Si algo molesta sobremanera a los contribuyentes es constatar la falta de responsabilidad y de transparencia de las autoridades departamentales.
Siempre están prestos a sacar de los bolsillos de la gente elevadas sumas de dinero, a través de impuestos y tasas, que casi nunca se justifican con la realización de las obras.
Pero, cuando llegan los reclamos públicos, inexorablemente se recurre a explicaciones forzadas y justificaciones con la intención de deslindar responsabilidades, intentando culpar a otros o a circunstancias imprevistas.
La contaminación constatada en aguas de algunas de las playas montevideanas, sacó a la luz un problema que se arrastra desde hace algunos años. Cuando en 1991 se terminaron las obras de construcción del caño colector de aguas servidas de una zona importante de Montevideo, así como la planta de pretratamiento de las aguas localizada en Punta Brava (Punta Carretas) y el emisario subacuático (de algo más de 2 km de largo agua adentro del Río de la Plata), la calidad de las aguas mejoró notoriamente.
Han pasado más de tres décadas (el tiempo de vida útil calculado para cualquier infraestructura, según el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo) y los hechos demuestran que hay que tomar cartas en el asunto, porque se constatan niveles de contaminación de enterococos (asociados a las materias fecales) que a veces superan los valores seguros para los bañistas.
Las autoridades saben que, desde hace tiempo en el emisario subacuático existen algunas filtraciones debido a la separación en las juntas entre los tubos de 50 metros de largo que lo conforman. También está sonando la alerta de cuál es el nivel de corrosión que exhiben las tuberías metálicas en el ambiente marino. ¿Habrá algunos agujeros en sus paredes? No se sabe porque esos caños están cuatro metros enterrados en el fondo lodoso del río, lo que dificulta las inspecciones. Hasta ahora la Intendencia capitalina no ha informado a la opinión pública si realiza estos controles, si ha detectado fugas por perforación del caño, o si sencillamente ignora cuál es la situación.
Recurriendo a una justificación mucho más “pragmática” que técnica las autoridades ambientales del Intendencia intentan transmitir tranquilidad a la población -y al mismo tiempo reducir sus responsabilidades en el asunto- diciendo que el caño está “estable” en cuanto a su estructura, y que no hay contaminación producida por defectos del emisario subacuático. Pero, al mismo tiempo, agregan que la fecha de validez de la obra termina en 2030, aunque carecen de detallados informes técnicos que lo respalden.
Por lo tanto, dicen que se debe tomar una decisión antes de 2028: si se repara el actual o si se construye un nuevo colector.
¿Por qué la Intendencia no cuida a los bañistas y usa la bandera sanitaria en aquellas playas cuando los índices bacterianos superan lo seguro? ¿Por qué no prohibió la competencia sudamericana de nadadores de aguas abiertas (la mayoría terminaron intoxicados) si los baños estaban prohibidos en la zona escogida?
La costa de Montevideo demanda un sistema eficaz, seguro por las próximas décadas, de fácil monitoreo, que incluya una planta de tratamiento terciario de las aguas antes de su vertido al mar.