Otra polémica por sociedades anónimas dueñas de tierras

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R. SOSA Y O. VILAS

El gobierno reglamentó ayer la ley que prohíbe que sociedades anónimas con acciones al portador sean dueñas de tierras y varios juristas catalogaron el decreto de ilegal. Los especialistas agregaron que seguramente será impugnado.

El decreto conocido ayer establece condiciones adicionales a las que había fijado la ley para que las sociedades anónimas puedan poseer tierras, para cubrir algunos vacíos dejados por la norma original y que habían sido aprovechados para sortear la prohibición.

Uno de los mecanismos utilizados fue la creación de sociedades de responsabilidad limitada (SRL) con una sociedad anónima con acciones al portador como socio de esa firma.

Fuentes del Ministerio de Ganadería dijeron a El País que la redacción del decreto tuvo como fin "evitar lo más que se pueda" que se siga dando que sociedades anónimas con acciones al portador encuentren fórmulas para seguir comprando tierras salteando la ley.

El subsecretario de Ganadería, Ernesto Agazzi, había adelantado a comienzos de junio en Fray Bentos que el gobierno revisaría la reglamentación para evitar "maniobras" llevadas adelante por "poderosos estudios jurídicos", para evitar la obligatoriedad de dar a conocer a los accionistas de las sociedades anónimas.

En una actividad organizada por las Cooperativas Agrarias Federadas, Agazzi dijo que era intención del gobierno "combatir" la "estrategia" diseñada por los estudios jurídicos para encontrar una vía que permitiera eludir la ley. Dijo que se armaron Sociedades de Responsabilidad Limitada para "meter" en ellas a las sociedades anónimas propietarias de grandes extensiones de tierra.

Funcionarios vinculados al proceso de aprobación del decreto revelaron a El País que hubo "discusiones" entre Ganadería y los abogados de la Presidencia de la República sobre el alcance final del proyecto. Los técnicos de la Presidencia cuestionaron que el decreto podía ir más allá de lo que dice "estrictamente" la ley de enero de este año. Es una norma que es legal pero "está al borde", reconoció un funcionario.

Sin embargo, para algunos juristas va más allá.

reacciones. Álvaro Tarabal, Carlos Piaggi y Federico Cami, integrantes de Guyer y Regules, dijeron a El País que el decreto "va más allá de la ley", porque "establece condiciones adicionales" para que una sociedad anónima "sea considerada elegible" como dueña de tierras.

Por ser "contrario a la ley" los especialistas lo calificaron como "ilegal". Explicaron que fundan su posición en que el decreto tiene menor jerarquía que la ley, por lo cual no puede exceder lo establecido por ésta.

Adelantaron que seguramente el decreto "será impugnado".

Por su parte, el ex ministro Ignacio de Posadas, integrante del bufete Posadas, Posadas y Vecino, coincidió con sus colegas de Guyer y Regules.

Para De Posadas el decreto "ilegalmente avanza sobre la ley imponiendo ciertas obligatoriedades a los titulares" de las sociedades anónimas, y dijo que eso lo "hace impugnable".

Para él la norma establece "restricciones a la libertad de comercio establecidas en la Constitución", lo que también cataloga de "ilegal" en virtud que se trata de una disposición de menor rango jurídico.

A quien el decreto "no sorprendió" fue a Diego Rodríguez de Ferrere Abogados. Aunque calificó a la ley como "un gran error", que además "no consigue lo que quiere lograr", sostuvo que el decreto "trata de tapar huecos evidentes en una ley que fue hecha apresuradamente y sin considerar estructuras alternativas" que podían usarse para saltearla.

Para Rodríguez "era claro que tarde o temprano esos huecos iban a taparse". Tanto lo creían en Ferrere que no recomendaban a sus clientes utilizar mecanismos como el de las SRL explicado al principio, dijo Rodríguez.

Pese a las críticas Tarabal, Piaggi y Cami dijeron que el decreto da un marco de certeza en aspectos que no estaban definidos en la ley y destacaron que el reglamento autoriza al Poder Ejecutivo a aprobar excepciones a la norma, con lo que las inversiones forestales que ha recibido el país quedan a resguardo de la prohibición.

Para que se apruebe la excepción deben cumplirse ciertas condiciones como que la sociedad anónima sea de capital abierto en Bolsa -tanto en Uruguay como en el exterior- que cree nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, la incorporación de tecnología y el aumento de valor agregado en el país de los productos que se obtengan, entre otras.

Mientras tanto, De Posadas sumó otra crítica al señalar que el decreto contiene "otra ilegalidad" pero "en sentido contrario", porque establece que las transacciones de tierras que hayan sido inscriptas antes de la vigencia de la ley -fue aprobada el 17 de enero de este año- quedarán excluidas de ella.

En su opinión la ley "parecía ser retroactiva porque establecía un plazo de adaptación".

De Posadas calificó la modificación de "pésima" porque "no se puede ir un día para un lado y otro día para otro".

Destacó que "lo mismo sucede con la reforma tributaria respecto de la cual se emiten decretos que modifican decretos anteriores que "ni siquiera habían empezado a regir", dijo el ex ministro de Economía del gobierno blanco.

El presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo que con la reforma tributaria el sector rural deberá pagar más. Dijo que la relación de ingresos-egresos desde hace años que es deficitaria. Por cada peso que ingresaba en 2001 se pagaban $ 7 al sector. En 2006 esa relación bajó de $ 1 a $ 4. Murro sostuvo que con la reforma tributaria quien tiene hasta 330 hectáreas explotadas pasará a pagar $ 685 cuatrimestralmente por matrimonio y que en caso de tener cuota mutual pagará $ 1.257. Un informe de Opypa de mayo dijo que la aplicación de los aportes patronales al agro "afectará poco a los predios chicos y medianos y a producciones intensivas". También se remarcó que la tasa de 7,5% "será inferior a la vigente antes de las exoneraciones".

Según juristas y operadores consultados por El País el decreto conocido ayer impactará negativamente en las transacciones de tierras y ahuyentará inversiones.

Operadores del mercado de compraventa de campos dijeron a El País que hubo casos de ventas de tierras por parte de sociedades anónimas que se paralizaron debido a la ley impulsada por el gobierno y por la inminencia de la entrada en vigencia del nuevo régimen tributario.

"Se ha dado una mezcla de ambas cosas", dijo a El País Javier Taro del estudio Zambrano.

Dijo que desde la promulgación de la ley no estaba muy claro en qué situación quedan los campos en manos de sociedades anónimas. Dado que la ley permite actuar a los fondos de inversión y a las compañías forestales la aplicación de la ley no tuvo "demasiado impacto".

Alvaro Tarabal, Carlos Piaggi y Federico Cami, del estudio Guyer y Regules, opinaron que el decreto de ayer "frenará la inversión" y confirmaron que las compraventas de tierras "estaban detenidas" en los últimos meses debido a la incertidumbre generada por la ley.

Ignacio de Posadas coincidió y sostuvo que la ley y su reglamentación "no le hacen bien a ninguna inversión".

En sentido contrario opinó Diego Rodríguez, de Ferrere Abogados; para él la norma "no afectará la inversión".