¿Cómo puede afectar a la iniciativa privada el proyecto del BCU sobre criptos y activos virtuales?

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El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley para regular los activos virtuales, el cual provocó recientemente una discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, entre quienes afirman que la propuesta planteada por el Banco Central (BCU) “ahoga” la iniciativa privada y entre quienes defienden una postura más “cautelosa”.

En el primer grupo, están la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti; el senador -suplente de Juan Sartori- del Partido Nacional, Juan Straneo; y el abogado de Estudio Bergstein, Daniel Mosco. En el segundo, principalmente el senador del Frente Amplio -y expresidente del Banco Central-, Mario Bergara.

Previo al proyecto de ley presentado por el BCU, en agosto de 2021 Sartori había presentado una propuesta para crear un marco normativo sobre los diferentes usos de los activos virtuales y posteriormente, en octubre del mismo año, los senadores Sanguinetti y Pablo Lanz habían presentado otro, con algunos matices.

Sin embargo, el pasado 8 de junio, la senadora colorada informó a la Comisión de Hacienda que su partido retiraría la iniciativa planteada originalmente para que el Parlamento se base en el texto propuesto por el BCU, pero afirmó que haría “sugerencias” al proyecto del Central.

En este sentido, Sanguinetti indicó que si bien tanto su proyecto de ley, como el de Sartori “tenían algunas diferencias, en definitiva perseguían el mismo objetivo”: fomentar las operaciones vinculadas a los activos virtuales en el entendido de que es “una oportunidad para el Uruguay”.

La principal crítica, hecha por Mosco, se refirió a las atribuciones del BCU en este proyecto. “El Central dice opinar solo en cuestiones de su atribución propia, aunque a nuestro criterio lo hace al ingresar en otras áreas que no son de su competencia”, criticó el abogado especializado en instituciones financieras.

En esta línea, el abogado criticó que si bien el Central “dice que solo opinará sobre lo que está en el ámbito de su competencia en relación con la regulación”, la decisión política final “sobre cómo debe operar o incentivar la industria de los activos virtuales corresponde al Parlamento”. De acuerdo con Mosco, para poder incentivar la industria en el país, se debe “mejorar la propuesta limitada” del BCU, para que el proyecto pueda significar “la generación de competencia y de costos menores para el país”, así como para que haya una industria no financiera de empleos y remuneraciones de alta calidad.

“La creación de un marco regulatorio adecuado para los activos virtuales por parte del Parlamento, impulsaría un mejor clima de negocios a un sector financiero más amplio, que puede conducir a tasas más elevadas de crecimiento para las empresas y los emprendedores. El proyecto del Poder Ejecutivo, tal cual fue presentado al Parlamento dudosamente entra en esa categorización”, criticó.

Una de los principales críticas del abogado al proyecto del BCU, fue a la parte de los activos virtuales de intercambio, las criptomonedas. “Entendemos lo que está detrás de la frase ‘blockchain, sí; cripto, no’, pero en los hechos se trata de tecnología que no es separable. No se puede tener activos de industria blockchain sin activos virtuales de intercambio, como no se puede tener un auto sin motor y ruedas”, afirmó Mosco.

A su entender, “existe una cantidad importante de tecnologías derivadas del uso de ciertas blockchains que requieren de los activos virtuales de intercambio, que son los más criticados por el BCU en su nota”.

Asimismo, Mosco hizo énfasis en que con el proyecto de ley propuesto por el BCU, “toda industria generadora de empleo, queda sometida al control” del BCU y que “tal como está redactada la normativa propuesta, no habrá seguridad jurídica de antemano para saber si alguien está comprendido o no dentro de la regulación o en una actividad financiera”.

Por su parte, Straneo manifestó que la regulación propuesta por el BCU “es hartamente inferior en cuanto al alcance”, en comparación con los otros dos proyectos presentados, por lo que le pidió públicamente a Sanguinetti que no retirara su propuesta.

Para Mosco, uno de los principales errores del proyecto del BCU tiene que ver con que el regulador “dice que siempre deberá ver la actividad a desarrollar por las empresas que trabajan con activos virtuales, en forma previa, porque no quiere que se trabaje sin licencia. Esto significa que siempre debe controlar si se aplican sus normas o no y la decisión de si esa actividad financiera le pertenece o no al organismo. En consecuencia, el Central previó una norma que tiene el potencial de ahogar la iniciativa privada no financiera en el mercado”, afirmó.

Quien se mostró crítico con esta postura fue Bergara, quien señaló estar de acuerdo con la postura “cautelosa” del Central y criticó a Mosco en cuanto a que su exposición “pone el énfasis en el impulso a la cuestión industrial del asunto, pero no apareció la palabra riesgo en ningún momento”.

Además de lo que corresponde regular, Bergara dijo que se debe contemplar “qué es lo que se puede llegar a controlar. Decir que regulamos algo que no controlamos es mentirse, es de mentirita. En esta materia hay cosas que son incontrolables” y por eso dijo entender la postura del BCU y también afirmó ser “partidario de ir avanzando cautelosamente”.

Sin embargo, Mosco respondió que “hay riesgos” como en todas las actividades y advirtió que “si esto se regula y se ahoga el mercado acá, vamos a ver cómo la actividad, los negocios y el dinero van a pasar por otro lado y las empresas que quieran desarrollarse no querrán hacerlo acá”.