Hebert Gatto
Hebert Gatto

El Uruguay sindical

No es la tormenta perfecta, pero no dudo que muchos quisieran que lo fuera, enlazando paros en el corazón de la economía nacional, en el puerto, en los frigoríficos, en el transporte de carga, en las empresas productivas del Estado.

Después de más de 48 años, la Federación Ancap, en términos relativos, un pequeño gremio de estatales, cierra la planta de La Teja, la única refinería con que cuenta el país. Lo hace por sí y ante sí, prácticamente sin previo aviso y principalmente como oposición a la eventual asociación de Ancap con terceros para producir cemento. Una muestra más de la pérdida de objetivos que desde hace años exhibe el movimiento sindical uruguayo, cegado por un ideologismo anacrónico que lo separa de los esfuerzos para desarrollar el país.

Su despiste, su carencia absoluta de noción sobre el rol de los gremios en la democracia liberal, lo expresa sin ambages el propio secretario de Fancap cuando interrogado sobre las razones de mantener en manos puramente estatales una actividad que desde hace años genera pérdidas, contesta: hay que construir en el país más de cincuenta mil viviendas, si eso -tal como proponemos se hace-, se habrá generado una demanda que justificará invertir para mantener la actividad cementera en manos del estado.

No se trata aquí de evaluar la calidad de esa propuesta. Quizás más lógico sea invertir cien millones directamente en viviendas, en lugar de tomar riesgos y adquirir el cemento en plaza, para luego construir. Pero el punto neurálgico no es ése.

La pregunta central, que se aplica a ésta y a otras propuestas sindicales similares es: ¡quién le ha dicho a los gremios que su función es sustituir al gobierno central, regularmente designado, indicándole cuáles, en qué momento y a qué costo, debe elegir sus objetivos de gobierno! ¿Quién le ha otorgado legitimidad para elegir planes de gobierno que integran la competencia del estado y del gobierno de turno y realizar paros y huelgas en caso que no se los obedezca? ¿De dónde sacan los sindicatos, cuyo objetivo es la defensa de los trabajadores, que pueden suplantar a los partidos políticos y a las decisiones ciudadanas atingentes al país en su conjunto, mediante medidas de fuerza?

No se trata que se les prohíba opinar, formular planes y darlos a conocer. No es su competencia específica, pero, si apelan a razones públicas, pueden hacerlo, como cualquier otra organización informal surgida en la sociedad.

Lo que les está vedado, porque atenta contra la institucionalidad es pretender forzar sus propuestas forzando su aprobación con violencia. Como tampoco pueden utilizarla los partidos políticos pese a que ellos, por definición prohijan los intereses generales de la nación. De esta confusión de roles emerge encubierto un modelo social al que el Frente Amplio y por ende la central sindical, apela cada vez con mayor fuerza, en tanto sus viejos proyectos revolucionarios devienen obsoletos.

Me refiero a la sociedad corporativa o neocorporativa, donde la representación política pierde su relevancia al igual que lo hacen las mayorías ciudadanas y el gobierno es desempeñado por delegaciones sociales mayoritarias en las áreas principales, junto a una sociedad civil partidizada, que en los hechos sustituye a los desmerecidos partidos políticos. Todo con olor a populismo.

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