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JUAN ORIBE STEMMER
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La presidente de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones locales y regionales celebradas en Venezuela, la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Santos, declaró que se habían constatado una serie de falencias, incluyendo la falta de independencia judicial, 

la no adherencia al Estado de Derecho, la existencia de legislación que afectaron “la igualdad de condiciones y la transparencia de las elecciones”. También se comprobaron la inhabilitación arbitraria de algunos candidatos por vía administrativa y el “uso extendido de recursos del Estado”, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya adoptado sanciones para evitar este desequilibrio. En cuanto a los medios de comunicación, mejor no hablar...La presidente de la Misión, muy diplomática, dijo: “Las elecciones han transcurrido en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores”. ¡Qué consuelo! Si eso es una mejoría, lo que habrán sido las elecciones anteriores!

La decisión de enviar la Misión a Venezuela y la buena voluntad de Santos, no encontraron un eco favorable en la dictadura. Luego de las declaraciones de Santos, el presidente Maduro proclamó: “No eran veedores internacionales. ¡Espías de la Unión Europea! (...) Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para agrandarlo, multiplicarlo y tratar de manchar”. En primera instancia, se informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro había ganado las elecciones en veinte de los veintitrés Estados del país y en la capital.

Pronto se produjo un cambio. El Tribunal Supremo de Justicia -que no se caracteriza por su independencia- inhabilitó al candidato ganador en la elección del Estado de Barinas que pertenecía a la opositora Mesa de Unidad Democrática y convocó a nuevas elecciones.

La explicación es sencilla. El Estado de Barinas es el lugar de nacimiento de Hugo Chávez y ha sido un feudo político de su familia, por décadas. El candidato del PSUV, Argenis Chávez, hermano de Chávez, ocupó el cargo de gobernador del Estado hasta pocos meses antes de la elección. Aparentemente, sucedió algo inesperado: el caballo del comisario se mancó a pocos metros de la meta y Maduro debió salir al rescate, anulando la elección.

La convocatoria a una nueva elección para el 9 de enero, tiene la ventaja adicional de ofrecerle al Consejo Nacional Electoral la oportunidad para inhabilitar más candidatos para la gobernación. Ya van cuatro, incluyendo el candidato proclamado por el Partido Comunista de Venezuela, Aldemaro Sanoja.

Esa decisión motivó al Partido Comunista del Uruguay a dar a conocer una breve declaración en solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. Bajo la forma de una carta dirigida al Secretario General del mismo, dice: “Ante la nueva disposición de inhabilitar la candidatura del PCV en Barinas, hacemos llegar a ustedes nuestra solidaridad. Sentimos que estas reiteradas resoluciones lesionan la lucha de hoy y la historia de tantas décadas de acción antimperialista del PCV”.

La condena -casi críptica- es bienvenida.

Pero es tardía e incompleta. Lo sucedido con Sanoja solamente es una (y no de las más graves) de las muchas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura venezolana a través de los años.

Tarde piaste, pajarito...

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