Caja Profesional (I)

Profesional jubilado | Montevideo
@|Los afiliados de la Caja Profesional estamos siguiendo con preocupación el proceso de divulgación de información respecto a las posibles medidas a adoptarse para permitir su capacidad de funcionamiento y de financiamiento a futuro.

Quienes hemos estado continuamente pendientes de la temática desde años atrás, siempre hemos recibido información en cuanto a que los estudios actuariales ya marcaban los problemas que se iban a presentar en el mediano plazo. También se conocían versiones respecto a las altas retribuciones de los funcionarios (en particular, de jerarcas) y de otros beneficios que les fueran otorgados. Asimismo, el presupuesto de gastos fue considerado elevado por muchos integrantes de los directorios, a partir de las mismas fuentes de información. Más allá de ello también han influido aspectos demográficos y ocupacionales (población de mayor edad promedio que en el pasado, actividades múltiples cubiertas por diferentes organismos de previsión social, etc.).

El primer ejercicio de déficit en la última década -según la información oficial de la página web de la institución - habría ocurrido en el año 2014.

Curiosamente, hasta el informe del 2021, el Tribunal de Cuentas no hacía mención a este problema en su dictamen profesional y en esa ocasión se incluyó un “párrafo de énfasis” estableciendo las dudas hacia el futuro.

El trasfondo de la gestión siempre transmitió indicios de una administración ineficiente. Entre sus integrantes, siempre hubo representantes del Poder Ejecutivo.

Ahora se manejan medidas tales como el aumento de los aportes de los profesionales activos, un impuesto a los pasivos, cambios en las categorías de aportación vigentes y en los años requeridos para concretar el goce de la pasividad. Ha habido comentarios divergentes respecto a la situación de los profesionales que declararon “no ejercicio”; los últimos datos indicarían que no se verán afectados respecto a la situación previa prevaleciente.

Autoridades de la institución han hecho saber que consideran que debería existir un aporte extraordinario del Estado y, asimismo, que lo recaudado (o parte) por el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) ya vigente debería ser volcado a la Caja, sin generar otro impuesto adicional. Por otra parte, solicitan incrementar el valor de los pagos de usuarios de servicios en concepto de “timbres profesionales”, asimilando al “aporte patronal” en el caso del “BPS”.

Por supuesto, no es un problema de fácil solución, contemplando además adecuadamente a todas las partes involucradas ya mencionadas. Hay que manejarse con inteligencia y cautela, presionados además por los plazos apremiantes.

Pero hay derechos adquiridos que se están violando.