Narcos, drogas y “drogos”

Lo que pasa en Ecuador ha encendido alarmas en toda América. Y, en especial, en Uruguay, donde el tema del narcotráfico se ha sumado de manera llamativa al debate partidario, fogoneado por las tasas de asesinatos salvadoreñas (pre-Bukele) que tenemos en algunos barrios, y las periódicas requisas de enormes cantidades de cocaína en el entorno de nuestro puerto.

Si usted ha pasado las últimas semanas en la playa y no se enteró de nada, Ecuador ingresó en un estado de guerra interno, luego de que el nuevo gobierno de Daniel Noboa amenazara con endurecer las condiciones de prisión de los líderes de grupos narco presos. Y de que estos lanzaran una guerra total, con toma de universidades, cadenas de TV, cárceles. Y logrando la fuga de sus principales cabecillas.

Caos total, que ha llevado a que en Uruguay varios dirigentes del FA, en especial del MPP, demandaran un “amplio acuerdo nacional”, para evitar que algo así ocurriera aquí. Hace tiempo que los dirigentes del MPP y algunos fans mediáticos azuzan el pánico sobre un estallido narco en Uruguay.

Empecemos por lo obvio: Uruguay no es Ecuador. Aquel país se encuentra rodeado por los dos países que producen más cocaína en el mundo, tiene una institucionalidad muy débil, un sistema político degradado, una geografía muy compleja. A lo que se suma que en tiempos de Rafael Correa, en un rapto de principismo latinoamericanista, se ordenó retirar una base americana en la zona de Manta, cuyo vacío nunca fue debidamente llenado por las autoridades locales.

Además, tiene tres o cuatro bandas criminales muy organizadas, y con vínculos directos con los carteles mexicanos, en especial, el cartel de Sinaloa y el llamado Jalisco Nueva Generación.

Ninguna de estas condiciones se dan en Uruguay, salvo una: un número creciente de jóvenes que nacen en barrios pobres, a los que la educación pública no da oportunidad de un camino legal de mejoría económica. Y por lo tanto, son mano de obra disponible para grupos de este tipo.

Ahora bien, hay un detalle llamativo del enfoque político de este tema, que escapa por completo a la comprensión de este modesto analista.

El MPP manejó como estancia propia el Ministerio del Interior durante una década, con recursos y apoyo parlamentario. No solo no logró mejorar ningún índice delictivo, sino que “bajo su guardia” se fugó el principal mafioso preso en el país (escándalo que aún puede tener consecuencias judiciales sobre algún jerarca de la época). También en su gestión, estuvo preso un narco mexicano, el cual tuvo condiciones de reclusión VIP y cuya extradición se demoró de manera más que sospechosa.

Por otro lado, ese mismo grupo ha sido el gran opositor a todo cambio en el sistema educativo, para darle mayor contacto con la realidad y el mundo del trabajo.

¿Por qué, con esos precedentes, el MPP usa este tema para figurar en la agenda? ¿Qué puede prometer ahora que no haya intentado hacer en tiempos de Bonomi, Guarteche, Layera, Carrera, etcétera?

Un misterio.

Sobre la necesidad de un “gran acuerdo nacional”, eso no parece una “gran” idea. Sobre todo, porque en este país no hay un consenso real sobre cómo enfrentar el delito. Por un lado, en el FA predomina una mirada causalista, donde quienes cometen crímenes lo hacen por culpa de un sistema económico y social que los lleva a eso. Y existe una extendida desconfianza sobre el uso de la autoridad por parte del Estado, como quedó claro en el debate de la LUC. En el resto de la sociedad, la mirada es bien diferente.

Uno de los puntos más efectivos de una democracia es que permite a las distintas visiones competir, al ofrecer a la sociedad su “receta”, que luego pondrá en práctica y la gente evaluará. Durante 15 años Uruguay probó con la receta del FA y del MPP. Ahora está probando otra cosa que todavía está en fase incipiente. ¿De qué nos sirve licuar esas visiones en un “gran pacto nacional”? ¿Qué visión se impondría en este? ¿Cómo evaluamos después?

En medio de este debate, una diputada del Partido Comunista, el otro sector que lidera el FA, alertó sobre el ingreso de fentanilo a nuestro país, un opiáceo de efectos trágicos en EE.UU. Y, con tono de catequista canchero, intentó enseñar a los consumidores a cuidarse, porque según dijo, “en Uruguay hay una crisis por consumo de cocaína y alcohol”. Por suerte, lo del fentanilo no era verdad.

Pero más allá de que el rol de un diputado es representar a sus votantes en el Parlamento, no oficiar de madre o líder moral, su discurso aglutina de manera admirable todos los vicios que ha mostrado el sistema político ante el tema drogas. Un ejemplo: el fentanilo es un opiáceo, y por tanto, un sedante. La cocaína es un estimulante. ¿Qué tienen que ver? No todas las drogas son lo mismo, de la misma manera que no todos los consumidores de drogas son iguales ni los políticos, ni los países. Por suerte.