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Jorge Díaz: “En materia de anticorrupción, tenemos un agujero enorme”

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Jorge Díaz. Foto: Fernando Ponzetto.
Nota a Jorge Diaz, Fiscal de Corte, en su oficina en Montevideo, ND 20181010, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

ENTREVISTA

El ex fiscal de Corte dijo a El País que en Uruguay hay una “concepción de que no sucede nada, de que somos todos más o menos buenos, y la realidad es que nadie está vacunado contra eso”.

Supo estar de los dos lados del mostrador, en el sector público fue fiscal de Corte y ahora es consultor de privados en Brum Costa Abogados, pero en tono de broma Jorge Díaz dice no saber si salió o se pasó al “lado oscuro”.

En su nuevo rol afirmó haber visto muchos casos de fraude interno en empresas, mientras que llevado esto al Estado explica que “hay mucho por avanzar” en la “cultura de cumplimiento”, en donde en Uruguay se tiene la “concepción de que no sucede nada”.

La no integración como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la carencia de mecanismos de control anticorrupción, la competencia en las compras y contrataciones estatales, el “fetiche normativo” del legislador uruguayo, el lobby y el financiamiento de los partidos políticos, entre otros, fueron los temas de la entrevista realizada por El País a Díaz.

Aquí un resumen de la entrevista.

Habías mencionado en el Compliance Day de Brum Costa Abogados que hay una distancia “importantísima” entre los estándares de la OCDE y Uruguay, ¿cuál es esta distancia?

Lo veo ahora desde la perspectiva, no de un funcionario, sino de la perspectiva de un privado, de un técnico en la materia, que trabajó toda la vida del otro lado. Ahora mi función es el asesoramiento de nuestros clientes y el venderle un servicio de calidad, que lo coloque en una postura que le evite riesgos reputacionales, legales y financieros. En ese sentido, en mi experiencia anterior, participé de todo un proceso de discusión a nivel de fiscales generales en Latinoamérica respecto de la necesidad de cómo podemos prevenir las normas de corrupción. Ahí hubo diferentes iniciativas, desde iniciativas de la PGR brasileña en celebrar convenios de cooperación anticorrupción con todos aquellos países en los cuales Odebrecht había actuado. Uruguay ahí no participó porque en definitiva el país no tenía prácticamente pedidos de cooperación activos sobre Odebrecht, sí había sido sujeto pasivo de pedido de colaboración, hasta todo lo que tiene que ver proyectos que impulsó el Reino Unido.

Recuerdo haber participado de seminarios en Lima, Perú, donde casualmente estaba presente el fiscal general de Andorra, en ese momento estaba en trámite el proceso de extradición de (Andrés) “Betingo” Sanguinetti, donde ahí se avanzó muchísimo sobre la concreción de ese pedido de extradición y de intercambio de información y ahí se analizó, por ejemplo, la experiencia chilena en su proceso de preparación para el ingreso a OCDE. Aprobó todo una serie de normas que implican que para aquellas empresas que son proveedoras del Estado, en última instancia tienen que tener determinados cumplimientos.

Entonces las empresas que efectivamente cumplen con esos estándares tienen mejor puntaje en los procesos competitivos. Nosotros de eso estamos lejísimos, pero estamos lejísimos porque no hemos emprendido ese camino, porque no hay una decisión política de emprender ese camino y yo creo que el día que la haya, hay un largo camino para recorrer en todo lo que es la legislación interna y la aplicación de la legislación interna. Uruguay tiene algunas dificultades importantes en todo lo que tiene que ver con prevención de corrupción.

¿En qué, por ejemplo?

Nosotros tenemos ratificados convenios internacionales y no tenemos algunas figuras penales tipificadas, ya sea desde la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Mérida o sea la convención anticorrupción que se celebra en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si uno compara las disposiciones de estas convenciones con la legislación interna, tenemos una distancia importante.

Ojo que entre estas convenciones y las recomendaciones de la OCDE hay una distancia muy grande también. Hay un escalón en el medio. Obviamente que implica una carga importante para las empresas, pero también es verdad que el Estado tiene que tomar normas de prevención anticorrupción y al mismo tiempo tampoco le interesa ser utilizado como vehículo para el lavado de dinero. Es una especie de puzzle que correctamente armado tendría que tener en esa cara todo el mismo color. Nosotros tenemos algunas pintas de un color y otras de otro.

¿Qué estaría faltando en materia de anticorrupción?

