Hay un tema que desde hace tiempo viene dando vueltas, incomoda, genera controversias, no se entiende bien qué pasa. Me refiero a la Fiscalía de Corte. Desde hace años surgen líos, choques, disconformidades de unos fiscales con otros y, por supuesto, un pésimo liderazgo por parte de quien debe mantener las cosas encaminadas. La gestión de Jorge Díaz no fue serena y sabia, siempre dio que hablar. Claramente había entre los fiscales formas diferentes, casi opuestas, de manejar los casos. Diferencias que poco tenían que ver con la independencia técnica de cada fiscal, sino más bien con lo ideológico o, para no hacerlo parecer tan tremendo, diferencias entres quienes se alineaban en torno a cómo quería encarar las cosas el titular y quienes entendían que esa no era la forma de trabajar.

Al dejar su cargo y no haber acuerdo en el Senado para designar su sucesor, tomó su lugar un fiscal subrogante, Juan Gómez, quien debía durar hasta que el Senado finalmente alcanzara un arreglo. Esto lleva ya unos años, el tema sigue trancado en el Senado y Gómez cumplió sus funciones casi sin respiro, hasta que este mes debió ser internado por un quebranto de salud.

Cuando era un fiscal más, Gómez se destacó por manejarse con claro apego a la ley y con una sensatez que desarmaba a quien lo escuchaba. No parecía comprar las teorías extrañas en boga. Hacía lo que había que hacer.

Como suele ocurrir, a veces, quien se desempeña con solvencia en un cargo, no necesariamente lo hace de igual modo si lo cambian. Da la impresión que ese mundo complicado que es la Fiscalía desbordó a Gómez. Quizá la influencia de Díaz persista pese a que ya no está, así como tal vez influya alguna gente designada por Díaz (me apresuro a decir que no toda), que sigue operando desde adentro.

Más allá de cuál sea la simpatía política de Gómez, es cierto que un funcionamiento perverso lo desbordó: líos entre los fiscales, las filtraciones de conversaciones por WhatsApp, totalmente improcedentes, que además rara vez tenían que ver con el caso en cuestión, pero sí servían para enrarecer el clima.

Ahora, el lugar de Gómez lo ocupa la fiscal Mónica Ferrero en forma interina. O sea, el país hoy tiene una fiscal de Corte interina que tomó el lugar de un fiscal de Corte que ya era interino. Parece un poco excesivo.

¿No será hora de que el Senado se ponga la pilas y haga lo que es su deber hacer? El Frente Amplio no pretende mover un dedo. Su opción para fiscal sigue siendo Juan Gómez, aún enfermo e internado. Para que cubra el cargo, no hace falta hacer nada. En todo caso, impedir que se designe un fiscal definitivo por la vía que corresponde.

Si la Constitución prevé que la designación del fiscal se hace mediante una venia del Senado con mayoría especial, es porque está señalando que el fiscal no debe ser alguien próximo al gobierno de turno ni a un partido en particular. Obliga a que los partidos negocien y se pongan de acuerdo con el nombre de alguien que sea aceptable para todas las partes y no pertenezca a nadie en particular. Al contar con una mayoría especial, el fiscal tampoco le deberá su cargo a un único partido. Fue votado por todos.

Lo que está haciendo el Frente al decir que prefiere a Gómez como subrogante antes que a un titular designado, según lo que establecen las normas, es apropiarse del fiscal: que la Fiscalía sea un organismo conducido por alguien suyo y a su servicio.

Hace tiempo que la Fiscalía no se está comportando como un ejemplo de lo que debe ser un organismo del Estado serio, sobrio y eficiente. No es la primera vez que ocurre; a fines de los años 90, cuando el fiscal de Corte fue Óscar Peri Valdez, también su imagen se deterioró. Parecería ser que esa dinámica de internas calientes, de correveidiles, de unos que cuestionan a otros, es endémica en un organismo que tiene una responsabilidad enorme en lo que refiere a las garantías que otorga un Estado de Derecho.

Con su actitud, el Frente está avalando esos comportamientos y, a la vez, está siendo omiso en cumplir con una obligación que le corresponde.

Nadie dice que sea fácil lograr que el Frente Amplio y los partidos de la Coalición se pongan de acuerdo para consensuar un nombre para ese cargo. Exige trabajo, requiere investigar y repasar los currículums de posibles candidatos, implica discutir cuál sí y cuál no. Son horas de trabajo serio y profundo, donde lo importante es encontrar una persona que no será ideal para cada uno de los partidos, pero sí competente y aceptable para todos.

Da trabajo, pero no es una “misión imposible”. Si las cosas se procesan con método e inteligencia, con apertura de cabeza y respeto, esto debería resolverse en pocas semanas.

A los senadores se les paga para hacer su trabajo. Si optan por caer en chicanas y distorsionan el funcionamiento de instituciones cruciales en una democracia, están abusando de la paciencia del soberano. Están gravemente omisos.