¿No bajar el gasto?

Fue el ajuste del nuevo gobierno iba a ser por el lado de los ingresos nunca fue un misterio. Lo dijo el propio ministro Gabriel Oddone en reiteradas ocasiones: no hay mandato político para un recorte significativo del gasto público y, por tanto, la consolidación fiscal debía apoyarse en aumentos de impuestos y mejoras de recaudación. Más allá de las promesas del hoy presidente durante la campaña, el aumento impositivo era esperable y coherente con la tradición reciente de la izquierda uruguaya. Hasta ahí, nada para objetar.

El problema empieza cuando esa definición razonable deriva en una renuncia absoluta a discutir cualquier reducción del gasto. Allí el argumento político se vuelve simplista. Sostener que toda baja del gasto implica traicionar al electorado, o representa una visión extremista no es una descripción honesta del mandato recibido; es una simplificación que evita una discusión incómoda pero inevitable.

Aceptar que Oddone no tiene mandato para un gran ajuste por el lado del gasto no implica -ni por asomo- aceptar que cualquier reducción sea políticamente ilegítima. La historia reciente desmiente esa idea. En 2016, Danilo Astori ajustó las cuentas públicas con un combo que incluyó suba de impuestos y contención del gasto. Nadie habló entonces de traición al electorado. Nadie sostuvo que racionalizar partidas fuera incompatible con una visión progresista del Estado.

Tampoco es de recibo el otro argumento que asoma,en el discurso del ministro: que pedir una baja del gasto es “no creer en el Estado” o asumir que el gasto es inherentemente malo. A veces parece que el ministro elige discutir con una caricatura. Estoy seguro que él mismo podría enumerar muchos ejemplos de mal gasto, gasto ineficiente o programas con retornos sociales y económicos claramente inferiores a su costo.

Al sector público se lo defiende mejorándolo. Equiparar cualquier intento de racionalización con un ataque ideológico al Estado es impropio del nivel del ministro.

Por otra parte, con esta rigidez el gobierno se priva de mejorar la calidad del ajuste. La evidencia económica es bastante sólida: los ajustes fiscales que incluyen correcciones por el lado del gasto tienden a ser menos contractivos y más favorables al crecimiento que aquellos basados exclusivamente en aumentos de impuestos. Renunciar de antemano -por razones ideológicas o políticas- a siquiera discutirlos es, en los hechos, aceptar un sendero de menor crecimiento potencial.

Naturalmente el ministro está en la gestión y,como él mismo dijo, no hace el ajuste ideal sino el que puede. Su fortaleza en la gestión económica convive con restricciones internas claras, y abrir el debate sobre el gasto puede tensar apoyos que hoy necesita intactos.

Sin embargo, es claro que las cuentas públicas ya se están complicando más de lo previsto en el presupuesto. El escenario de requerir nuevas correcciones viene aumentando significativamente su probabilidad. Si esto ocurre el Uruguay deberá, más temprano que tarde, introducir correcciones al gasto público.

Negarse a discutir cualquier reducción del gasto es una mala idea. Se está amputando una herramienta importantísima de la gestión fiscal que es posible que tenga que terminar usando.