En materia de anticorrupción, tenemos un agujero enorme porque no tenemos regulado el cabildeo. La mayor parte de los países, por lo menos en el primer mundo, el cabildeo, o sea el lobby, tiene una regulación. ¿En Uruguay no existe el lobby? Claro que existe, ¿está mal que exista? No, esto no es una opinión anti cabildeo ni anti lobby. Existe es natural que exista, pero de alguna manera debería existir una regulación. Por ejemplo, la agenda de los jerarcas debería ser pública, porque de alguna manera el ciudadano tiene derecho a saber con quién se entrevista ese jerarca y tiene derecho a saber si hay lobbistas, a saber que efectivamente esa persona que se entrevista con un jerarca va a hacer lobby en favor de determinada empresa. 

"En materia de lavado, es claro que las diferencias entre el sector financiero y el sector no financiero son enormes en cuanto a estándares de cumplimiento"

No está mal que exista, pero lo que sí en una cuestión de transparencia, no es lo mismo una entrevista porque voy a hacer lobby por que haya una escuela en determinado lugar de tal departamento o, siempre recuerdo y lo pongo como ejemplo el cuartelillo de bomberos de Fraile Muerto, que es mi pueblo, es decir una cosa es ir a hacer lobby por el cuartelillo de bomberos de Fraile Muerto y otra cosa es hacerlo por la concreción de un negocio.

En otros países sería un escándalo que un lobbista se reúna con un jerarca en forma pública. En Uruguay esas reuniones se hacen. Lo que pasa es que tenemos un poco la concepción de que en Uruguay no pasa nada, de que somos todos más o menos buenos, y la realidad es que nadie está vacunado contra eso. Es verdad, somos una de las 23 democracias consolidadas del mundo, tenemos una institucionalidad muy fuerte, tenemos un principio de separación de poderes que el país funciona; una Justicia independiente, a veces a uno le gustaría que fuera más eficiente, pero independiente sin duda alguna es de las más independientes del mundo.

Pero no podemos seguir pensando en que no haya normas de financiamiento de los partidos, porque eso es transparencia. Creo que el camino que marca OCDE es bueno seguirlo, no sólo porque algún día tomemos la decisión de entrar a OCDE, sino que es bueno seguirlo porque imponen normas de gobierno corporativo, normas anticorrupción, normas de transparencia, que está bueno y que lo vacuna, lo previene, y también a las empresas. Creo que un empresario honesto no tiene ningún interés en que su empresa termine vinculado en un escándalo por H o por B. No tiene ningún interés en tener daños reputacionales, financieros y legales por un fraude interno. A mí me da la impresión de que es un camino que queda por recorrer. Obviamente siempre están las pulsiones y, en estas, puede ser que aparezca aquello de ‘tenemos que atraer la inversión y sino la inversión no viene’.

El abogado Jorge Díaz. Foto: Marcelo Bonjour.
Jorge Díaz. Foto: Marcelo Bonjour.

Sé que es un camino que es una discusión donde siempre el tema está encima de la mesa, pero bueno, pensando en definitiva en la transparencia y en la calidad democrática, me parece que es bueno como país, pero también es bueno para las empresas. Una empresa que pueda demostrar que tiene un financiamiento transparente, que su fuentes de financiación son transparentes, que su composición societaria es transparente, que no tiene mayores complejidades, que no ha estado involucrado en escándalos, que tiene reglas de conexión con las autoridades también transparentadas.

Si hay un proceso competitivo para la adjudicación de una obra pública, cualquiera sea ella, es bueno que todos los que participen de ese proceso competitivo sepan si hay alguien de su empresa o de otra empresa que se reúne con una autoridad, porque no está mal que pase.

¿Cuál es el remedio a nivel público?

Un funcionario infiel o un funcionario corrupto evidentemente es un fraude interno para la Administración, porque le genera daño legal, daño reputacional y le genera daño económico y financiero. El camino de OCDE es el camino correcto.

¿Cuál sería el camino?

La decisión de ingreso ya es una decisión más de naturaleza política, pero sí empezar a pensar en cómo ir cumpliendo con esos estándares.

¿Cuáles son los que nos faltan?

Todo lo que tiene que ver con el mecanismo de compras. Aparte, a veces tenés normas pero no se cumplen. Por ejemplo, los encargados de compra de los ministerios o de los entes del Estado tienen que rotar cada tanto tiempo y no se cumple. Muchas veces tenés un funcionario experto en el área y este que ahora que sabe, que entendió, ¿lo tengo que sacar y tengo que poner otro que lo tengo que formar? Hay como una especie de pereza de cumplimiento de determinada normativa y sin embargo hay que hacerlo.

