Inseguridad sine ira et studio

Se hace muy difícil reflexionar sin pasión sobre la evolución de la inseguridad por dos motivos. Primero, porque fue uno de los temas responsables de la alternancia en el poder de 2019, por lo que siempre va a ser escudriñado con ojos interesados y electorales. Segundo, porque exige tener en cuenta diversos problemas a la vez y sincerarnos sobre nuestra fractura social de largo plazo.

El protagonismo electoral de la inseguridad es tal, que ni siquiera logramos ponernos de acuerdo sobre lo que efectivamente está pasando. La oposición frenteamplista y sus operadores universitarios y periodísticos insisten con que estamos peor hoy que en 2019. Para ello, con ademán kirchnerista, la emprenden contra las estadísticas de manera de deslegitimar los datos oficiales que permiten hacerse una visión general sobre la inseguridad. Empero, si razonamos sine ira et studio, no hay nada que deje pensar que esas estadísticas estén peor hechas hoy que hace 5, 8 o 15 años: es la herramienta que existe. Perfectible sí, pero honesta y útil.

Los resultados muestran inapelablemente dos cosas. Primero, que hubo un quiebre en la tendencia al alza de los delitos, que llevaba varios lustros. Segundo, que la baja parece haberse estancado en niveles similares a los de 2017-2018; sin lograr, ni cerca, una baja que nos sitúe en guarismos previos a los del Frente Amplio en el poder. Para el caso de las rapiñas: estamos en el eje de las 24.000 al año, lejos del pico de más de 30.000 de 2019, pero lejos también de las 8.000 de 2005.

Hay al menos tres realidades disimuladas tras esos datos. Primero, la mayor represión policial -medida en más operativos, mayor incautación de drogas que antes, y más cantidad de presos, por ejemplo- no permitió bajar radicalmente la inseguridad. Segundo, se mantiene en el largo plazo la regionalización de esa inseguridad: hoy como hace años, sigue siendo mucho más seguro vivir en Pocitos que en Casavalle, por ejemplo. Tercero, las características de los homicidios también muestran un quiebre social: algunos barrios de Montevideo están muy sobrerrepresentados, y casi la mitad ocurren por conflictos entre grupos criminales.

La radiografía de la inseguridad nos ilustra sobre nuestra profunda fractura social, que puede describirse con otros datos, como la homogeneización de barrios en función de ingresos de los hogares; el origen social y nivel educativo de la población carcelaria; o las diferencias de resultados escolares por barrios y liceos públicos o privados. Además, a esta fractura se suma ahora la constatación de que hay salvajes grupos criminales brasileros que ya actúan en Uruguay -el comparativamente alto índice de homicidios de Rivera ya era un indicio muy fuerte-; y la acumulación de amenazas de narcotraficantes a fiscales y a periodistas.

El ministro Heber planteó al sistema político consensuar medidas para enfrentar todo esto. No lo logró: el Frente Amplio y Cabildo Abierto discreparon. Así las cosas, será la próxima campaña electoral la que tendrá que hacer que el país tome consciencia sobre la enorme gravedad del problema que enfrentamos. Suena fuerte, pero hay que decirlo: estamos entrando en una guerra civil por la supervivencia nacional. No lo ve quien no quiere verlo.