El INAU y el uso político

En mi calidad de expresidente del INAU -cargo al que ingresé en diciembre de 2023- participé en distintas instancias parlamentarias. Una de las más significativas fue la interpelación al ministro de Desarrollo Social y al Directorio del organismo en 2024, en pleno año electoral.

El eje de aquella interpelación fue el funcionamiento del Sistema de Protección Especial de 24 horas del INAU y el fallecimiento de una adolescente ingresada al sistema. La joven permaneció entre julio de 2023 y marzo de 2024 en el Hogar Femenino de Rivera. Durante 2023, mientras residía en el Centro, registró 17 salidas no autorizadas: ausencias no consentidas del lugar de residencia. En una de esas salidas denunció abuso sexual, lo que dio intervención a la Dirección de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas y al juzgado competente, y en diciembre de 2023 se confirmó un embarazo de 13 a 14 semanas. El 21 de marzo de 2024 la Justicia dispuso su egreso del sistema del INAU y la tenencia provisoria a su madre, con seguimiento institucional, y el 1.º de mayo fue hospitalizada por una complicación obstétrica, sometida a una cesárea de emergencia, falleció el 8 de mayo.

Más allá de la singularidad y gravedad del caso, lo subyacente remite a problemas estructurales que el INAU arrastra desde hace décadas y que todos los actores políticos conocen. Ese fue el eje que intenté introducir en la discusión: un sistema de protección con fallas reiteradas, diagnósticos acumulados y reformas sistemáticamente postergadas. Sin identificar y abordar esas causas estructurales, no hay posibilidad real de soluciones eficaces.

Sin embargo, ese no fue el terreno en el que se desarrolló la interpelación. La lógica que terminó imponiéndose no fue la de la comprensión ni la corrección de fallas, sino la de la rentabilidad política inmediata. El formato parlamentario fue utilizado para producir impacto mediático y el INAU quedó reducido a insumo de una estrategia coyuntural. No fue una deriva accidental, sino una consecuencia previsible del contexto electoral.

Conviene recordar qué cabe esperar de una interpelación concebida desde su estándar teórico: un mecanismo de control político orientado a obtener información relevante, someter decisiones a escrutinio, identificar responsabilidades institucionales y, eventualmente, corregir rumbos. En año electoral, el dolor social corre el riesgo de convertirse en recurso discursivo. La indignación se transforma en capital político y la complejidad institucional, en un obstáculo narrativo.

Cuando el Frente Amplio dejó el gobierno en 2020, muchos de esos problemas -relativizados durante sus propias gestiones- reaparecieron como escándalo público. La denuncia fue intensa, pero selectiva, y no vino acompañada de una revisión crítica del pasado ni del reconocimiento de responsabilidades acumuladas.

Hoy, quienes entonces interpelaron ejercen responsabilidades directas de gobierno. El INAU atraviesa una situación crítica y los problemas que ayer se denunciaban no solo persisten, sino que se han profundizado. Este dato no es partidario. Es institucional.

Ante ese escenario, ya no alcanza con señalar ni con explicar. Gobernar implica hacerse cargo de aquello que antes se denunciaba. Implica, además, reforzar una visión sistémica, intersectorial e interinstitucional de la protección. Porque los adolescentes que hoy transitan el INAU fueron los niños de ayer. Y es allí donde comienza, casi siempre, la historia de quienes terminan bajo la tutela del Estado.