En el régimen de auditoría, los auditores cada tanto tienen que cambiar. No puede ser siempre la misma empresa que audite, porque hay como una especie de acostumbramiento, entonces capaz que de repente al cambiar la empresa que hace la auditoría, ve cosas que la otra ya estaba acostumbrada a verlas como parte del paisaje. Por algo existen las normas de frenos y contrapesos y su cumplimiento efectivo es lo que va, no a garantizar, pero sí a evitar ese riesgo.

También la falta de articulación.
?

Los organismos de contralor. A nivel estatal, la Jutep tiene una muy mala…desde su ubicación institucional, su forma de integración, hasta su regulación. Si bien es un avance la existencia de la misma, sin duda estamos lejísimos. Cualquier controlador público a nivel internacional, tiene muchísimas más potestades de las que tiene la Jutep, incluso la Jutep y el Tribunal de Cuentas juntos. Tenemos un Tribunal de Cuentas consagrado en la Constitución que analiza la legalidad del gasto, pero no más allá que la misma.

Y la Corte Electoral…

No tiene medios. Hay muchas cosas que además de la normativa que ya existe, que hay que hacerla cumplir, hay normativa que debería adaptarse.

¿Hay intencionalidad ahí?

No, yo creo que es un tema de errores que se cometieron al armarlo y a veces. Creo que tenemos una autopercepción demasiado benevolente, demasiado optimista.

¿Como sociedad o a nivel político?

En general como sociedad, a veces a nivel político puede ser un poco más. El otro día escuchaba al ministro del Interior decir: “que quede claro que el narcotráfico no está infiltrado en los partidos políticos”. Bueno, hecho negativo no está infiltrado, se demostraría con el positivo opuesto y en la medida que no haya un caso podrías razonablemente decir eso. Pero la realidad es que no lo sabemos.

En los años que estuve al frente de Investigaciones nunca tuve un caso donde ese tipo de condiciones aparecieran, lo digo con total tranquilidad. Lo importante es que tenemos que estar preparados para (esto) y tomar las medidas de prevención. Es sano prevenir, es transparente, es democrático. No solamente para el Estado sino también para las empresas.

Cuando uno mira que a nivel local los organismos públicos tienen que ayudar en la prevención del lavado de activos, pero no está reglamentado ¿se le puede exigir a la empresa sin que se cumpla a nivel público?

El diseño de las políticas antilavado y anticorrupción, el sistema de prevención, parten de la base de que el Estado le está trasladando al privado gran parte de ese control. Es cierto también que el Estado por sí solo no puede y no lo podría hacer sin su colaboración. Lo que no puede pasar es que tú le exijas al privado cosas que no le estás exigiendo al público que desarrolla la misma actividad.

En materia de lavado, es claro que las diferencias entre el sector financiero y el sector no financiero son enormes en cuanto a estándares de cumplimiento. También es verdad que dentro del sector financiero también hay diferencias, una cosa son los bancos, otra cosa son los cambios, otras los seguros, o sea, hay desequilibrios en los estándares de cumplimiento de las normas antilavado. Hay que trabajar para revertir eso.

También el Estado tiene que mandar señales claras, es decir si la sensación es que se aflojó la cincha, el recado se mueve. Si la sensación es que se aprieta la cincha, el recado se queda. Ahí hay un tema de qué es lo que se quiere rendir.

"Hoy tenemos un problema con los casos de lavado de activos, o sea, no hay casos en Uruguay".

Yo participé por Uruguay en la última evaluación mutua de Gafilat, fui uno de los representantes del país que participó en la evaluación y fue durísimo, porque a veces la gente cree que una evaluación es un un paseíto por el monte como dice el Pericón Nacional. No, de paseíto no tiene nada y eso que los informes previos eran muy buenos, buenos o satisfactorios, y, sin embargo, hubo una discusión fuertísima en diferentes puntos.

Por ejemplo, cuando nosotros decíamos en el año 2006 con mi ahora socio Leonardo Costa, cuando se creó la primera comisión, en la segunda evaluación mutua, nos fue mal. Esa comisión se creó para ajustar la normativa nacional antilavado a las 40 recomendaciones, Estuvimos trabajando desde el 2006 al 2009, la ley salió en el 2009. En ese momento tenías dos formas: lo encaró y lo resuelvo o hago que lo encaro y hago que lo resuelvo. Lo que pasa es que los organismos de contralor internacional ya no te creen, ya no te exigen, tengo la ley, tal o cual. Ahora es ver el cumplimiento de eso.

