Ofensiva oficial para defender el aumento de los combustibles

Acicateado por las críticas de los empresarios, el sindicato y los propios directores nacionalistas de Ancap el gobierno recurrió ayer dos veces a la prensa para desmentir que el aumento de combustibles haya tenido un afán recaudador, revelar que si no se hubiera aprobado la suba el ente hubiera perdido U$S 40 millones en el año y aclarar que si el crudo baja y la caída se mantiene por tres meses se procederá a una disminución del precio.

Sorprendió ayer que el gobierno llamara a dos conferencias de prensa: una a la mañana en la sede de Ancap a través de su titular Jorge Sanguinetti y otra a la tarde en la cartera de Industria, con el dueño de casa José Villar, y el titular de Economía, Isaac Alfie.

Uno de los elementos más fuentes esgrimidos por el gobierno para justificar el aumento fueron una gráficas que demuestran que desde enero de 1999 hasta hoy, el precio de la nafta supra y el gas oil cayeron 65% y 45% respectivamente en términos del costo del barril de petróleo.

Tanto Alfie como Sanguinetti ciñeron al aumento del crudo la decisión de subir los combustibles que, según recalcaron, no tendrá efectos en los ingresos fiscales. "El último aumento se había hecho con un barril a U$S 32,78. Para la suba tomamos como referencia el promedio de los últimos quince días que da U$S 36,15. Eso da uno diferencia de U$S 3,37 por barril. Con el volumen anualizado de 12 millones de barriles comprados tenemos una diferencia de U$S 40 millones anuales", explicó el titular de Ancap.

Alfie sostuvo que eso marca la responsabilidad que tiene el gobierno ya que si hubiera tomado la decisión de absorber esa pérdida se le dejaría de herencia a la próxima administración como una deuda. Asimismo dijo que como los impuestos que gravan los combustibles no se aplican sobre la evolución del precio sino que no son valores fijos, la suba no repercutirá en un aumento de lo recaudado por los tributos.

Además remarcó que Ancap desde el año 1999 no vierte ganancias a Rentas Generales e incluso el Estado se puso al día con una deuda que tenía con el ente por U$S 12 millones.

Ante los medios Alfie descartó que se piense reducir la carga impositiva que grava los combustibles y destacó que el gobierno sólo tiene a estudio la rebaja del impuesto a los sueldos. El ministro dijo preferir "las medidas generales" y no particulares —como una eventual reducción de los tributos que gravan los combustibles— ya que en este caso sólo beneficiaría a los que tienen automóviles.

Sin embargo, dijo que "si el petróleo baja razonablemente, se mantiene un tiempo igual que nosotros esperamos dos meses y algo para subir, vamos a bajar el precio. Acá no es un tema fiscal."

COSTOS. En una conferencia posterior a la de Sanguinetti el director por la minoría, Fernando Saralegui, consideró que si la empresa pública hubiese abatido sus sobrecostos podría haber esperado meses sin necesidad de subir los combustibles.

Saralegui cuantificó que el año pasado Ancap tuvo costos extras de U$S 23,7 millones entre los que se destacan los derivados del pago a la intendencia montevideana de la Tasa de Inflamables y del Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera, entre varios rubros. "Solamente eliminando el impuesto mencionado a la compra de dólares y la tasa munici-pal señalada podríamos haber aguantado el precio hasta seguramente el mes de abril o mayo", sostuvo Saralegui.

Ante esto Alfie dijo en la tarde que si se eliminaran tasas o impuestos que paga Ancap se tendría que financiar lo que pierda de recaudar el Estado por ese concepto.

Asimismo resaltó que Ancap ha sido la única empresa pública beneficiada por rebaja del Imesi y de los aportes patronales. Por ese lado se abatieron costos, dijo el ministro, que identificó los sobrecostos "en la estructura productiva ineficiente del ente". Sanguinetti adujo, por su parte, que el ente ya ha realizado un esfuerzo para abatir costos, equilibrando la división Alcoholes, reduciendo el déficit de la Portland, abatiendo en 17% su personal y bajando los costos de cobertura médica.

Los sectores productivos mostraron molestia por el incremento del gas-oil que consideraron afecta fuertemente a la agricultura y otras actividades.

Hugo Manini, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, comentó que "es un clásico en los últimos años que cuando comienzan las cosechas de arroz, Ancap promueve una suba de los combustibles".

"En los cinco años oscuros para el cereal (1999-2003), cuando los costos de producción estaban por encima del precio nos afectaba mucho más. No queremos que la vuelta a los valores normales para el arroz se frustre por un aumento de los costos productivos. Hay un aumento vertiginoso en los precios de los insumos como fertilizantes y combustible", agregó.

Juan Pedro Hounie, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, consideró que "es preocupante que el país esté siguiendo el precio del petróleo y que no tenga un combustible diferencial para la producción". Llamó la atención también sobre el hecho que "el gas-oil es el combustible que más aumenta comparado con los demás".

Washington Corallo, presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, comentó que más allá de que en esta oportunidad no se incrementó el costo del fuel-oil industrial "muchas empresas se están pasando a gas y más se van a pasar sobre todo aquellas que consumen fuel-oil".

"En Argentina todas las industrias están a gas natural que es muy barato pese a las subas recientes. El gas es más limpio y tiene cantidad de bondades. En cuanto al riesgo del abastecimiento es el mismo que corren los países de la Unión Europea", argumentó.

Representantes del gobierno salieron rápidamente ayer a rebatir el anuncio del presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quien prometió que si la izquierda gana las elecciones congelará las tarifas de los servicios públicos.

El ministro de Industria, José Villar, calificó la propuesta de Vázquez de "demagógica" y que "no podrá cumplir".

"Si Vázquez piensa congelar las tarifas aunque le suban los costos los funcionarios de Ancap se tendrían que comenzar a preocupar porque les podrían congelar el salario", sostuvo el ministro.

"En esto se precisa tener honestidad para interpretar con todas las letras que es una actitud demagógica prometer algo que es absurdo e imposible de cumplir", sentenció Villar.

En una posición menos agresiva el ministro de Economía, Isaac Alfie, prefirió señalar que "la evolución de los precios y la realidad es única". Por tanto agregó que "contra la realidad no se puede ir porque se termina dando a 200 kilómetros por hora contra un muro de concreto".