“Uruguay, tenemos un problema”, podríamos decir, parafraseando al comandante del Apolo 13 cuando anunciaba la pérdida de dos de las tres fuentes de energía de que disponía en su nave.
Uruguay no debería apostar, al menos a mediano plazo, por esa tecnología.
La discusión sobre tarifas de combustibles y paridad de importación se instaló con fuerza en los últimos tiempos, motivada por incidencia de estos precios en costos de bienes transables, llegando a poner en riesgo la viabilidad de empresas dedicadas a esa producción.
En diversos artículos y trabajos académicos del Observatorio Energético y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, se ha puesto de manifiesto la importancia de la introducción del gas natural a la matriz energética de nuestro país.
Estamos asistiendo a un cambio revolucionario del escenario de competencia en que deben desempeñarse las empresas suministradoras de energía, producto de un conjunto de innovaciones disruptivas que están desplazando las tecnologías hasta hoy dominantes.
En noviembre de 2016, comentábamos sobre la sobreinversión en generación de electricidad. En 2017, el problema se confirma, pero, como habíamos dicho, la exportación de energía ofrece un camino para mitigarlo.
En el año 2015 surgieron voces desde la sociedad civil y el mundo académico pidiendo cambios en las reglas de Gobierno Corporativo de las empresas estatales.
El proyecto de la planta regasificadora ha merecido nuestra atención en varios artículos pasados. Como se sabe, el plan energético inicial proponía una expansión del parque de generación equilibrada entre las energías renovables y la generación eléctrica en base a Gas Natural.
