Tema recurrente o, más bien, rebelde. Tema muy discutido y parece que nunca resuelto. Al menos no del todo, o del gusto de todos.
Por casa, ahora que se acercan las elecciones, vuelve a aparecer.
No es tema fácil.
En definitiva, los objetivos básicos son dos: 1.- Evitar la corrupción (o, por lo menos, reducir las tentaciones) y, 2.- Evitar que la disponibilidad de dinero distorsione la libertad de elección, (un poco lo que ocurre en los EEUU donde la plata juega un rol tan gravitante que los candidatos hacen gala de sus “war chests”, para demostrar que son ganadores).
Adelanto que, en mi opinión, el sistema uruguayo no está del todo mal. El aporte que hace el Estado es gravitante -si bien no necesariamente parejo- para todos los actores, lo que reduce la necesidad de andar mangueando. No la elimina, pero sí la reduce y con ello las presiones de prometer para obtener, (que tampoco es “tirar y sacar”, como muchos creen).
El criterio popular no está de acuerdo conmigo. Lo típico es la queja: “¿por qué tengo yo que estar bancando a los políticos?” Pero es un simplismo. Para empezar, el grueso de la plata que se obtiene en las campañas electorales no va a los bolsillos de los políticos sino de terceros (agencias de publicidad, medios de comunicación, empresas de propaganda... etc.) Pero, además, lo que en definitiva se está financiando es uno de los pilares de la Democracia: la elección de gobernantes. Si los políticos no nos gustan, el asunto pasa por otro lado.
¿Podría mejorarse este sistema? Capaz que sí (ojo, que también es posible toquetearlo para peor).
Aquí van algunas sugerencias en el primer sentido. Que también pueden cumplir la función de ir al encuentro y atajar aquello de, “algo hay que hacer”, fórmula peligrosa si las hay.
Sugerencias:
1.- Buscar mecanismos para acortar las campañas electorales. Es algo que beneficia en primer lugar a partidos y candidatos. Lo difícil es evitar que alguno largue por debajo de las cintas. Una forma de acotarlo podría ser imponer por ley a los “motores” (agencias, medios, etc.) que solo puedan cobrar por sus servicios dentro de los, por ej., noventa días anteriores a la elección. Toda aparición de un candidato o partido anterior a ese lapso tendría que ser gratuita. Para asegurar la efectividad de la medida, se puede exigir a los referidos actores que presenten una liquidación, bajo forma de declaración jurada, de sus relaciones comerciales con candidatos, parti- dos, centros de estudios vinculados, etcétera.
2.- Que el Estado financie a cada lema inscripto para una elección, una aparición en medios, tipo conferencia de prensa, todas de igual extensión y en períodos de igual relevancia, con la finalidad de presentar a sus candidatos y programas. Eso puede repetirse para el balotaje. Es algo útil, a diferencia de la mayoría de la publicidad electoral.
3.- Prohibir publicidad en vía pública, incluyendo muros de edificios públicos y privados, a excepción de locales partidarios.
La crítica clásica a este tipo de medida era que coartaría las únicas posibilidades de darse a conocer que tienen las candidaturas y agrupaciones de bajos recursos, lo cual es un poco cierto. En su contra vale argumentar que el daño causado por carteles y pintarrajeadas es muy grande y su efectividad electoral relativa, amén de que ahora, con el desarrollo de las redes, la propaganda electoral se ha abaratado enormemente.
4.- Ser muy preciso y muy estricto en las exigencias a los partidos de llevar contabilidad suficiente.
5.- Confiar la supervisión contable de los partidos al Tribunal de Cuentas.
No creo mucho en fijar normas que topeen los aportes a los partidos. La experiencia demuestra que son contornables con relativa facilidad y en el fondo, lo mejor no es prohibir, sino transparentar.
En fin, todo esto no configura un sistema perfecto que asegure cien por ciento las metas antes señaladas, pero creo que puede prevenir excesos razonablemente, sin pasarnos al extremo de coartar libertades políticas fundamentales al ejercicio de la Democracia. Mejoraría un sistema que, reitero, es imperfecto pero no malo.