Reforma institucional del BCU genera divergencias

El proyecto de reforma institucional del Banco Central (BCU) provoca polémica por la decisión de dejar por fuera de la estructura de la entidad a la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario (SPAB) y por la determinación sobre de quién dependerán los fondos de liquidación de los bancos quebrados.

La idea detrás del proyecto que se debe presentar antes de fin de año al Parlamento es que la SPAB quede por fuera de la estructura del BCU, algo que encuentra resistencia justamente entre las jerarquía de la nueva repartición encargada de administrar el fondo de seguro de garantía de depósitos.

Fuentes del Central dijeron a El País que el titular de la superintendencia, José Antonio Licandro, está en contra de esa idea ya que considera que debe esperarse un mayor desarrollo de la operativa antes de dar ese paso.

Otro asunto que todavía no está definido es de quién dependerán los fondos de liquidación de los bancos quebrados Caja Obrera, Comercial, De Crédito y Montevideo.

En la actualidad esos fondos dependen del directorio de la autoridad monetaria cuando la SPAB considera que deberían estar bajo su órbita.

Los fondos de liquidación fueron objeto de fuego cruzado entre autoridades, ahorristas y el sindicato bancario.

La gestión de Licandro como coordinador de los fondos fue defendida por un grupo importante de ahorristas y ácidamente criticado por varios dirigentes de AEBU.

Que Licandro quede jerárquicamente al mando de los fondos de liquidación haría arder Troya nuevamente con el directorio del banco en el medio.

Los primeros pasos de la superintendencia han estado teñidos por la polémica. Primero porque los bancos privados reclamaron —y lograron— que las primas del seguro de depósitos se cobraran a partir de setiembre y no de marzo como se había dispuesto originalmente por la SPAB.

A eso se agregó la decisión del Banco República de recurrir la decisión de pagar primas por los depósitos del Estado. Mientras los servicios jurídicos se toman su tiempo para decidir sobre el recurso, existen voces en el Central que consideran plausible el planteo del BROU, en contradicción con la opinión de la superintendencia.

El gobierno excedió los topes de endeudamiento en Bonos del Tesoro y Letras por U$S 156,2 millones según las cifras disponibles al cierre de la primera quincena de octubre.

Un dictamen del Tribunal de Cuentas de la República observó el canje de deuda entre el Ministerio de Economía y los ahorristas mayores a U$S 100 mil y eurobonistas de los bancos quebrados Caja Obrera, Comercial y Montevideo, justamente porque excede el tope de emisión autorizado.

El gobierno incluyó en el proyecto de presupuesto un artículo por el que se eliminan los topes de ejecución que habían sido fijados en el anterior plan quinquenal votado en febrero de 2001.

Además prepara un proyecto de ley sobre endeudamiento por el que se cambiará el actual régimen de topes, incluyendo los pagos que se deben hacer a los organismos internacionales de crédito.

Debido a estar excedido en el tope de emisión el gobierno no pudo salir nuevamente a los mercados internacionales a pesar del buen momento de los mercados emergentes.

El proyecto de ley estará acompañado por la creación de la oficina de deuda que se creará en el Ministerio de Economía antes del cierre de 2005 y cuyo proceso de creación fue evaluado esta semana con la misión del Fondo Monetario Internacional.