¿Estamos en camino de cumplimiento?

Hoy tenemos un problema con los casos de lavado de activos, o sea, no hay casos en Uruguay. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) han bajado considerablemente.

Se espera que con la fiscalía especializada en lavado de activos mejore un poco esto.
?

Bueno, no sé. Vamos a verlo porque todavía no empezó a funcionar. Yo soy un poco escéptico, pero bueno, veremos qué pasa. Quiero ser optimista porque además quiero que al país le vaya bien. Pero es un dato de la realidad. Los casos que tenemos son todos casos que vienen de información externa, o sea, capitales que vienen desde afuera, llegan al país, pero no tenemos casos autóctonos. Ahí hay un problema.

¿A dónde hay que mirar? ¿Hay que mirar al sector financiero? ¿A los no financieros?

Hay que mirar todo y trabajar en conjunto. El tema es la percepción del riesgo.Si tenés una percepción de riesgo baja, o sea, si el privado, el sujeto regulado, tiene una percepción del riesgo baja la chincha se afloja. Si hay una percepción de riesgo alto, la cincha se aprieta.

¿En Uruguay se tiene como que es un riesgo bajo el de lavado?

Creo que el riesgo uruguayo, si bien hemos mejorado muchísimo en los últimos años, todavía es un riesgo como cualquier otro.

¿Es alto el riesgo?

Si decís que es alto el riesgo, es como un titular que no me interesa que sea el de la nota. Uruguay tiene riesgos como cualquier otro país y efectivamente hay algunas actividades que están más en riesgo que otras. Creo que obviamente hay un gran atraso en el sector no financiero, es un atraso, no estoy descubriendo la pólvora. Es más difícil controlar. Se está haciendo un esfuerzo por controlar.

Uruguay en la última evaluación le fue satisfactoriamente bien y tuvimos la mejor evaluación del continente, prácticamente, porque todas las discusiones que se dieron en ese marco terminaban en la Ley de Inclusión Financiera. Todas las discusiones que se daban (terminaban en) ‘ah, pero en definitiva la plata pasó por un banco’. Eso te pone en una mejor posición pero no te garantiza nada. De alguna manera te desinflaba los otros riesgos. Ahora tampoco lo tenemos. Ahí hay un problema, yo no sé cómo nos va a ir en la próxima evaluación si esto sigue así.

Tengo mucho respeto por Jorge Chediak y su equipo y a mí me interesa que al país le vaya bien.La sensación es que hay como un afloje de la cincha y que eso de alguna manera repercute en la disminución de los ROS. El ROS es como el termómetro. Tampoco está bueno tener 10.000 ROS y que sean basura. La cantidad perse no es un indicador.

Está el ROS y el ROS ‘pacu’, pa’ cumplir o pa’ cubrirme.Eso no sirve porque no te aporta información, pero si no hay, los insumos son menos.

Volviendo a la articulación entre organismos, tenemos a la Jutep, la UIAF, la Senaclaft, el Tribunal de Cuentas.

En la UIAF tenemos hasta un problema de diseño institucional. La UIAF claramente no tendría que formar parte del Banco Central. Debería ser algo independiente. Tiene sus cosas buenas que esté ahí y tiene sus cosas malas. En definitiva, no debería formar parte del organismo regulador en materia financiera.

¿Por qué debería ser independiente?

Te daría una autonomía muy importante del organismo, porque controlan cosas distintas y tienen funciones completamente distintas. Es natural que tenga otra autonomía. A ver, los vínculos del acceso de los fiscales o jueces, quien esté a cargo de la investigación, el acceso a los bancos de datos de la información sin necesidad de estar pidiendo información cada vez que se necesita una cosa, es absolutamente fundamental para cualquier investigación. Eso no se da. En otros países automáticamente se pide y se accede a esa información en el marco de una investigación criminal. Es verdad y no hay que ser ingenuo, que hay siempre dos intereses que están en pugna, el interés de la protección de datos, el derecho a la intimidad, y el interés del Estado en la persecución de los delitos.

Estos organismos no terminan trabajando coordinadamente.

