GUSTAVO PENADÉS
Hemos constatado que Antel acompaña sus facturas con un tríptico titulado "Proyecto de Ley General de la Educación". Editado por el IMPO, el folleto presenta los aspectos centrales de la proyectada Reforma Educativa. Además, relata las acciones implementadas por el gobierno en relación a "(…) la equidad, la justicia social y el mejoramiento de la vida de todos los ciudadanos (…)".
No deja de ser sorprendente que el Ministerio de Educación y Cultura se esté dedicando hacer propaganda del gobierno; y lo que es más sorprendente, es que se esté difundiendo algo que no tiene materialización: el supuesto contenido de un proyecto de ley que ¡no se aprobó!
La mentada Ley de Educación todavía está en veremos, aunque, según lo anunciado últimamente, se procurará superar las diferencias que dividen al Frente Amplio y se aceleraría su tratamiento por el Parlamento. Debe prestarse atención a ese detalle: lo que frena la Ley de Educación no es la búsqueda de consensos nacionales, sino de consensos internos en el Frente Amplio. Una vez logrados se aprobará el proyecto.
Como se advierte, estamos ante otra demostración de la soberbia frenteamplista, en cuanto un proyecto de enorme trascendencia para el futuro nacional se aprobará en función de la voluntad exclusiva de un partido político. La aplanadora funcionará otra vez, guste o no guste.
Así sucedió con la reforma de la Caja Bancaria, la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma de la Caja Policial, por citar solamente algunos ejemplos. Todos, como se puede advertir, asuntos de enorme complejidad aprobados contra reloj, sin tiempo para ser estudiados y, por sobre todo, sin tiempo para mejorar las propuestas. Lejos de una concepción de la política como un terreno en el que es imprescindible construir acuerdos, la actitud es de exclusivismo y manos enyesadas.
Otra cuestión no menor es la idea, profundamente equivocada, que se trasmite en cuanto al carácter mágico de la Ley de Educación. Nos atrevemos a afirmar que casi todos, por no decir todos, los problemas centrales que afectan a la Educación, no requieren de la futura ley para encontrar principio de solución, en tanto por vía administrativa o, eventualmente, legislativa hubiera bastado.
Por otra parte, la principal discusión en la interna del Frente Amplio, y que frena el tratamiento parlamentario del proyecto, gira en torno al quantum de poder del que dispondrán quienes participan del mundo educativo. Dicho de otra manera: los cargos a los que se podrá aspirar. O sea que lo central no es LA EDUCACIÓN, sino la parte con que se quedará cada uno. Mirando en perspectiva, todo ello contribuye a demostrar una constante del gobierno: leyes de enorme trascendencia que se aprueban sin análisis previo, sin instancias de participación y negociación para los representantes de casi la mitad del País; y que, se lo hace, cuando el tiempo útil del gobierno está terminando.
De la Reforma Educativa se viene hablando desde 2005, se organizó un Debate que fue monopolizado por los grupos interesados en hacerse de una parte del poder del sistema y, finalmente, tres años después, a meses de las elecciones, recién se está viendo si se aprueba o no.
Mientras tanto Uruguay espera y desespera.