El corazón del problema

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de jerarquizar la formación docente. Pero poco se habla de lo que en realidad está en juego cuando se propone crear una nueva Universidad de la Educación. Más allá del discurso de calidad y justicia, lo que se discute de fondo es algo menos pedagógico y mucho más político: quién gobierna la institución y con qué reglas.

Durante más de quince años, el Frente Amplio y los sindicatos docentes han impulsado la creación de una universidad pedagógica con un modelo de gobierno basado en el cogobierno universitario. Es decir, una estructura donde los docentes, estudiantes y egresados eligen sus autoridades internas, definen los planes de estudio y ejercen el control casi exclusivo de la vida académica. No es casualidad que el modelo propuesto sea una copia del régimen estatutario de la Universidad de la República, consagrado en una ley orgánica de 1958. Así como lo lee: ¡hace más de seis décadas!

Este modelo, que puede haber tenido sentido en el contexto de mediados del siglo XX, hoy presenta graves problemas de eficiencia, representatividad y modernización. En la Universidad de la República, el cogobierno ha derivado muchas veces en parálisis institucional, falta de innovación curricular, captura de decisiones por grupos de interés internos y resistencia a todo mecanismo de evaluación externa. Los mismos sectores que ahora impulsan una Universidad de la Educación buscan replicar ese sistema sin cuestionarlo, sin adaptarlo, sin aprender de sus límites y mejorarlo.

Lo grave es que, bajo este modelo, la gobernanza académica termina subordinada a lógicas gremiales. Los claustros se convierten en arenas de disputa política, las autoridades responden más a los equilibrios internos que a criterios de mérito o liderazgo, y las prioridades institucionales se definen en función de intereses corporativos más que de las necesidades del país o de los estudiantes. Por eso vale la pena preguntarse: ¿qué tipo de universidad necesita hoy Uruguay? ¿Una institución pensada para formar mejor a nuestros futuros docentes o una estructura diseñada para distribuir poder entre grupos ya organizados? ¿Una universidad abierta al diálogo con el resto del sistema terciario, o una entidad blindada, autosuficiente, sin controles reales ni rendición de cuentas?

La experiencia reciente ofrece otro camino. La Universidad Tecnológica (UTEC), creada en 2012 y reformada por ley en 2020, adoptó un modelo distinto: con un consejo directivo profesionalizado, autoridades designadas por criterios de idoneidad, representación del sistema productivo y una gobernanza moderna que combina participación con eficiencia. La UTEC no se diseñó para replicar el cogobierno tradicional, sino para ser una universidad pública actual, conectada con las necesidades de las localidades y con estándares de gestión más exigentes. Y los resultados están a la vista.

El contraste entre ambos modelos es evidente. Mientras la UTEC ha logrado establecer vínculos con sectores productivos, desarrollar carreras innovadoras y crecer en todo el país, el cogobierno universitario ha seguido atrapado en debates internos, elecciones interminables y una burocracia que muchas veces ahoga cualquier intento de cambio. No es casualidad que quienes hoy rechazan la reforma de la educación también se opongan a revisar el cogobierno. Son parte del mismo núcleo duro que ve en la institucionalidad educativa un espacio de poder, no de mejora.

Pero hay algo aún más importante: los futuros maestros y profesores uruguayos merecen una formación moderna, rigurosa y abierta al mundo, no una universidad cerrada sobre sí misma. Necesitan autoridades académicas que lideren por mérito, no por votos gremiales. Necesitan instituciones evaluadas con criterios objetivos, comparables internacionalmente, no protegidas por lógicas internas. Necesitan, en definitiva, una gobernanza al servicio del aprendizaje y la calidad, no del statu quo.

En los debates parlamentarios, cada vez que se intenta introducir alguna modificación a este esquema, la respuesta es la misma: “Los docentes deben autogobernarse porque solo ellos entienden la educación.” Esa frase, repetida hasta el cansancio, parece más un acto de fe que un argumento. Entender la educación no implica excluir otras voces, ni negarse a rendir cuentas. Gobernar no es lo mismo que autogobernarse sin límites.

Uruguay necesita universidades públicas fuertes, sí, pero también modernas, eficientes y responsables. Crear una nueva universidad bajo las viejas reglas del cogobierno no es avanzar, es repetir errores. No se trata de negar la participación, sino de equilibrar con mecanismos de control, transparencia y evaluación externa. No se trata de excluir a los docentes, sino de sumar otras miradas: del sistema universitario nacional, de los estudiantes, de la comunidad educativa, del mundo científico.

Si lo que se busca es jerarquizar la profesión docente, entonces hay que empezar por construir instituciones con estándares medibles y transparentes. Y eso requiere revisar en serio cómo se gobiernan, cómo se rinden cuentas, y cómo se asegura que respondan al interés público, no a estructuras corporativas.

En la educación, como en la democracia, la gobernanza importa. Y mucho.