Un organismo del gobierno admite que falta “transparencia” para el consumidor en el sistema financiero uruguayo

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Redacción El País
Si bien se reconoce que en los últimos 10 años hubo un cambio en “la matriz de atención al consumidor financiero”, a través de fiscalizaciones, resoluciones y exámenes del Banco Central (BCU) sobre algunas prácticas del sector que vulneraban derechos de los consumidores, desde la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconocen que aún falta “educación y transparencia”.

En el evento “Reforzando el rol de las instituciones de mercado para la promoción de la competencia en los mercados de Uruguay”, organizada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (órgano desconcentrado del MEF) y el Banco Mundial, se analizaron, entre algunos temas, experiencias internacionales y las “preocupaciones” locales relativas a la intersección de la competencia y la protección del consumidor en el sector financiero.

En Uruguay, con los años se han visto resultados “muy buenos” a raíz de modificaciones en organismos públicos y también en empresas, según el director de la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, Álvaro Fuentes.

En este sentido, señaló que desde la unidad se ha logrado una “dinámica” con la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU “excelente”, viéndose un cambio de “mirada” en el Central.

Sin embargo, Fuentes explicó que, si bien una mayor competencia entre las empresas desarrolla mayores beneficios para los consumidores, está faltando “educación y transparencia” en el sector financiero.

“Los consumidores no conocen el impacto y las tasas de interés moratorio. En general lo que se fija es el precio, el costo, del crédito o préstamo que están solicitando, tal vez puedan comprender o analizar sin hacer un razonamiento, matemática financiera, de cuál es el precio que tiene ese préstamo, pero no comprenden las consecuencias que puede tener ese atraso y en eso la competencia no es muy transparente entre las empresas”, afirmó.

En esta línea, dijo que hay algunas ofertas que tienen condiciones más beneficiosas para los consumidores, pero que en general ellos lo ignoran. Por ejemplo, destacó que están los préstamos con retenciones del sueldo, que tienen tasas de interés más bajas, los cuales señaló que se plantean trabajar junto a la SSF.

Por su parte, el presidente del Central, Diego Labat, destacó que se han promovido cambios legislativos “bien importantes de centralización de ciertas competencias, en defensa de la competencia”, como por ejemplo el pasaje de funciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) al BCU, mostrando intenciones de “fortalecer el sistema general, de asignar de forma más justa y más adecuada a los recursos”, para “llegar al consumidor de mejor manera”.

En tanto, destacó que mantienen algunas preocupaciones relacionadas a la infraestructura.

“La preocupación que de alguna manera tenemos, que creo que va a ser creciente, son las infraestructuras que hacen al mercado y particularmente al mercado financiero. Donde la preocupación central nuestra ha estado siempre en que esas infraestructuras tienen que tener el mayor acceso posible y ser un terreno de juego nivelado. Esa idea de que todo el que llega puede tener acceso, con el dilema que tiene. También hay que asegurar la inversión a largo plazo y todos pueden llegar y llegar gratis, claramente eso tampoco funciona”, expresó.

De este modo, destacó que cuentan con tres principios para esas infraestructuras: condiciones de seguridad, garantías para los jugadores y la distribución de costos.

“No siempre la gratuidad se debe entender como una buena cosa, porque justamente tenemos que asegurar que los actores que los participantes de la infraestructura también tengan sus retornos adecuados, les permita mirar para adelante, invertir, seguir desarrollando”, afirmó.

En este sentido, indicó como caso específico el actual proyecto central del BCU, el sistema de pagos rápidos, sobre el que trabajan para que haya libre acceso por parte de los bancos y otras instituciones financieras.

“Ahí se juega un factor clave, sin importar si esa infraestructura está en manos del Estado o en manos de privados. La primera cosa es que quede claro que la infraestructura está al servicio de la sociedad y del consumidor”, afirmó.

En tanto, apuntó también al proyecto de banca abierta, por el cual reunieron mesas de trabajo en 2021, del cual aseguró que hay avances internos en el organismo pero que aún no se han dado “detalles” a la sociedad; y a la discusión sobre el mercado de créditos al consumo. “Se necesita más información y más educación financiera”, afirmó sobre este último.

En este sentido, destacó que “es central seguir potenciando a los buró de créditos, porque sino terminamos en estrategias de algunos jugadores donde generan información y se la terminan quedando”, debiéndose entender a esta información como un “bien público”.

Sobre esto, explicó que a partir del 2024 van a incorporar las empresas otorgantes de crédito, que hasta ahora no estaban dentro del perímetro del BCU para estas actividades.

En un mercado tan pequeño como el uruguayo, según Fuentes, no hay asociaciones de consumidores en cantidad ni estructuras de consumidores hiper vulnerables como los ciegos.

En este sentido, señaló que en este segmento de consumidores también recae la protección del consumidor, en donde sus “voz” viene de a través de la oficina.

Por ejemplo, señaló que hay soluciones de pagos electrónicos táctiles, que “dejan por fuera al hiper vulnerable”, llevándolo a que revele su contraseña al comerciante para finalizar la transacción. Esto lo trasladaron a la SSF para que a futuro rechacen estos instrumentos y así proteger a este sector de consumidores.