La geografía no escribe la historia de las naciones, pero la determina en muy grande medida.
El río Uruguay, el Río de la Plata y el océano Atlántico tienen una enorme importancia económica, social, cultural, jurídica y política para nuestro país.
Todo lo referente al Río de la Plata debería estar grabado en el ADN nacional y figurar entre las prioridades de nuestra agenda política.
Argentina y Uruguay instalaron, trabajando conjuntamente, una estructura de tratados y organismos bilaterales que no solamente delimita las áreas de jurisdicción y soberanía de cada uno de ellos en el Río de la Plata y su frente oceánico, sino también suministra los elementos normativos e institucionales para tutelar intereses compartidos, como la navegación, la administración conjunta de sus recursos vivos compartidos y la protección del entorno acuático. Es un marco dinámico que se ajusta en muy buena medida a las realidades de los ecosistemas acuáticos.
El elemento central de la estructura es el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito por ambos países en 1972. Los objetivos que perseguían al elaborar ese acuerdo, nos dice su preámbulo, incluyeron sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos.
En última instancia, poner en funcionamiento esa estructura para lograr aquellos objetivos -tan compartibles- dependerá de la acción de los representantes de cada Parte en la Comisiones binacionales y de las respectivas Cancillerías. Pero esto no alcanza. Esa gestión debería estar sujeta al escrutinio de las respectivas sociedades.
El complicado asunto de los dos emisarios subacuáticos que construye Argentina y que verterán deshechos más o menos tratados previamente, a las aguas de uso común del río sugiere que, como Estado y como sociedad, no hemos dedicado suficiente atención al Río de la Plata. Son dos obras de envergadura: el Emisario Riachuelo -que ya se encuentra prácticamente terminado- tiene una longitud de 12 quilómetros y un diámetro de 4,3 metros, y el Sistema Berazategui tendrá 7,5 quilómetros de longitud y un diámetro de cuatro metros.
En el primer caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores se apresuró a dar su aprobación en el seno de CARP en el año 2009 y dejó de lado la propuesta que había manejado nuestro país anteriormente, de un acuerdo sobre protección ambiental del río en base a los estudios de FREPLATA.
En el segundo caso, el proyecto fue considerado en seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en mayo de 2019. Aquí existe una diferencia de opiniones entre la Delegación Argentina y la Delegación Uruguaya en la Comisión mientras que la primera considera que hubo una aprobación tácita del proyecto (de acuerdo al artículo 19 del Tratado), la segunda sostiene que nuestro país no expresó su consentimiento ni expresa ni tácitamente. Lo que nos enfrenta a una situación poco feliz.
Es justo reconocer, por si ello fuera necesario, que las dos situaciones son el resultado de decisiones tomadas en el pasado y heredadas por este gobierno.
Pero, las relaciones internacionales son procesos de largo plazo y los gobiernos pasan, pero los Estados quedan.
Igual sucede con las consecuencias de sus acciones y omisiones.