El Poder Ejecutivo ha fijado su política para la aplicación de la reciente reforma del artículo 47 de la Constitución. La denominada reforma por el agua y la vida. Aunque quizás sería más apropiado referirse a ella como la reforma de estatización de los servicios de prestación de agua potable y de saneamiento.
La política plasmada en el Decreto del 20 de mayo tiene sólidos fundamentos. Incluyendo que existen notorias discrepancias interpretativas en cuanto a los efectos de la reforma; que la entrada en vigencia de los nuevos preceptos constitucionales no ha extinguido ipso jure las legítimas situaciones jurídicas en virtud de las cuales los servicios públicos en cuestión se prestaron hasta el presente; y que es un principio de interpretación jurídica generalmente admitido, que las normas de efectos generales no son retroactivas, salvo que ello resulte claramente de las mismas disposiciones.
Ante esa realidad, se ha optado por adoptar una estrategia gradual, sin renunciar al objetivo final. Las empresas que actualmente suministran los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano continuarán haciéndolo hasta el vencimiento de los plazos pactados originalmente. Luego, los servicios pasarán a personas jurídicas estatales. Ello, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar el Estado cuando se produzcan incumplimientos de lo pactado. De esta manera se mantiene la continuidad del saneamiento y suministro de aguas, se gana tiempo para llevar a cabo una transición ordenada, se mantienen principios jurídicos fundamentales que tutelan a los inversores y se evitan procesos jurídicos que, de otra forma, podrían llegar a tener un oneroso resultado adverso para el Estado.
La reforma constitucional aprobada en octubre fue innecesaria, inadecuada desde el punto de vista técnico jurídico y contraria al interés de la población.
Pero recibió el voto favorable de la mayoría de los votantes. En estas circunstancias la estrategia pergeñada por el Poder Ejecutivo es la mejor opción posible desde todo punto de vista.
Exceptuando, claro está, para los grupos más radicalizados, especialmente el gremio de OSE.