bentos.

Pena y bronca, porque el canal de acceso no se ha dragado a 14 metros de profundidad como se obligó esta Administración y porque, en algunos tramos, los 13 metros de profundidad alcanzados durante la Administración anterior con dragas propias no se mantienen.

Cuando el deterioro portuario se genera, en gran medida por lo caros que son sus servicios, se hace caso omiso de lo dispuesto por el art. 51 de la Constitución de la República que exige que las tarifas de los concesionarios de los servicios públicos deben ser homologadas por el Estado; observamos que la ANP, en algunos casos, fija topes máximos y en otros, muy gravitantes en el costo de la operativa, los deja librados a la voluntad de los concesionarios de los servicios portuarios, violando nada menos que la Constitución de la República y descartando exigir una reducción de esas tarifas para habilitarlas a través de su homologación.

El puerto de Montevideo carece de una sala de control, por lo que sus autoridades no pueden controlar, en tiempo real, lo que sucede en el recinto portuario porque no se han instalado cámaras a esos efectos, lo que facilita el narcotráfico y la comisión de otros delitos.

Podría seguir mencionando la falta de idoneidad de los directores y la designación de capitán de puerto en abierta violación de lo dispuesto por la ley N° 16.246 que exige que se trate de una persona “notoriamente versada en temas portuarios” y claramente no lo es, y hacer referencia a las dificultades del dragado a pie de muelle, a los baches en el basalto del recinto portuario, de los cientos de vehículos depositados debajo del viaducto y a otras irregularidades, pero quedarán para otra oportunidad por las necesarias limitaciones de espacio.

Pena, por los errores que se cometen, bronca por la negligente omisión de no corregirlos.