La coordinación es el centro de la cuestión. Si cada uno va por su lado, el gran problema es que cada uno termina viendo el pedazo de la realidad que le interesa ver. El tema es cómo armonizás eso.

"Los partidos políticos son sujetos obligados y tienen o deberían tener oficiales de cumplimiento y deberían reportar"

Y el sistema antilavado en Uruguay ¿no estaría trabajando?

Se ha avanzado mucho, no me gustan las visiones tremendistas. Se ha avanzado mucho, con avances y retrocesos. El primer procesamiento por lavado lo edité yo por el año 2004 o 2005, hasta ese momento era la nada misma. En ese momento mismo había que remar en una piscina de dulce de leche. El otro día alguien me recordaba de los casos cuando venía dinero de Paraguay, que yo había iniciado una investigación en Ciudad de la Costa, que venían avionetas con dinero, bajaban, los llevaban a Ciudad Vieja y todo eso estaba dentro del flujo de la circulación de dinero y era legal o no, pero eran unas cifras tan siderales que te llamaban poderosamente la atención. En ese caso no se pudo avanzar prácticamente nada, por ejemplo. Creo que ese tipo de investigaciones hoy, quizás, puedan avanzar con mayor rapidez.

Lo que pasa es que nos quedamos con un modelo viejo, o sea, nos quedamos con el modelo que inventamos, ahí hablo también en primera persona porque participé, para el sistema inquisitivo. Los equipos de investigación conjunta con diferentes organismos, delegados de diferentes organismos y demás. Eso que funcionó muy bien en determinado momento, por diferentes razones fueron cambiando las personas; porque a veces ni siquiera es necesario que cambie el partido (político), a veces cambian las personas que están en determinados cargos y la cosa se revierte. Ahí hay un modelo que funcionó, pero que evidentemente hoy no está dando resultados.

¿Qué se tendría que hacer? ¿Una UIAF, Senaclaft, Jutep, todo junto?

No lo sé, habría que pensarlo. En general los controladores públicos no solamente controlan la legalidad del gasto. La legalidad del gasto es algo muy genérico, muy afrancesado. Deberían tener otros mecanismos de control respecto no solamente de la legalidad, sino, además, no de la conveniencia, porque esa siempre es una decisión política, la conveniencia o la definición política de en qué se gasta y en qué no, es una decisión política y eso no debería nunca llegar ni siquiera a la Justicia. pero a veces llega. ¿Qué me aporta de que el organismo “A” tuvo principio de ejecución porque empezó a comprar los lápices antes de que terminara el proceso de compra y el proceso de compra terminó tres días después o cinco días después que efectivamente llegaron los lápices?¿Eso te aporta algo?

No digo que no haya que hacerlo, digo que no es lo relevante. Muchas de las observaciones pasan por ese tipo de cosas, principio de ejecución, falta del certificado “tal”. Es una cuestión formal, que no digo que no haya que controlar, pero no te está mirando lo otro.

¿Tendría que controlar el financiamiento de los partidos políticos?
?

Ahí hay un agujero importante.

En las elecciones internas no se rinden cuentas.

Y en las Nacionales se rinden cuentas pero son muy genéricas también. Ahí sin duda alguna hay dificultades importantes. Los partidos políticos son sujetos obligados y tienen o deberían tener oficiales de cumplimiento y deberían reportar.

Pero como partido político, no lo que recibe el candidato.

Por algo no se han puesto de acuerdo. Hasta ahora no se han puesto de acuerdo.

Ahora hay un proyecto legislativo, pero algunos piensan que puede ser un “saludo a la bandera”.

Yo siempre trato de ver el vaso lleno, sabiendo que existe un medio vaso vacío, también que hay uno medio lleno. Que hay muchísimo para hacer y para avanzar, que hay muchas cosas en las que estamos rezagados, sin duda. También es verdad que se ha avanzado muchísimo en mucho tiempo. Tenemos una legislación antilavado que, más allá de algunas correcciones que hay que hacerlas, es muy buena. Ahí tenés la prueba, no alcanza solo con la norma, necesitás la norma y la ejecución. El legislador uruguayo tiene un fetiche normativo, o sea, la norma como fetiche. Cree que aprueba una norma y la realidad cambia.

