70.000 a dedo

El alemán Max Weber pionero de la moderna sociología, asociaba a la actividad política con la lucha por el poder. Decía los políticos no podían ser completamente honestos porque como los césares de la Roma antigua, al llegar al poder tenían que repartir el botín con la tropa. Es una realidad inevitablemente presente en la sociedad.

Los uruguayos sobrellevamos la pandemia, la guerra de Ucrania, el derrumbe de la economía argentina, la sequía reciente y ahora atendemos con cautela al conflicto en Gaza, parte de un escenario gravitante para el petróleo que importamos. El gobierno ha hecho lo suyo. Pero es notable el aporte de la producción y el trabajo nacional. Las exportaciones al alza han sido lideradas por la ganadería, la agricultura, la forestación, y destaca el crecimiento de servicios informáticos.

Perder las elecciones en 2019 para el Frente Amplio significó que sus mentores principales -comunistas y tupamaros- sintiesen se les sacaba el chupete -léase “acomodo”- de la boca. No había asumido el gobierno de coalición y ya estaban organizando actos de protesta con caceroleos incluidos. Ninguno de los golpes que han castigado al pueblo uruguayo tocaron su sensibilidad. Al contrario han hecho caudal de insucesos que no tocan a la vida cotidiana poniendo un palo en la rueda a cualquier iniciativa gubernamental por buena que sea. Les importa únicamente recuperar el poder.

El Uruguay que trabaja no es noticia. No divierte a los espectadores. Lo son los llamados “casos” (Astesiano; Marset, Salto Grande, Penadés, entre los más notorios). El presidente de la República al tomar conocimiento de los mismos -lo sabe el país- ejerció si estaba a su cargo la facultad disciplinaria pertinente, sin contemplaciones. Y el Poder Judicial ha actuado con plena independencia dentro de sus cometidos. La organización Transparencia Internacional acaba de ubicar al Uruguay en el lugar 14º entre 180 países por la Percepción de la Corrupción. La presidenta de esta organización la argentina Ferreira Rubio dijo que los “casos” que desvelan a la oposición no tienen incidencia respecto de la honestidad institucional de la nación.

Vale recordar que los índices acusatorios son levantados por un conglomerado “progresista” al que tocó gobernar con la mayor bonanza que conoció la República en su génesis debida al precio récord de las materia primas a partir del 2005; y que en vez transformar a la sociedad nacional constructivamente designó y sumó a dedo a más de 70.000 empleados públicos. Retirándose tras 15 años de administración con mayoría parlamentaria dejando 656 asentamientos que afectaban la vida de aproximadamente de 200.000 compatriotas. Habiendo barrido para abajo de la alfombra a escandalosos sucesos que perjudicaron a la economía popular (Pluna, Alas UY, Ancap, Gas Sayago, etc.).

En Salto centro de controversias por 40 designaciones de las autoridades administradoras de la represa de Salto Grande, posiblemente improcedentes, ha denunciado el edil Facundo Marziotte del Partido Nacional que el intendente Lima ha superado con creces ese acontecimiento, ya que lleva designados directamente a más de 300 personas, habiendo celebrado 150 contratos de monotributistas, y varias decenas de acuerdos con cooperativas “compañeras” (Diario El Pueblo, 19 de setiembre, 2023). Sin palabras.