Uno de los grandes temas de la última campaña fue la discusión sobre las diferencias reales entre ambas coaliciones que competían en noviembre. Si Orsi y Delgado, si sus proyectos políticos eran realmente opuestos. De hecho, no pocos llegaron a sostener que no cambiaba nada de acuerdo a quien ganara. Apenas esta semana tuvimos dos ejemplos bien claros de que eso no era así. O tres, si nos vamos al comunicado del Frente Amplio sobre Gaza, llamando a la gente a “promover acciones” en rechazo a Israel en momentos en que cunden actos de antisemitismo criminal en muchos lados. ¿Se va a hacer responsable el FA si ocurre un nuevo “caso Fremd? Pero mejor no ir por ese camino... ahora.

Tal vez el ejemplo menos relevante para la vida diaria de la gente, pero el más profundo en lo filosófico, fue el anuncio de la profundización de la guerra al tabaco. Con gran pompa, el presidente y la ministra de Salud salieron a los medios a decir que el país volvía a la senda del bien al derogar dos decretos de la gestión Lacalle Pou que flexibilizaban la venta de tabaco. Además, se reforzó la prohibición del popular “vapeo”.

La ministra quedó tan feliz que después publicó en sus redes mensajes de felicitación de alguna corporación que vive de estas campañas, y el bienpensantismo se palmeó la espalda con gesto de deber cumplido. ¡Por vos, Tabaré!

La realidad es que nada va a cambiar en el país por eso. El vapeo seguirá siendo parte de la vida cotidiana de miles de uruguayos, ya que de hecho toda su comercialización ya era ilegal. Eso no evita que cada vez se vea más por todos lados. Y los vendedores de tabaco local, perderán un porcentaje un poco mayor del mercado a manos del contrabando.

Pero en lo filosófico, en lo simbólico, se trata de un cambio radical. Se vuelve a tomar el camino del estado paternal que se atribuye el derecho de decirle a la gente lo que puede o no hacer con su vida, como si el ciudadano, ese que elige a presidentes y legisladores cada 5 años, fuera un incapaz que requiere tutela de un burócrata. Del mismo burócrata que en un país como Uruguay no puede siquiera asegurar un plato de comida diario a la gente necesitada, pero se cree con derecho a regular lo que hace una persona con su propio cuerpo.

Por lo visto, ese maléfico color distinto en la caja de cigarros anula la capacidad de razonar de la persona. ¿La libertad responsable? Si nos vimos, no me acuerdo.

El segundo ejemplo es la decisión de revocar otro decreto del gobierno pasado que concedía una habilitación definitiva a las universidades privadas, que desde hace casi 40 años funcionan en el país con un esquema precario. Esto es relevante a dos puntas.

Primero, porque fue tomado por el Ministerio de Educación, que se supone está en manos de los sectores “moderados” del Frente Amplio, lo cual es toda una declaración de principios.

Segundo, porque desconociendo un hecho de la absoluta realidad, que es que las universidades privadas existen, que allí estudian miles de jóvenes, y se han convertido en un factor clave para la formación de calidad (además de ahorro de dinero público), se vuelve por el camino del absolutismo del estado por sobre la persona.

¿Con qué derecho un funcionario público puede decirle a alguien dónde puede estudiar o enseñar? ¿En qué cabeza cabe que la existencia de una institución educativa puede ser negativo? ¿Cómo puede ser que una institución estatal como la UdelaR, tenga opinión sobre la existencia de centros que son entes testigos claves sobre su desempeño? Esta semana se vio a varios felicitarse porque la UdelaR había entrado en el lugar 999 de universidades del continente en algún ranking. Jamás lo hubieran hecho, de no ser por la “competencia” privada.

Pero hay algo más. La UdelaR se ha ido convertido en los últimos años, en especial en facultades como Comunicación, Ciencias Sociales y otras, en reductos de una minoría ideológica que se apropia de los bienes públicos y expulsa a quien no piensa como ellos. El hecho de que esa gente se sienta empoderada por el actual gobierno para potenciar su ofensiva contra los pocos lugares donde se habilita la existencia de un discurso diferente, muestra el tipo de sociedad a la que aspiran.

La realidad es que estas medidas son consecuentes con una forma de ver el mundo. Una que desconfía de las personas, de su capacidad para decidir lo que es mejor para ellos, y hacerse responsables de su propia vida. Y en aras de un comunitarismo radical, cree que la sociedad humana debería funcionar como un hormiguero. Pero hay en Uruguay un sector muy importante de la población (probablemente mayoritario) que no piensa así, y se tiene fe para hacer las cosas a su manera. De hacerse cargo de su vida, sin pedir permiso, ni perdón.

¿Será que era tan difícil, tan poco civilizado, mostrar esta diferencia hoy tan evidente, en la última campaña electoral?