Uno de los aspectos más perjudiciales para el país de los pasados 15 años de era frenteamplista fue la castración del Parlamento respecto a su cometido esencial: controlar al gobierno nacional.

Con una mayoría automática sin solución de continuidad se impidió el contralor del gasto público y la investigación de gigantescos desaguisados estatales que costaron sumas faraónicas al erario público. Léase al pueblo uruguayo que paga impuestos.

El Poder Legislativo nació en el principio de las instituciones republicanas para impedir a las monarquías sus excesos impositivos, gastos ilimitados y guerras evitables. Entre nosotros, al cierre de la época aludida el déficit fiscal por encima del 5% del PBI registrado expresa la quiebra de la corporación más grande del país: el Estado uruguayo. Atendida con un bidón de combustible inflamable para apagar el fuego: la deuda pública acrecida en volúmenes como nunca se conocieron.

Tras el pronunciamiento de las urnas de noviembre 2019, asumido el gobierno nacional por la coalición que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou la dirigencia frentista con el Pit-Cnt, su más militante agrupación a la cabeza, no ha dado un día de tregua sembrando derrotismo y protesta contra todo. Ni la situación de guerra impuesta por el coronavirus les ha llamado un instante a la solidaridad popular. Han promovido marchas multitudinarias, sin respetar distancias y tapabocas. Reclamaban una cuarentena carcelaria y obligatoria del pueblo, contra la promoción gubernamental de la libertad responsable. Ahora, ignorando siempre los esfuerzos denodados que las autoridades practican en todo el territorio sin descanso, de lo que la opinión pública es consciente, en vez de sumarse a la tarea colectiva con la humildad que reclaman las circunstancias, se quejan y gritan consejos para que se haga tal o cual cosa (recientemente por ejemplo en Rivera). Como si en vez de compatriotas fuesen ascépticos veedores extranjeros de lo que pasa en el país.

Han iniciado un largo proceso orientado a derogar plebiscitariamente artículos de la Ley de Urgente Consideración. Buscan agitar con propósito proselitista a miles de nuestros compatriotas aquejados ante el cierre de fuentes de trabajo y otras carencias sociales propias del coronavirus, que acrece en número de casos diariamente. No saben ni qué proponen derogar. Promueven la mano blanda ante el delito y soslayan la crisis patética que muestran los resultados de la educación pública que gestaron. Con sindicalistas que son militantes antes que educadores. Y, ante el estudio actual de la ley de presupuesto, tras la depredación de las finanzas públicas, piden más plata para esto y para aquello, con guiñadas a la tribuna, sabiendo el gobierno debe actuar responsablemente a partir del agujero fiscal que dejaron.

Entre otras banalidades en un libelo reciente, reclaman normas futuras de información sobre la ejecución presupuestal y piden que la regla fiscal que el gobierno promueve para limitar el gasto público promueva datos “a los efectos de que puedan ser analizados y evaluados por la academia”. ¿De qué academia hablan, de la de Astori y Bergara coautores de los desastres fiscales aludidos y de sus padrinos Vázquez y “el Pepe”?

El espectáculo audiovisual contemporáneo tiene un notorio opus llamado “Rápidos y furiosos”. Les superamos en furia con “Amargados y furiosos”.