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La fiscalización que lleva adelante la DGI sobre 100 establecimientos agropecuarios con riesgo de evasión generó polémica. El presidente de la Federación Rural habló de "terrorismo de Estado" y el titular del organismo le respondió.

Otras gremiales rurales no ven mal que se controle el correcto pago de impuestos en el sector. La Dirección General Impositiva (DGI) lanzó un operativo por el que prevé en un mes visitar 100 establecimientos agropecuarios que en su conjunto facturan unos US$ 500 millones al año. El organismo estima que la evasión en el sector es de entre 25% y 30% mientras que en toda la economía es de 15%.

Ante esto, el presidente de la Federación Rural (FR), Miguel Sanguinetti salió con los tapones de punta en términos futbolísticos. El gremialista toma esta fiscalización como "una venganza" contra los productores rurales que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Afirmó a El País que se está haciendo "terrorismo de Estado" y se están "aplicando modelos argentinos, donde cualquiera que se defiende o critica en contra del gobierno le caen con la DGI arriba".

El director general de Rentas, Pablo Ferreri no se quedó atrás y respondió a las declaraciones de Sanguinetti a las que calificó de "irrespetuosas, irresponsables e infundadas".

"Lamento con profunda tristeza que se califique una fiscalización de impuestos como terrorismo de Estado porque es banalizar el concepto", dijo Ferreri a El País.

Además "es una falta de respeto para miles de uruguayos que sufrieron las consecuencias de un período oscuro como la dictadura", agregó.

"Habla muy mal del representante de una gremial, que se moleste porque se verifique el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de su sector", expresó el titular de DGI. "Justamente lo que ocurre en un Estado de Derecho, es que los organismos fiscalizadores verifican el cumplimiento de la normativa vigente. Los criterios de selección de la DGI son técnicos, basados en análisis de riesgo potencial de evasión que presentan los contribuyentes", aseguró.

Por su parte, Sanguinetti dijo que "nos sentimos acusados y nos ponen frente a la opinión pública como unos sinvergüenzas. Es otra acción para marcar la dicotomía ciudad-campo".

"No quiero decir que todos los productores hagan las cosas bien y que todo esté perfecto, habrá gente que no las hace, pero allá ellos. La generalidad de la ley es que en la agropecuaria todo lo que se hace está sobre la mesa. Más controles que en la agropecuaria no hay", aseguró.

A su juicio, la DGI tiene "todos los datos" en las declaraciones juradas que presentan los productores, "no entiendo qué tienen que salir a decir que se van a meter en los establecimientos a fiscalizar".

Ferreri explicó que los controles en el pago de impuestos, "ocurren para todos por igual, mal que le pese a algunos" y espetó que al agro "no se lo persigue, pero tampoco tiene coronita. Los indicios de que estamos acertados son la virulencia de algunas declaraciones".

OTROS NO LO VEN MAL. Para el presidente de la Asociación Rural (ARU), José Bonica dijo a la web de El Observador que "es algo que para nosotros es normal y es lógico que ocurra este tipo de controles".

"No hay ningún comentario que hacer", indicó, aunque dijo que si el origen es otro, diferente de un contralor fiscal, "la situación es distinta y cada cual deberá atenerse a las consecuencias. Pero no queremos pensar en cosas raras de la DGI".

El presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) Juan Daniel Vago dijo a El País que si bien conceptualmente están en contra de la aplicación del ICIR porque no cumple ninguno de sus cometidos originales, no ven nada malo en el control que realiza la DGI. "No tenemos elementos para opinar de que se trate de una persecución política. No vemos mal que se salga a inspeccionar. Si las cosas se hacen bien los productores no tienen nada que ocultar, ni deben sentir temor porque sean inspeccionados", afirmó.

En la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) la postura frente a este tema fue similar. "Entendemos esta acción de la DGI como algo de rutina, y que no es diferente a lo que pasa con otros sectores de la economía. Es natural que un sector como el agro, que representa gran parte del dinero que se mueve en el Uruguay, sea controlado a nivel de posibles casos de evasión tributaria", afirmó a El País Fernando López, secretario general de la CNFR.