La batalla

El Dr. Eduardo Lust, catedrático de Derecho Constitucional, tras una actuación pasada como legislador, tiene una tribuna republicana en “streaming” (Internet). Igual que otros compatriotas jugados por la causa democrática.

En su prédica recuerda el jurista que en nuestro orden constitucional el Presidente ejerce dos funciones principales. Una es como jefe de estado. Representa al país, por ejemplo ante estados extranjeros y situaciones afines. La otra es como jefe de gobierno. Implica cumplir los cometidos del Poder Ejecutivo. Actuando en acuerdo con sus ministros individualmente o en un consejo de ministros con todos ellos. Orsi ha renunciado a esta función. Como consecuencia hay tres personas con actividad presidencial. Orsi reducido a jefe de estado, el “Pata” Sánchez un tupamaro encargado de la articulación política, y “la eminencia roja” al Dr. Jorge Díaz, afín al comunismo, con manipulación del área jurídica.

Subraya nos gobierna una entente socialista, que aspira a un estado dueño de la vida de los ciudadanos y de sus bienes. Y, que mintió en la etapa electoral. Ejemplo: dijo no iba a poner impuestos y no solo los está poniendo, sino que sus sectores más prominentes quieren apropiarse de 24.000 millones de dólares que pertenecen a los ciudadanos que han aportado y aportan a los fondos de pensión que administran las Afap. Mentiras como éstas explican el descrédito que las encuestas adjudican al actual gobierno en la opinión pública. Se comparte.

Cuando se restableció la democracia en 1985 el entonces senador herrerista Dardo Ortiz había viajado al exterior en misión oficial y entré personalmente al Directorio del Partido Nacional como su suplente. Presidía Wilson Ferreira Aldunate. Había precedido a la reapertura democrática el Pacto del Club Naval (1984). Con el nacionalismo ausente. Del que participaron decisivamente el Partido Colorado, el Frente Amplio y representantes de las fuerzas armadas. Estaba claro que así como allí se había acordado la amnistía y liberación generosa de tupamaros, comunistas y otros militantes de izquierda, ello implicaba -en nombre de las reconciliación nacional- que no habría juzgamiento de militares y policías que hubiesen participado en la lucha contra la subversión.

Era Presidente electo de la República el Dr. Julio María Sanguinetti. Era “vox populi” se iban a presentar denuncias y se sabía que el Comandante en Jefe del Ejército -Gral. Hugo Medina- no les iba a dar trámite. Implicaba técnicamente un nuevo golpe de estado en una democracia que empezaba a reconstruirse. Recuerdo que Wilson en el Directorio entonces de forma casi textual expresó: “Debo decirles que tenemos por delante una batalla de opinión pública”. Refería a lo que sería la sanción de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, iniciativa nacionalista que cerraba en nombre de la reconciliación nacional a posibles reclamaciones por los conceptos citados. La ley ha sido desconocida en la práctica por tupamaros y comunistas, y por algunos fiscales y jueces. E, incluso, se ha hecho letra muerta de dos plebiscitos en los que consultado el pueblo para su derogación se pronunció por la vigencia de la ley.

La batalla de opinión pública a que aludía Wilson en el Directorio se ganó. No obstante el estado de derecho está atacado desde el gobierno. La batalla se renueva.