La adaptación a las redes sociales por parte de las estructuras de poder estatales hace que se cuestionen los límites de estas y de la libertad con la que los individuos pueden cuestionar al poder.

Con el cambio de gobierno, siempre se cuestionan interrogantes entorno a la libertad de expresión, más cuando existen ciertas alertas. Hace unos días en la red social X (ex-Twitter) a la senadora electa por el MPP Bettiana Díaz, se le realizó una crítica porque su posteo en Instagram (link TV show) recordaba a la “Nueva Política” de Andrés Ojeda. A raíz de esto la senadora electa realizó un escrache al usuario que la criticó y se encendió la polémica. Esto es un disparador para analizar cómo se relacionará el nuevo gobierno de Orsi, con relación a los ciudadanos y la libertad de expresión.

Este modus operandi (otrora criticado por el FA a la senadora Bianchi) implica un avasallamiento del poder político ante el libre ejercicio de la libertad de expresión en redes. Más si tomamos en cuenta que muchas veces ocurre cuando esa presión se ejerce cuando se hace uso del derecho consagrado en la Constitución.

Cuando se toma en cuenta el hecho de la postura de ciertos integrantes del Frente Amplio en el interés que el Estado mediante sus elementos coercitivos intervenga activamente en las redes sociales, alegando que parte de nuestra vida se encuentra ahí y que generamos opinión pública. Estamos de acuerdo que es necesaria la intervención para perseguir actividades delictivas, pero es preciso observar en la forma en que ésta se diseña y ejecuta. Tienen que respetarse los derechos consagrados en la Constitución. No sería la primera vez que una pésima técnica legislativa tenga como consecuencia la violación de derechos y esas malas leyes se arrastren hasta que termine fallando la Suprema Corte de Justicia.

A esto se suma el peligro en que el Uruguay está entrando en un proceso de politización de la justicia con el pasaje fluido de fiscales hacia la política como el caso de Fossati, ahora Negro, en el Ministerio del Interior y Jorge Díaz como Prosecretario de Presidencia. Esto es algo nuevo, llamativo y alerta a todo el sistema democrático. Ante la decadencia del nivel de los cuadros políticos desde la vuelta de la democracia hasta la fecha. No sólo los medios son un semillero para políticos, sino que además la Fiscalía General de la Nación se convirtió en un trampolín para futuros políticos, con el peligro que esto conlleva.

Esto plantea grandes interrogantes no sólo en el tratamiento de los casos políticos en la propia Fiscalía General de la Nación, sino que además en el caso de las libertad de la expresión individual de los ciudadanos en general pero de las redes sociales en particular. Sabido es que X es una red social en la cual se vierten opiniones políticas, que es observada por políticos, periodistas, académicos. Pero además es sabido que hay fiscales que constantemente miran X y tratan de lograr notoriedad tratando de llevar usuarios de dicha red social a fiscalía. ¿Acaso tendremos fiscales monitoreando interacciones de ciudadanos particulares con políticos, tratando de ganarse favores con tal o cual partido? ¿Los tendremos también monitoreando medios de prensa?

Y ¿por qué las redes sociales? Esto se enmarca en la batalla cultural, donde pesa más el relato, donde no existen hechos, sino interpretaciones. La pelea por el relato en la “calle online” (como se denomina al espacio público digital) hace que estos sean más importantes que los hechos en sí. Entonces bajo este marco conceptual el control de lo que se dice, de cómo y qué, así como la imposición de relatos, por una vía u otra, es algo vital. El Uruguay está entrando en su etapa de infowars, donde el espacio dónde, cómo y qué, es lo más relevante. Donde los sofistas adquieren una relevancia inusitada y la verdad no es algo tan valorado. La realidad es algo ridículamente cuestionada y la importancia del discurso se impone sobre todo bajo esta visión.

El problema es que las redes son más difíciles de disciplinar a diferencia de los medios porque se encuentran atomizadas. Esto ocurrió hasta que los estados comenzaron a crear las estructuras necesarias para su control, como ocurre en distintos países. La interrogante es qué camino tomará el próximo gobierno al respecto, el Uruguay no será la excepción. La interrogante es si este control irá sobre los delitos como narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, o si esta estructura también será en identificar, fichar y monitorear las opiniones políticas (estas cuales sean, de los individuos).

Si la tónica marcada es el amedrentamiento a los ciudadanos, el nuevo gobierno estaría comenzando con el pie izquierdo. Confío en la buena fe del nuevo gobierno y en que estos hechos no sean nada más que un hecho aislado. Pese a que tiene toda la apariencia del inicio de una forma de actuar entre el individuo ungido con el poder político y el simple ciudadano común.