Cizaña y trigo

Los uruguayos en el exterior pueden legalmente gestionar su pasaporte cuando están fuera del país. El marco legal para obtenerlo exigía cédula de identidad en buen estado y carecer de antecedentes judiciales en el país.

Regían el Dto. 129/14 y la ley 19.355, de 30/12/05 normas dictadas en el gobierno presidido por José Mujica. Al tiempo de procesarse el pasaporte de Sebastián Marset, oscuro personaje actualmente ascendido a la fama, de cumplirse los dos requisitos mencionados era obligatorio se le emitiese oficialmente el pasaporte, mientras residía en el exterior. El art. 75 de la ley 19.355, en su art. 75 rezaba -ade- más - que no se podían agregar requisitos para dar el pasaporte fuera de los que se han mencionado.

Este era el marco jurídico vigente cuando se dio el pasaporte a la persona mencionada que residía en el extranjero. Los ministerios vinculados al asunto -Relaciones Exteriores e Interior- en esta situación actuaron de acuerdo con la legalidad. Con posterioridad al hecho aludido se modificó la reglamentación exigiéndose ahora entre otras cosas -además- el carecer de antecedentes judiciales y requisitorias internacionales de otros países (Dto. 281/022). La modificación reafirma que en el régimen anterior los procedimientos que regían eran los que se aplicaron al mismo. En conclusión, la expedición del pasaporte a Marset estuvo sin dudas ajustada a derecho.

Más allá del procedimiento jurídico aplicable han trascendido desencuentros administrativos entre funcionarios vinculados al asunto que no hacen a lo principal. Se iniciaron -al parecer- con una comunicación de Guillermo Maciel, por esa época subsecretario del Ministerio del Interior, dirigida a Carolina Ache, entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, en la que le decía que Marset era un peligroso narcotraficante. Conversación que fue grabada clandestinamente y ahora hecha pública. Involucrando en la sucesión de ocurrencias posteriores al canciller Francisco Bustillo, que habría sugerido eliminar la cinta que contiene la charla citada. Las derivaciones notorias y sus derivaciones legales están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación. No cabe otro ámbito para buscar la verdad de lo ocurrido, en un país en que se ha distorsionado su tradicional reserva respecto a las investigaciones penales, con filtraciones judiciales y escándalos de prensa, que siembran cizaña y destruyen trayectorias fundadas en el grito de la Ámsterdam.

Al momento de escribir esta columna la prensa informa que con la presencia del presidente Lacalle fue inaugurado un moderno hospital en el Cerro, que incluye salas de cirugía de última generación; que una empresa vinculada a la producción de hidrógeno verde -Global HIF- ha sido elegida por Ancap para hacer una próxima inversión de 4.000 millones de dólares en el país; que el gobierno ha realizado una exitosa colocación de deuda pública en el mercado internacional con “bono verde” una obligación innovadora que se vincula a la ejecución de políticas adecuadas del estado nacional en relación con el cambio climático; y que Microsoft instalará en Uruguay un Laboratorio de Inteligencias Artificial y el Internet de las cosas que será el primero de la compañía en Latinoamérica y el tercero fuera de Estados Unidos. La Nación -por fortuna para el pueblo- es cosa distinta de un conventillo judicial.