El 17 de agosto de 1989 a 20 kms. de Bogotá fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato liberal a la presidencia de Colombia. Lo mataron frente a las 10.000 personas a las que iba a hablar.

Tenía una intención de voto de un 60% e iba camino a alcanzar la presidencia. Lo mataron los narcotraficantes. Representaba la peor amenaza. Proponía "liberalizar la producción y venta de droga". Se había dado cuenta de que el costo de la lucha contra el flagelo era enorme y el resultado, cada vez más incierto.

La reacción del gobierno a este asesinato fue redoblar la lucha y se permitió la extradición de ciertos detenidos a Estados Unidos. Subió el fragor de la guerra contra el narcotráfico y en tándem, contra la guerrilla marxista. Esta lo apadrinaba y con frecuencia se confundía con ellos, ya que muchos de sus objetivos, a corto y mediano plazo, les eran comunes. La guerrilla protegía la producción y el transporte y los narcos pagaban.

El negocio era muy rentable para los narcos mientras que el país transitaba por una pesadilla de secuestros, asesinatos y explosiones. Muchos abandonaron sus haciendas, la inseguridad era tremenda. Cientos de miles no aguantaron vivir así y emigraron. Cayó la inversión, aumentó la miseria.

El pueblo colombiano finalmente eligió a Álvaro Uribe, (y lo ha vuelto a hacer en las legislativas) un cruzado que libró una guerra sin cuartel contra ellos, durante la cual cayeron muertos o presos cientos de narcotraficantes y guerrilleros y se redujeron amplias zonas geográficas que estaban bajo su dominio. Por su parte los narcos y los guerrilleros mataron y secuestraron a centenares de jueces y fiscales, a ministros, gobernadores, legisladores, alcaldes, empresarios, periodistas, miles de militares, policías y testigos incómodos. Además provocaron millones de desplazados. Un costo humano terrible, en vidas y sufrimiento, heridos, lisiados, huérfanos y desterrados.

Al terminar el gobierno de Uribe la batalla contra la guerrilla y los narcos parecía estar mayormente ganada. La producción de estupefacientes se estaba desplazando, por lo menos parcialmente a México, más cerca del lugar de consumo y donde el adversario era menos aguerrido. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —la guerrilla marxista más importante en ese país— comenzó entonces a negociar con Santos, el nuevo presidente. La guerra había sido durísima para ambas partes. Sin la financiación y apoyo de los narcos, para los sediciosos era otro el cantar.

Cabe la siguiente reflexión: si los narcóticos en vez de estar en manos de personajes como Pablo Escobar estuvieran en las de empresas farmacéuticas de primer nivel (todo legal y supervisado) se ahorraría mucha violencia. Si una persona adulta quiere tomarse media botella de whisky ¿se lo prohíbe el gobierno? ¿Por qué debe ser distinto con la droga y gastarse tanto dinero en un combate sin resultados contundentes?

El mismo criterio que se aplica a los cigarrillos debería aplicarse a la droga mientras no se moleste al prójimo, siendo esencial advertir a la población de los peligros de esa actividad malsana. Al tiempo que es fundamental educar.

No como se ha hecho aquí con el experimento de Mujica, el Frente Amplio y la marihuana, donde ha ocurrido lo contrario. La percepción del daño se minimizó y hasta se fomentó de distintas formas, premeditadas o no, el uso del cannabis. En Uruguay no podemos hacernos los distraídos porque el delito, subproducto de esta actividad, nos amenaza cada día. Titulares como: "Conmoción en Minas por choque mortal entre dos bandas rivales" (20 /2/2018), el reciente niño baleado, las muertes "por ajustes de cuentas", Bonomi dixit, demuestran que las autoridades están superadas o bajo el dominio del narcotráfico.

El tema es qué hacer.

Permitir el consumo de marihuana iba en el camino correcto, pero desgraciadamente, la segunda parte de esta iniciativa, la campaña de disuasión de su consumo, no ocurrió como debía. Holanda y Portugal, ciertos estados norteamericanos, han liberalizado el consumo de drogas parcialmente, pero el gran problema es que a nivel mundial, y eso es imprescindible, no hay consenso sobre cómo encarar el tema.

Cada cargamento que decomisa la aduana o encuentra la policía, repercute en la suba del precio. Los adictos ricos lo podrán pagar pero no así los de pocos recursos, quienes roban para poder drogarse y rapiñarán y matarán en mayor medida, a más inocentes. Lo mejor es que la droga se produzca en laboratorios de primer nivel, su precio se abarate y como en los paquetes de cigarrillos, los envoltorios alerten a los consumidores sobre su peligro. Justamente, lo que hoy no sucede en nuestro país con la marihuana.

En las antípodas está Singapur donde la prohibición funciona admirablemente porque el castigo es nada menos que la pena de muerte, que se aplica a rajatabla. En China es semejante. Son los propios familiares quienes deben pagar por la bala. A su vez, en los sitios en que la justicia está atemorizada, es más blanda, más lenta, más o menos corrupta, el narcotráfico florece. Las ganancias son enormes y la codicia y el miedo predominan.

Después de la primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos se prohibió el alcohol. El resultado fue que la gente siguió bebiendo y quienes se beneficiaron con esta medida no fueron Möet Chandon, Johnnie Walker o el fisco, sino los gánsteres, los contrabandistas y los productores locales que con frecuencia destilaban bebidas altamente tóxicas. En los años de la "Ley Seca" se desarrolló una red criminal que nunca se pudo eliminar del todo, que corrompió a jueces, intendentes, legisladores ypolicías. Cuando se derogó esa ley, no aumentó en general el consumo y el Estado por su parte, pudo recaudar impuestos y exigir de los productores un nivel de calidad, a fin de que beber en cantidades razonables no hiciera daño.

Entre nosotros podemos pensar que lo de Colombia y México son casos extremos y lejanos que no nos afectan ni sufriremos consecuencias similares; sin embargo, el mal se esparce por toda la región. Imitar a Singapur no es lo nuestro y el camino del medio no funciona. La opción no parece ser otra que educar, permitir y curar. Pero no empezar por lo segundo, como se ha hecho en nuestro territorio.