Se dieron a conocer las pautas salariales del Gobierno para la 11ª Ronda de los Consejos de Salarios.

A diferencia de las anteriores, las pautas están centradas en los niveles de ingresos de los trabajadores, estableciendo tres niveles salariales que definen los criterios de los ajustes salariales.

Esta decisión es novedosa y diferente a los criterios de distinción utilizados en anteriores ocasiones. Durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio se utilizó el criterio de distinguir entre los sectores de actividad más y menos dinámicos, proponiendo ajustes diferentes según dicha clasificación.

Posteriormente, durante el pasado gobierno, establecimos en 2021 la distinción entre sectores de actividad más y menos afectados por la pandemia y en 2023 distinguimos entre aquellos sectores que tenían pendiente una mayor o menor recuperación del poder adquisitivo del salario, y también se incluyó, sin éxito, el criterio del tamaño de las empresas.

Si bien los criterios de clasificación fueron diferentes en los tres casos, coinciden en tomar como referencia los sectores de actividad, asumiendo lógicamente que la realidad, perspectivas y rentabilidad son diferentes.

Pues bien, este gobierno quiebra la lógica anterior y, haciendo tabla rasa sobre las realidades sectoriales de la economía, presenta una pauta que distingue la respuesta salarial según el nivel de ingresos de los trabajadores.

Obviamente, no rechazamos este criterio, nos parece bien que los trabajadores de menor remuneración puedan aumentarla en forma diferencial con respecto a otros trabajadores, pero la ausencia de un criterio complementario referido a los sectores de actividad lleva a que puedan producirse efectos muy negativos.

Vayamos por partes. El sector de salarios más bajos, cuyo límite nominal se fijó en $ 39.000 hace referencia al famoso problema de los 25milpesistas. Sin embargo, conviene decir que de los 550 mil que componen este conjunto, la norma del Consejo de Salarios solo ampara a 225 mil, puesto que los 325 mil restantes se distribuyen entre trabajadores informales y trabajadores por cuenta propia.

Vale la aclaración porque hemos visto que en algunas expresiones se ha querido señalar que se da una respuesta a los 25milpesistas.

Es claro que para este conjunto que equivale al 30% de los trabajadores que definen sus remuneraciones en los Consejos de Salarios, si la inflación se mantiene dentro de las previsiones establecidas, obtendrán al finalizar la Ronda, dentro de dos años, un incremento de su poder adquisitivo que podría estar en un 3 o 3.5%.

Una cosa diferente ocurre con el 70% restante.

De ellos, para el 5% que corresponde a los de mayores ingresos, claramente la pauta presentada se ubica por debajo de las proyecciones de inflación y, a lo sumo empataría, su nivel adquisitivo, con el agregado de que para ellos no está previsto ningún correctivo por inflación, ni intermedio ni al final del período.

En el caso de los 500 mil trabajadores restantes cuyos ingresos se ubican entre $ 39.000 y $ 165.000 nominales, es probable que su poder adquisitivo aumente, pero muy poco, siempre que la inflación se mantenga en los niveles previstos.

Por otra parte, el correctivo de mitad de período que se aplica a los dos primeros niveles de ingresos refiere a la inflación subyacente y no al IPC, por lo que si la inflación fuera a moverse más arriba de las previsiones, no se recuperaría el total de la pérdida, sino que se ajusta por un indicador más bajo.

Conviene tener claro que el mundo está viviendo momentos de enorme incertidumbre y, hoy en día, dar por ciertos los pronósticos de inflación a dos años es sin duda, muy incierto.

Finalmente, y por cierto esto es lo más importante, la ausencia de la referencia a los sectores de actividad, podría determinar que para los trabajadores de ingresos más bajos de algunos sectores, la pauta propuesta se convierta en un factor de caída del empleo.

En efecto, uno de los sectores que tiene un mayor número de trabajadores dentro de la categoría de menores ingresos es el Comercio. Alrededor de 80 mil trabajadores de ese sector se ubican en la categoría más baja de remuneraciones y, a su vez, este sector está siendo objeto de una fuerte afectación a través del fenómeno de TEMU que produce una reducción muy significativa de las ventas de los comercios uruguayos.

Pues bien, el incremento del valor del salario en este sector seguramente sería un factor determinante de una fuerte caída del empleo.

Justamente, estamos hoy frente a una disyuntiva similar a la que vivió el país diez años atrás. En aquel momento, teníamos altos niveles de empleo y también altos niveles de salarios; pero sin un salto de productividad era imposible mantener ambos indicadores en esos niveles. Pues bien, el gobierno de la época priorizó la continuidad del poder adquisitivo del salario y la consecuencia fue una constante y pronunciada caída del empleo.

Diez años después y en similar situación, la opción parece ser la misma y la palabra PRODUCTIVIDAD brilló por su ausencia en las pautas del gobierno.

Sin un salto en productividad, la disyuntiva entre salario o empleo es inevitable. Y con la caída del empleo sufren los más débiles.