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No puede ser, no debe ser

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Hizo bien la Intendenta de Montevideo en no insistir con el esperpento tributario que propuso como respuesta a una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia.

Esperpento en su sentido literal y también en el que diera lugar al género literario del gran Valle Inclán. Es decir una deformación de la realidad, algo grotesco que es lo que era su nueva propuesta impositiva.

Al Frente Amplio le ha costado aceptar los fallos de inconstitucionalidad.

El ejemplo más evidente fueron los aumentos a los Ministros durante el gobierno de José Mujica. Les subieron los sueldos equiparándolos a los de los legisladores sin aclarar qué Ministros. Olvidaron que Ministros son los del Ejecutivo pero también los de la Suprema Corte de Justicia, los del TCA, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas. Además, los integrantes del Poder Judicial adecuan sus remuneraciones a las de los Ministros de la Corte.

¡Aumentaron por ley el salario a sus compañeros Ministros del Poder Ejecutivo y a muchos más, aparentemente por error!

Para enmendarlo enviaron una ley “interpretativa” al Parlamento. Quisimos aumentar solo a los Ministros del Ejecutivo no a los otros, sostuvieron. Desde el Senado señalamos que incurrían en una nueva inconstitucionalidad.

La ley interpreta cuando hay dudas. En el caso no las había. Además el tema estaba en la Justicia. No pueden el Poder Ejecutivo y el Legislativo adelantarse a solucionar por ley lo que está sometido a la decisión del Poder Judicial.

Desoyeron las advertencias y aprobaron la norma. Fue declarada inconstitucional.

No conformes con esto, presentaron una tercera ley en la que establecieron complejos procedimientos para cumplir con lo que estaban obligados. Se volvió a declarar inconstitucional.

Mientras tanto a sus compañeros Ministros del Ejecutivo les pagaban el aumento sin problemas.

Hace unas semanas la Suprema Corte declaró inconstitucional la denominada “Tasa de Inflamables” que abonaba Ancap a la Intendencia de Montevideo.

Una tasa requiere una actividad del Estado hacia el contribuyente. Debe guardar relación con el costo del servicio y destinarse a este. En el caso no había actividad, ni costo que guardara relación y menos se destinaba a este.

Por ello la Suprema Corte decretó que era inconstitucional. La primera reacción de la Intendenta, en lugar de aceptar el fallo, fue crear un impuesto que lo sustituya.

Afirmó, en una clara contradicción con su defensa ante la Corte, que con el dinero de la tasa se financiaba un Programa denominado “Más Verde”.

El problema es que el artículo 297 de la Constitución establece en forma taxativa aquello sobre lo que los Gobiernos Departamentales pueden establecer impuestos (patente de vehículos, contribución inmobiliaria, espec-táculos públicos, etc.).

Dentro del elenco permitido no se encuentra la carga y descarga de combustibles a granel.

¿Qué se le ocurrió hacer?

¡No podía poner impuestos a la actividad por lo que decidió ponerle un impuesto a los vehículos que realizan la actividad!

Para terminar el esperpento y en un arranque de feroz brutalidad impositiva nombraba agente de retención del impuesto a Ancap. Cuesta creer tanto desatino legislativo y jurídico.

Como con los sueldos de los Ministros era peor la enmienda que el soneto. Por eso hizo bien la Intendenta en dar marcha atrás.

Disfrazar bajo el nombre de impuesto a los vehículos (que es lo permitido por el artículo 297 de la Constitución) un impuesto a una actividad (la carga y descarga de combustibles a granel) era un error aún más grave.

Por esa vía mañana puede poner un tributo a los vehículos que transportan soldados, a las ambulancias que transportan personal sanitario o a los camiones que transporten mercaderías al puerto.

Incurre además en el error de que esos vehículos que ya pagan patente abonarían otro impuesto por el mismo hecho generador.

En su inolvidable “Romeo y Julieta” Shakespeare pone en boca de esta última la pregunta ¿Qué hay en un nombre? Si una rosa dejara de llamarse rosa seguiría oliendo a rosa.

En el caso cabe inquirir ¿qué hay en un nombre? Por más que lo llamen impuesto a un vehículo, sería un tributo a la carga y descarga a granel.

Lo peor no es esto sino el desconocimiento de principios básicos del Derecho. En otra obra del bardo británico, “El Mercader de Venecia”, este pone de relieve la importancia de respetar las normas. En el momento cúlmine de la obra el abogado le pide al Juez que pase por encima de la ley para lograr lo que él considera es algo justo.

La respuesta de este resume una de las funciones vitales del Derecho, la certeza y seguridad jurídica: “No puede ser, no debe ser, no existe en Venecia poder alguno que pueda pasar por encima de la ley. De hacerse esto seguirán funestas consecuencias”.

Nadie en un Estado de Derecho puede pasar por encima de una norma jurídica. Ni siquiera una Intendenta.

Por ello hizo bien en no seguir con el esperpento tributario. Habría terminado como la tasa de inflamables: declarado inconstitucional.

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