Las decenas de millones de dólares que está perdiendo Uruguay al no potenciar un sector

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La pesca industrial en Uruguay tiene un potencial enorme, pese a lo cual viene en caída en los últimos años. ¿Hasta dónde podría llegar el sector? ¿Qué hace falta para que suceda? El informe “Situación actual, perspectivas y oportunidades para el desarrollo de la industria de la pesca nacional” de Ceres da varias respuestas a ello.

El estudio -al que accedió El País- será presentado esta mañana en la Antesala de la Cámara de Diputados por parte del director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo y contará con los comentarios de los senadores Alejandro Sánchez (Frente Amplio) y Gustavo Penadés (Partido Nacional).

La pesca industrial en Uruguay viene en caída. El informe recuerda que en 2005 se superaron las 110.000 toneladas y a partir de los años siguientes se dio un retroceso. Desde 2013, apenas se capturan 40.000 toneladas en promedio por año. Por ejemplo, en 2021 se obtuvieron 41.600 toneladas de pescado, lo que implicó una caída de 49% respecto a 2011. Esto se explicó “principalmente por dificultades laborales y aspectos regulatorios”, analizó Ceres.

Pero, ¿cuál es el potencial? El informe de Ceres indicó que la Comisión Técnico-Mixta del Frente Marítimo (Ctmfm) publica anualmente la captura biológicamente aceptable considerando el estado de explotación de los recursos de la zona común de pesca (entre Argentina y Uruguay). Allí se establece la Captura Total Permisible (CTP) para algunas especies, así como las cuotas correspondientes para las flotas uruguayas y argentinas, en conjunto o para cada país.

“Las capturas efectivas estuvieron por debajo de la CTP salvo excepciones como la corvina durante los años 2011 y 2012, y la raya en diferentes años, aunque más del 90% de la pesca de esta especie corresponde a Argentina. Además, se observa una tendencia a la baja en la pesca total, por lo que el margen entre la captura efectiva y la captura biológicamente sustentable es cada vez más amplio”, afirmó Ceres.

Por ejemplo, en 2021 (último dato disponible) se capturó apenas el 22% de la merluza autorizada en la CTP, el 41% de la raya, el 46% de la pescadilla y el 63% de la corvina.

El estudio estimó que “el aumento máximo permitido de la captura, con base en los límites especificados, haría incrementar las exportaciones en US$ 120 millones (actualmente son US$ 42,4 millones). Esto generaría además un efecto indirecto en la economía de US$ 57 millones, por lo que el efecto total sería de un aumento de la producción bruta en US$ 177 millones. Buena parte del efecto indirecto viene de la necesidad de aumentar la producción de combustible para los barcos (26%), mientras que un 15% corresponde al sector de compras y ventas al por mayor, vinculado a la adquisición de insumos necesarios para la realización de los viajes de los barcos”.

Además, “el aumento de las exportaciones desembocaría en un incremento aproximado de US$ 5,4 millones en la masa salarial”, añadió.

Por otro lado, Ceres indicó que “en el promedio del 2021, la plantilla laboral llegó a 1.543 trabajadores. En 2011, el mejor año en los datos disponibles, se llegó a unas 2.996 personas”.

El estudio estimó que de incrementar la captura al máximo permitido se podrían llegar a crear 2.269 empleos adicionales.

El informe -que contó con entrevistas de carácter cualitativo a actores relevantes del sector- analizó las razones detrás de la caída y el no aprovechamiento del potencial de esta industria.

“El escollo más apremiante puede definirse como un problema latente de incertidumbre, siempre nocivo para la gestión empresarial, que existe por la precariedad que significa un estatus transitorio en las reglas jurídicas que establecen tasas bonificadas de las jubilaciones en las diferentes categorías de la pesca industrial”, sostuvo. Se han aplazado las tasas completas previsionales, por lo que actualmente son de 6,175% para marineros y 4,95% para el resto de la tripulación. Las tasas completas serían 27,5% y 18,7% respectivamente.

A su vez, “la conflictividad laboral es un obstáculo real que perjudica la producción y, por tanto, la creación de empleos genuinos y las colocaciones de bienes en el exterior, aspectos decisivos para la buena gestión sectorial”, explicó Ceres.

“Parte del declive de la pesca responde a un ambiente laboral inhóspito para la competencia en los mercados y mejora de la productividad. Huelgas que equivalen a 45 días de trabajo sin actividad, como se registraron en 2022, sumado a otros problemas derivados de ineficiencias y regulaciones, representan pérdidas millonarias irrecuperables, que alcanzan a las propias empresas pesqueras, trabajadores y al propio Estado: menos ingresos empresariales y pérdidas de salarios y de recaudación impositiva”, añadió.

Según el informe, también “el sector se enfrenta a una burocracia que presenta procesos extensos, complejos y a veces redundantes en organizaciones gubernamentales como la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y la Prefectura. Se identifica poco nivel de coordinación entre los órganos gubernamentales en cuanto a tramitación de documentos que cubren áreas similares”.

Además, “el envejecimiento de la flota representa un problema actual que solo se agravará con el paso del tiempo. Para poder continuar el correcto funcionamiento del sector y expandirlo a su máximo potencial se debería renovar y/o expandir la flota. De acuerdo a empresarios del sector, lo recomendado es renovar la flota cada 20 años como máximo, cuando en el caso de Uruguay, tanto los barcos de altura como los costeros, tienen una antigüedad promedio mayor a los 30 años”, indicó Ceres. A eso se suma el envejecimiento de los trabajadores del sector (ver aparte).