Calumnia pulverizada

La empresa Katoen Natie y el Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP) son dueños de las acciones de Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP), con un 80% y un 20%, respectivamente. Los derechos para gestionar la única terminal especializada en contenedores del Puerto de Montevideo se adquirieron en remate público. Su contrapartida fue una inversión de 250 millones de dólares en obras.

Durante el gobierno del Frente Amplio (2005-2020) el MTOP y la ANP violaron la concesión citada al derivar la carga de contenedores a un muelle público no especializado, gestionado por la empresa Montecon S.A., un consorcio chileno-canadiense, integrante del grupo Nodus. Sin contrapartida alguna y con un alquiler reducido del muelle, pudo ofrecer precios bajos y una competencia desleal y ruinosa para TCP S.A.

Katoen Natie (TCP), anunció en 2019 promovería un arbitraje internacional contra Uruguay por 1.500 millones de dólares, siendo previsible terminaría con un laudo a su favor. El secretario presidencial Miguel Ángel Toma, al final de la segunda presidencia del Dr. Vázquez, comenzó a negociar bajo condiciones de confidencialidad y aconsejó en marzo 2020 al asumir la presidencia el Dr. Luis Lacalle Pou, buscar una transacción que evitara el arbitraje. El gobierno entrante así lo hizo. Se restauró la legalidad, obligándose la empresa belga a ejecutar inversiones y obras -ya en curso- por 600 millones de dólares, extendiéndose la concesión a 50 años. Se debe recordar que: 1- los senadores Mario Bergara y Charles Carrera (FA) hicieron una denuncia penal alegando había una “entrega de soberanía”, “abuso de poder”, etc. Dos veces, dos fiscales distintos ordenaron el archivo de las actuaciones por no encontrar delito en lo actuado.

2- Luis A. Heber, ministro del MTOP; Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia; Juan J. Olaizola, subsecretario del MTOP; y Juan Curbelo presidente de la ANP, al momento del acuerdo de prórroga, acusados directos de los senadores frentistas, vieron su honorabilidad definitivamente invicta.

3.- Si acuerdos como el mencionado fuesen “entrega de soberanía” todos los grandes puertos del mundo la han entregado, porque en todos existen soluciones similares a esta.

4.- Creer que una empresa como Katoen Natie, presente con jerarquía en logística portuaria en puertos importantes del orbe, vino a desprestigiarse al Uruguay solo cabe en cabezas delirantes.

5.- Restan acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contenciosa Administrativo, interpuestas por Montecon S.A. y el Frente Amplio. Hacen a determinar si los decretos dictados en la materia han violado a la Constitución o la Ley. Se recomienda leer “Estudios de Derecho Administrativo; La reforma portuaria (ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992) treinta años después”, 2022; en donde la opinión de 22 académicos y abogados especializados en la materia permiten concluir que lo actuado en este caso es ajustado a Derecho.

6.- Curiosamente en la relación de la Corte Electoral sobre la financiación de los partidos políticos, revista que el grupo Nodus (al que pertenece Montecon S.A.) fue el mayor aportante a la campaña del Frente Amplio en 2019, con 30.000 dólares (o sea $ 1.170.000).

Síntesis: calumnia pulverizada.