Areas y cuidaparques

Algunos temas de conservación de la diversidad biológica nacional siguen estando en muy baja consideración de la opinión pública, y también en los diferentes ámbitos en los cuales se toman las grandes decisiones. Es el caso de las áreas naturales protegidas de nuestro país. Cuando se aprobó la ley 17.234 en febrero de 2000 (creación de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas), se dio un paso trascendente para corregir un descuido imperdonable de la sociedad. Porque hasta entonces no parecía importante disponer de una política de conservación, que encarara la gestión de secciones del territorio nacional, identificadas como valiosas por los ecosistemas, especies y genes, paisajes, sitios arqueológicos y de valor histórico o cultural que allí se encuentran. La ley creó el Fondo Nacional de Areas Protegidas y la Guardia Ambiental, pero en casi un lustro transcurrido, nada se ha avanzado en ese sentido. Quizás uno de los grandes obstáculos a superar en la conciencia pública es la permanencia conceptual de que hablar de áreas naturales protegidas significa restricciones que traen aparejadas pérdidas económicas y productivas, tanto para el departamento como para el propietario. Lo cierto es que urge avanzar en esa dirección, como uno de los puntales para fortalecer la sostenibilidad del modelo de desarrollo del país. En ese sentido, resulta muy destacable la iniciativa de sectores que integran el gobierno electo, de promover la discusión y el intercambio de ideas sobre la aplicación y reglamentación de la ley. A lo largo de la jornada quedó claro que la larga postergación de la reglamentación de la norma, no justifica tanta inacción, pues la ley plantea deberes y obligaciones que simplemente no se han aplicado. La competencia mayor la tiene el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), entre otras, establecerá los planes de manejo de las áreas. Se han seleccionado hasta ahora 19 áreas naturales para integrar el sistema nacional. El punto neurálgico del asunto quizás esté en lograr una buena administración general del sistema. De inmediato surgieron los múltiples problemas que incluye. La gran mayoría de las áreas están en manos privadas, lo cual por cierto no es malo. Por el contrario, quizás sea la explicación del elevado grado de conservación que muestran. Categorización de las mismas, usos permitidos, infraestructura y personal idóneo fueron temas lanzados sobre la mesa. Nos parece muy importante poner énfasis en los guardaparques. Si no contamos con un número suficiente de personal entrenado y capacitado para cumplir una tarea tan versátil, el fracaso del sistema está asegurado. Ellos deben ser la columna vertebral de la Guardia Ambiental. Les compete el control, vigilancia, inspección, protección de las áreas, deben realizar tareas de divulgación e interpretación ambiental, prevenir y combatir incendios, socorrer a visitantes, apoyar la investigación científica. En el intento, con frecuencia corre riesgo su vida, en especial al enfrentar a cazadores, pescadores y monteadores furtivos. Los pocos que tienen trabajo estable, están totalmente desprotegidos. ¿Las autoridades están esperando que ocurra una tragedia para corregir la situación? Existe la Asociación de Guardaparques del Uruguay, cuyos miembros legítimamente reclaman derechos aún no reconocidos (estabilidad laboral, equipamiento, protección, remuneración digna, reconocimiento profesional, carrera administrativa, ascensos, descansos y licencias, seguro de vida, vivienda, jubilación). Han presentado un proyecto de ley que crea el Cuerpo Nacional de Guardaparques dependiente de Dinama, y establece sus derechos y obligaciones. Es tiempo de tomar en serio a las áreas naturales.