Los proventos

En muchas dependencias estatales existen partidas calificadas como extrapresupuestales o proventos. Se trata de ingresos distintos de los recursos tributarios con que el Estado cuenta para solventar sus gastos y son fruto de antecedentes muchas veces lejanos vinculados con las reparticiones que los perciben.

O sea, que diversas reparticiones tienen ingresos distintos de las fuentes ordinarias de recaudación.

Los proventos suelen estar vinculados a la venta de determinados documentos, a la ejecución de trámites burocráticos y —en muchas oportunidades— a la aplicación de sanciones, en función de las facultades de policía que el Estado tiene no sólo en materia de orden público, sino en otras que hacen al campo laboral, fiscal, sanitario, etc.

Todas las oficinas recaudadoras de proventos suelen volcar parte de lo recaudado por esta vía en beneficio de su personal.

En favor de la solución puede decirse que lleva a extremar el celo en el cumplimiento de la función. Teóricamente, la recaudación de proventos, asociada por ejemplo a tareas administrativas de contralor, alienta a ser más cuidadoso del fiel cumplimiento de la ley.

En contra, existen varios argumentos.

En primer término, no ayuda a la administración racional de la recaudación y el gasto en sueldos que el Estado realiza. Se trata de mecanismos de ingresos y gastos ajenos a las normas presupuestales que la organización institucional del país pone a cargo del Parlamento.

Si —por ejemplo— una oficina por decisión administrativa dispone la suba de precio de un documento de aquellos cuya recaudación va destinada a proventos, ello implica un aumento de la recaudación sin intervención parlamentaria.

En segundo lugar, cuando estos recursos están vinculados a documentos o procedimientos administrativos —una vez asumido que se trate de papeleo burocrático innecesario— se hace muy difícil eliminarlos porque previamente el Estado debe buscar una solución económica para los empleados, que se verán perjudicados si sus proventos dejan de existir.

Respecto de los proventos vinculados con la aplicación de sanciones, son a nuestro juicio los más nocivos de todos, porque —entre otras cosas— promueven la industria de la multa. El Estado y las dependencias que gozan del beneficio de la recaudación de proventos por concepto de multas y que derivan un porcentaje de lo recaudado a sus arcas, a las del Estado y a los bolsillos de sus funcionarios, en vez de resolver con equilibrio respecto de las situaciones que controlan, se ven tentados a penalizar más para engordar sus arcas. Y las retribuciones de sus empleados. No es cosa menor, si recordamos que el Banco de Previsión Social, con tarea fiscal y recaudadora gigantesca a su cargo, ha estimulado de esta forma a todo su personal.

En definitiva, opinamos en contra de las soluciones extrapresupuestales.

Especialmente, cuando perennizan burocracia innecesaria y cuando promueven la industria de la multa.

Naturalmente —nos consta—que cuando se eliminan proventos, deben de evitarse a los empleados a quienes toca la medida, perjuicios en sus ingresos. Lo mismo, respecto de las necesidades materiales básicas de la respectiva repartición para el cumplimiento sus funciones.

También, que técnicamente existen en el mundo experiencias y soluciones que —sin necesidad de promover la industria de la multa y el consiguiente castigo al ciudadano y al contribuyente— mantienen a los organismos y funcionarios fiscalizadores con la guardia en alto en el cumplimiento de sus funciones. Lo expresado vale tanto para lo nacional como para lo municipal.