Los diputados blancos Sergio Botana, Alberto Casas y Adriana Peña presentaron ante el Parlamento un proyecto de ley que propone eliminar las tarifas comerciales e industriales de Antel, UTE y OSE y equiparar los valores a las domiciliares.
La iniciativa abarca costos de instalación o acceso a los servicios, tasas de conexión, tarifas por su prestación, precio de aparatos o cualquier elemento material necesario para acceder al servicio.
Según Botana, la diferencia de costos entre una tarifa y otra "no tiene sentido más que para recaudar", por lo que debería ser eliminada.
En algunos casos la tarifa comercial es "cuatro veces mayor" y la diferencia llega a incrementarse aún más si se compara servicios brindados en la capital o interior.
La pérdida de recaudación que tendrían las empresas al equiparar todas las tarifas en una domiciliar, sería compensada por "el aumento del nivel de actividad que a su vez generaría impuestos al consumo y específicos", sostiene el proyecto.
La propuesta se basa en un análisis realizado en 2000 por el economista Ernesto Talvi. En la exposición de motivos los legisladores plantean que para una reducción general del 33% en los precios de los servicios públicos, el crecimiento de la actividad alcanzaría 9,4%, el del consumo privado 7,6%, 2,8 en la inversión y 4,2% en el nivel de empleo.