Docentes sin universidad

Pocas discusiones educativas en Uruguay han sido tan prolongadas, ideologizadas y políticamente manipuladas como la creación de una universidad específica para la formación docente. Desde hace más de una década, el Frente Amplio y los sindicatos del sector han insistido en que solo una nueva institución puede jerarquizar la profesión y otorgar el tan mentado “estatus universitario” a maestras, maestros y profesores.

Pero esta narrativa elude un hecho clave: Uruguay ya cuenta con docentes universitarios. Ya existen mecanismos de acreditación profesional, modernos, validados internacionalmente, que certifican con rigor la calidad del ejercicio docente. Lo que realmente está en juego no es la formación, sino el control de la estructura institucional y la gestión del sistema.

Desde 2023, gracias al Sistema Docente Acreditado impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura, con diseño técnico del Ineed y validación internacional del Icfes (Colombia), los docentes titulados en institutos públicos pueden acceder al reconocimiento universitario mediante evaluaciones objetivas de sus competencias. Esto equipara su formación con cualquier otra carrera universitaria del país. El cambio ya está en marcha -aunque algunos prefieren ignorarlo para mantener vivo un conflicto que ya no tiene sustento académico ni técnico.

Este programa permitió a docentes de inicial, primaria y media, acceder a un reconocimiento universitario a través de evaluaciones objetivas de sus competencias profesionales reales. Se trata de la mayor reforma de acreditación docente implementada en el país, con una escala inédita: 5.144 docentes inscriptos, 3.700 que rindieron las pruebas, y más de 2.300 que aprobaron todos los módulos y obtuvieron el reconocimiento universitario licenciados en Pedagogía.

Este camino, basado en mérito profesional, rigurosidad evaluativa y validación externa, constituye el verdadero proceso de profesionalización universitaria de la carrera docente uruguaya.

¿Qué se evalúa? No se trata de validar trayectorias administrativas. El sistema Docente Acreditado exige demostrar dominio profesional del ejercicio docente moderno: comprensión lectora, producción escrita, matemática y estadística aplicada, competencias digitales, disciplinares y una evaluación en educación inclusiva. Es el nivel de exigencia profesional que demanda una enseñanza de calidad. No alcanza con “haber ejercido” para recibir un título universitario: hay que demostrar conocimientos, habilidades cognitivas y actualización disciplinar.

Contra los prejuicios que algunos gremios intentaron instalar, los resultados son contundentes: 62,7% de los participantes aprobó la totalidad de las competencias requeridas. Existe una masa crítica de docentes capaces de validar su formación profesional en clave universitaria bajo exigencias objetivas.

¿Qué discute realmente el Frente Amplio?

La evidencia es clara: Uruguay ya cuenta con un sistema de acreditación universitaria que funciona y miles de docentes tienen reconocimiento profesional. Entonces, ¿por qué insistir en una nueva universidad?

La respuesta no es pedagógica, sino política. Lo que está en juego no es la calidad de la formación, sino el control institucional. El proyecto busca replicar el viejo modelo corporativo de cogobierno gremial: autoridades elegidas internamente, currículos dominados por sectores sindicales y evaluaciones controladas por quienes gestionan la institución.

Por eso, en los debates parlamentarios, hemos escuchado reiteradamente frases como: “Los docentes deben tener su propia universidad, con sus propias reglas, porque nadie entiende la educación mejor que los educadores”. El argumento es conocido: los mismos que forman evalúan, los mismos que evalúan gobiernan, y los mismos que gobiernan distribuyen los cargos. Eso no es jerarquización profesional, es captura institucional.

El verdadero desafío no es crear una nueva universidad, sino consolidar la profesionalización que ya está en marcha.

Uruguay necesita ampliar el programa Docente Acreditado, fortalecer la formación continua y abrir posgrados de calidad, integrando a los docentes en redes universitarias de investigación. No hace falta un nuevo logo institucional, sino voluntad política y honestidad intelectual.

El proyecto del Frente Amplio no es una reforma educativa, sino una reforma de poder. Y ese desvío es precisamente lo que el país debe evitar.