100 orientales

El Estado uruguayo sabe hacer el chivito, de la cocina sale bien. El problema es que demasiadas veces llega tarde y frio. Es en la entrega donde está la falla, ahí es urgente mejorar. El avance de Uruguay en el camino del desarrollo depende de mejorar la forma en que los servicios públicos llegan a la gente.

Mejorar la calidad del gobierno es la clave para impulsar el desarrollo según el libro From here to Denmark, que acaba de publicar Oxford Universtiy Press y recomiendo leer. Luego de analizar a todos los países a lo largo de la historia, se concluye que las buenas instituciones son la base, pero que no alcanza con que estén bien diseñadas, sino que tiene que haber un Estado eficaz. Y en la mayoría de los países no lo es.

La eficacia del Estado se logra con predictibilidad, transparencia, participación y rendición de cuentas en la gestión pública. Predictibilidad en las reglas que deben ser justas, conocidas de antemano por la población y con consecuencias inequívocas. Transparencia para que las políticas sean entendibles y a la vista de toda la población. Participación ciudadana involucrada en el diseño e implementación con mecanismos adecuados para lograr empoderamiento. Rendición de cuentas con asignación de responsables y consecuencias explícitas por no alcanzar objetivos comprometidos.

Es muy importante el proyecto de ley sobre primera infancia que impulsa Cristina Lustemberg. Uruguay cuenta con más de 500 programas que no logran atender como corresponde a más de 150 mil menores que viven en condiciones de pobreza. Urge implementar un mecanismo que integre, priorice inversión, amplíe cobertura, controle y mejore la calidad de los programas.

El proyecto de ley -que falta votar en el Senado- crea un nuevo sistema de información para la coordinación, planificación, diseño, ejecución y rendición de cuentas para todos los organismos involucrados. Se busca cambiar la lógica actual de asignación descoordinada del gasto por sectores y organismos. Se busca invertir mejor los recursos sin aumentar el presupuesto.

Son varios los ejemplos en donde la lógica de esta propuesta debería también implementarse: vivienda, asistencia social, rehabilitación de liberados de prisión, apoyo a pymes, etcétera.

También es muy importante el trabajo liderado por Conrado Ramos para mejorar el funcionamiento del Estado. Ahí hay mucho para avanzar. Datos de encuestas muestran que, si bien 86% de los funcionarios públicos siente orgullo por su trabajo, solo 12% cree que la escala salarial es justa y 39% considera que puede desarrollar su potencial. Con la última rendición de cuentas se logró aprobar una serie de artículos para mejorar los incentivos salariales de la carrera de los empleados públicos, algo en lo que habían fracasado los dos gobiernos anteriores.

El próximo gobierno deberá implementarlo. Para ello habrá que contemplar el impacto de la tecnología en las posiciones laborales y definir ocupaciones con base en las responsabilidades requeridas para obtener los resultados establecidos en paneles de control correctamente diseñados. Esto exigirá no solo cambiar el actual sistema de liquidación de haberes, sino también capacitar a funcionarios para poder pasar de la lógica del expediente a la dinámica de cadenas de valor (objetivos, procesos, funciones) dentro del Estado. Será vital un firme convencimiento del Poder Ejecutivo para romper con la inercia del “siempre se hizo así”.

El proceso de cambios que Uruguay está recorriendo dentro del Estado es de alta trascendencia y está enfocado en la dirección correcta. Es un camino necesario, aunque largo y lento. Estamos lejos de ver los resultados y la mejora de la gestión pública es urgente.

Es por ello por lo que desde Ceres presentamos una propuesta para generar 100 cargos especiales distribuidos de forma estratégica en las diferentes reparticiones de la administración central. El criterio de asignación se basó en información obtenida en reuniones con informantes calificados durante los últimos tres años: en el gobierno y en el sector privado. Los cargos incluirían un gerente general en cada ministerio; y gerentes en cada una de las instituciones identificadas como críticas para acelerar el proceso de ejecución en todas las áreas.

Hay antecedentes aplicables para el caso. En 1995, la Ley 16.736 creaba los “cargos de alta especialización” para “establecer un sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la Administración Central para cumplir con sus cometidos sustanciales”. El decreto reglamentario (303/996) establecía los detalles de los nuevos cargos, cuyas tareas eran definidas por los directores de las unidades ejecutoras del Estado, de quienes dependían de forma directa y eran financiados con reasignación de recursos sin aumentar el presupuesto. El decreto también establecía el proceso de concurso y evaluación para ocupar los cargos, que tenían remuneraciones competitivas con el sector privado.

Lamentablemente, en la Ley 18.172 de 2007, se limitaron las posibilidades de ofrecer una remuneración competitiva con el sector privado al incluir a los cargos en la escala salarial del Estado, destruyendo la esencia de su creación. Finalmente, la Ley 18.719 de 2010 los eliminó. Nada impide volver a usar lo que sirvió en el pasado.

Uruguay necesita de forma urgente atraer a 100 Orientales que desembarquen dentro del Estado. Si se logra captar a las personas con la capacitaciones requeridas tendremos rápidamente mejoras en la provisión de los servicios públicos y, con ello, un paso adelante en el camino del desarrollo.