Precio y costo marginal

El pasado viernes 22 de setiembre, con buena concurrencia de ofertantes, se abrió el primer sobre de la licitación de UTE para la compra de 60 MW de potencia eléctrica alimentada con fuentes alternativas.

El segundo sobre, con especificaciones técnicas y económicas más detalladas, se abrirá el 23 de noviembre.

Se trata de un paso importante que abre el camino para un programa más ambicioso en el corto plazo y suscita diversas reflexiones en lo conceptual y en lo numérico. Veamos.

La restricción del suministro argentino a partir del 18 de abril de 2004 y la escasez de precipitaciones, en las cuencas de los ríos Negro y Uruguay, han obligado - sobre todo en este año 2006 - a la utilización intensiva de las centrales térmicas, incluso las de más alto costo como son las unidades de La Tablada. De esto resulta un incremento del costo marginal del sistema, que es por definición el costo variable de la última máquina que debió entrar en servicio para satisfacer la demanda máxima del día de mayor consumo; información que elabora y distribuye la ADME (Administración del Mercado Eléctrico) de acuerdo a la legislación y reglamentos vigentes desde 1997.

Con la actual configuración del sistema y la previsible para los próximos cinco años, el parámetro crítico para el cálculo económico es el costo variable de la Sala B de la Central Batlle, que habrá de estar en funcionamiento en forma casi constante (lo cual, dicho sea de paso, abre un serio interrogante acerca de la seguridad de suministro, si se tiene en cuenta la edad de esas máquinas, su uso prolongado y el estado de conservación del oleoducto que transporta el fuel-oil desde la refinería de La Teja , a través de una zona densamente poblada).

Examinemos este segmento esencial de la capacidad instalada.

El consumo específico de la Sala B es de 337 gramos de fuel-oil por cada Kvh (kilovatio hora) de energía eléctrica generada; lo cual a un precio de 400 dólares por tonelada (con un precio del petróleo crudo a 65 dólares el barril de calidad WTI / West Texas Intermediable) arroja un costo marginal de 135 dólares por MWh (Megavatio hora): o sea 13,5 centavos de dólar el kilovatio, que es la medida que aparece en las facturas de UTE.

Si UTE va a comprar electricidad a empresas privadas a un precio igual a su costo marginal de generación, surge naturalmente la cuestión de su compatibilidad con la tarifa de venta al consumo (que contiene muy diversos precios).

En el acto del 22 de setiembre, el Presidente de UTE aludió a este tema esencial; dijo:

- "De recibirse precios razonables por estas energías (se refería a las provenientes de biomasa (residuos de aserraderos y chipeadoras; cáscara de arroz; y granjas eólicas) es muy posible que en el futuro puedan ampliarse las compras de energía mediante esta modalidad.

Apostamos al desarrollo de este tipo de energías de una manera prudente, gradual, sin recargar la factura de los clientes."

Por su parte el vicepresidente de UTE dijo en la misma oportunidad:

- Por sus características, es probable que las ofertas presentadas estén por encima de los precios medios con que UTE genera energía. Fue por eso que se limitó a una cantidad relativamente pequeña esta compra inicial".

El lector advertirá una contradicción potencial que se proyecta hacia el futuro: por un lado se quiere apurar el paso en este terreno, dada la insuficiencia de la oferta actual, pero por otra parte, esto recargará los egresos de UTE en comparación con sus tarifas de venta.

Agreguemos que este asunto debe preocupar también al Ministro de Hacienda, ya que el Tesoro -como debe ser- recibe habitualmente una contribución anual que es parte de las utilidades del ente. El Estado es el dueño del capital invertido en UTE (y también es el dueño, recordémoslo, del capital invertido en Ancap; lo cual plantea un interrogante referido al interés fiscal en los arreglos con Pdvsa y la inquietante generosidad con que Hugo Chávez maneja sus petrodólares).

La duda existencial que se plantea, en el caso eléctrico, es la compatibilidad entre un mercado libre en el sector de la generación mayorista y un precio al consumidor final fijado por una autoridad reguladora, o una empresa monopólica, o un grupo oligopólico.