Un país aturdido escuchó al pastor relatar que había guardado %100.000 en una caja de seguridad bancaria, pero cuando fue a recogerlos se encontró con un milagro: los $100.000 se habían convertido en U$S95.000.
Sería el primer caso de lavado de dinero con complicidad de Dios.
No es menos curioso que quienes escucharon de su propia boca decir semejante patraña no le exigieran al menos inventar explicaciones menos desopilantes para justificar la cantidad de dinero en efectivo que acumuló. Es grave que un demagogo místico involucre a Dios en una maniobra de lavado, pero más grave es que en la celebración delirante donde casi 20 mil personas pagaron entradas carísimas, hubiera estado el presidente argentino. En el mismo escenario en el que el pastor Jorge Ledesma hacía caminar paralíticos y desaparecer tumores con gesticulaciones como las de Olmedo personificando al “Manosanta”, estuvo Javier Milei profetizando que el fin del Estado será la derrota del demonio, porque el Estado es la encarnación de Satanás.
El presidente gritando que la justicia social es pecado, junto a un pastor milagroso, parecía una película distópica. Lo que pareció un milagro es que en ese acto delirante Milei no dijera ninguna guarangada.
Si atacar con groserías a otras personas es pecado o no, corresponde al terreno religioso. Pero que un presidente diga y gesticule obscenidades para silenciar la crítica, corresponde al terreno jurídico y político.
Roberto Gargarella explica que “los insultos presidenciales no están protegidos por el Derecho”. En un lúcido ensayo, el jurista señala que en “la vastísima doctrina que va desde John Stuart Mill hasta Alexander Keiklejohn… la libre expresión encuentra siempre un límite claro: el daño a terceros”.
La vulgaridad es un lujo despreciable que pueden darse los dictadores. En la democracia, el gobernante es un mandatario que debe cumplir con el mandato de la sociedad a la que representa. Por lo tanto, el Estado de Derecho no le concede un derecho a la vulgaridad. No le permite ser obsceno.
Que esos límites no estén expresamente prohibidos por la ley no significa que ser guarango esté permitido. Significa que se trata de un rasgo inconcebible en un gobernante. Asumir el cargo lo convierte en dignatario, o sea una persona investida por una dignidad.
Milei no actúa como dignatario porque el propósito de silenciar la crítica es tan indigno como su modo de hacerlo. Por eso tantos medios noroccidentales resaltan el nivel de violencia y grosería con que se expresa.
No es el primer gobernante de una democracia que insulta a mansalva para silenciar cuestionamientos y amedrentar disidencias. Pero en materia de violencia retórica Milei bate todos los records.
Como en muchas otras democracias, el valor de las palabras está desapareciendo. El Congreso muestra la brutalidad alcanzada por la dirigencia política argentina.
El corazón de la democracia es el parlamento. Allí reina “la palabra”. Entre sus ancestros está el Areópago, la colina donde discutían los aristócratas atenienses. Luego evolucionó hasta la Bulé, órgano donde debatían representantes de todos los sectores de la Polis. En la Francia medieval aparece el término “parlement”, con raíz en el latín “discusse” (indagar en las ideas contraponiendo puntos de vista) y en el siglo 18 nace el Parlamento inglés, con representantes debatiendo leyes y límites al monarca.
Nada de eso se ve en el Congreso argentino. Ya ni el insulto cumple una función porque se ha naturalizado. La discusión, como regla, enriquece la política; pero si la regla es el insulto la política se empobrece.
Eso explica Deutsche Welle (DW) describiendo en la Argentina una deriva autoritaria con rasgos siquiátricos y entrevistando a profesionales que hablan de “deshumanización del adversario”, “agresividad sexualizada”, “brotes de irracionalidad” y “metodología fascista”.
Eso se ve en Milei mirando por una lente democrática. También se ven escenas alarmantes como la del presidente en un escenario de demagogia mística delirante.