Los reclamos de productores agropecuarios esta vez no fueron por el precio del ganado y contra los frigoríficos. Fueron reclamos muy justos y serios contra una política económica que le ha dado la espalda al campo y hace cada día más difícil producir.

Todos los puntos señalados en la convocatoria original, presentados por el ingeniero Blasina, tienen su origen común en el manejo sin control de las finanzas públicas, donde hubo despilfarro, favores para los amigos y aliados, utilización del “espacio fiscal” para financiar la fiesta y mejorar las posibi- lidades electorales, mezcla-do con mucha ideología progresista (mejor Venezuela que EEUU).

Todo esto no ocurrió a partir de 2015, empezó muchos años antes, cuando las condiciones tan excepcionales como insostenibles del mercado internacional, precios altos y flujos de inversión extranjera extraordinarios, nos ocultaron lo que estaba ocurriendo. Las políticas implementadas durante los años de la abundancia asumieron que el mundo sería igual o mejor en el futuro, y no advirtieron la rapidez con que se deterioraba el entorno. Se utilizó esa abundancia para hacer inversiones ruinosas, se gastó de manera irresponsable y se asumieron obligaciones a futuro, como si la bonanza fuera eterna.

Por las graves consecuencias de todo esto, reclaman con mucha justicia los productores, debiendo remarcarse dos hechos, muy buenos, que caracterizan a esta convocatoria. Las protestas se llevan a cabo con respeto al gobierno y al resto de los uruguayos, sin cortes de rutas u otras manifestaciones que hoy empiezan a abundar en otros ámbitos. No menos importante es que la participación ciudadana en estos reclamos empieza a dar un poco de vida a nuestra democracia, que muy adormecida se ha limitado a la elección de nuestros representantes cada cinco años y la aceptación resignada, estemos o no de acuerdo, de cuanto hagan con los poderes que les hemos otorgado.

Lo malo de esta realidad es que el gobierno no dará ninguna satisfacción de fondo a los reclamos del campo. No puede hacerlo, por dos razones. Porque ello requiere un cambio drástico en las políticas, lo que supondría reconocer los errores cometidos y porque alivianar las cargas llevará muchos años, bastantes más de los que tiene por delante esta administración. Los productores deberán soportar un buen tiempo la carga que hoy tienen.

Finalmente, hay algo que esperamos que no ocurra en relación a este tema. Siempre que las cosas se complican en el agro, aparece el tema del endeudamiento. Los productores harán todos los planteos que crean necesarios ante sus acreedores y negociarán con ellos la solución a este problema. Lo que no deben plantear, ni productores ni parlamentarios tentados por las circunstancias, es una nueva ley de refinanciación o de suspensión de ejecuciones que obligue a los acreedores a apartarse de lo que los contratos establecen. Si ello ocurriera no solo habremos perdido la mejor oportunidad que tuvimos en un siglo para sentar las bases de un crecimiento sostenible, sino que, ignorando las lecciones que nos dejan los errores cometidos tantas veces en el pasado, estaremos agregando un elemento más al deterioro institucional que ya tenemos.