La realidad es bastante más porfiada. La ley es un instrumento, si lo usamos seguramente nos va a permitir avanzar o no, según la calidad de la ley. No hay soluciones mágicas. Esto es trabajo, trabajo, planificación, control, trabajo, y evaluación de resultados. Nos cuesta mucho evaluar resultados. En temas de prevención (de lavado) eso es absolutamente importante. Por ejemplo, la Senaclaft en todo lo que tiene que ver con sus inspecciones, más allá de que no hay una finalidad recaudadora, no es que te inspecciono para multarte, sino una finalidad de contribuir al cumplimiento. Eso es verdad y está bien, el tema es que a veces necesitas la multa. ¿Cómo generas tú una cultura del cumplimiento y no la cultura del incumplimiento?

Jorge Díaz gesticula durante una entrevista con El País. Foto: Francisco Flores
Jorge Díaz. Foto: Francisco Flores

Y en esta cultura del cumplimiento, en relación a la declaración de Juan Sartori ante la Jutep sobre la declaración jurada ¿cómo se lleva?
?

Eso es un tema de diseño. Al funcionario público sino presenta su declaración jurada se le retiene el 50% del sueldo. De hecho, yo como jerarca en su momento, ordené de retener (a dos fiscales). Obviamente el funcionario ahí inmediatamente se pone al día. Creo que está bien que se le exija al cónyuge del funcionario una declaración, porque el argumento es ‘quien se dedica a esta actividad soy yo y no mi cónyuge’, fantástico, pero tú cuando te dedicaste a esta actividad las reglas del el juego eran esas. Ingresaste a una actividad que tiene determinadas regla de juego. Entonces, si yo no quiero someterme a las reglas del juego debería plantearlo de antemano, ¿no? Es verdad que los organismos deberían tener un poder coercitivo para que si el legislador estableció determinada normativa se pueda cumplir. Debe de haber dos cosas, los mecanismos de control, de poder de imperio, y los medios para poder controlar, porque también está en el otro lado la Corte Electoral que dice que no controla porque no tiene medios. Igual hay una tendencia del legislador uruguayo a aprobar normas sin pensar en los recursos.

Como al haber puesto como sujetos obligados en prevención de lavado de activos a las organizaciones no financieras, cuando el GAFI recomienda que sean para la prevención de financiamiento al terrorismo, Igual no terminó siendo una mala idea

No. Lo que pasa es que siempre decimos que los sujetos no financieros están más retrasados y es verdad, pero lo que no es verdad es que no se hayan hecho cosas. Hasta hace 10 años atrás, la realidad es que nadie controlaba nada. Tenías que presentar ante el Ministerio (de Educación y Cultura) quiénes eran las autoridades, tu registro, beneficiarios finales y, si no lo hiciste, te suspendo la personería jurídica. ¿Sabés la cantidad de sociedades que desaparecieron del mapa? Muchas se pusieron al día, porque si te suspenden la personería jurídica,fuiste. Se les suspendió, cumplían y se les devolvía la personería jurídica. Vi varios casos de esos. Ahí se avanzó en el registro. El medio vaso lleno también es importante, pasa que también es verdad que en la sociedad de los servicios y en estos temas, vos estás como en la cinta (de caminar), si te quedás quieto vas para atrás. Tenés que seguir un ritmo para seguir en el mismo lugar. Si querés avanzar, tenés que ir más rápido y a veces somos un poco lentos.

En el Compliance Day de Brum Costa Abogados se planteaba sobre la Convención de Budapest y se decía que éramos lentos. Budapest es del año 2001. Estamos en el 2022 o sea, Budapest tiene dos protocolos adicionales y la prueba digital no es el futuro, es el hoy. Los documentos en un papel cada vez existen menos. No es que el mundo se registra en la prueba digital, la vida pasa por la vida digital. La cara, la huella digital, la firma digital.

Tenemos una cédula que tiene un chip que debería contener un volumen de información importantísimo y no lo estamos usando. Tenemos un Fórmula 1 y andamos en primera. Tenemos el Fórmula 1 apostemos a usarlo.
Esperemos la evaluación del Gafilat, que creo que algún tirón de orejas nos vamos a llevar.

Pero a nivel de corrupción.

Es que tenemos una concepción de que acá no pasa nada.

¿Pasa más de lo que uno sabe?
?

Si no tenés mecanismos de control que te permitan saber efectivamente cómo funcionan las cosas. Lo que tiene que ver con los procesos de contratación del Estado y la compra, no estoy hablando de ningún caso, hablo de los mecanismos competitivos para la prestación del servicio que el Estado requiere. A veces también el Estado requiere un servicio que se lo puede brindar un particular.

La realidad que esa será la excepcionalísima. La regla es que probablemente haya competencia, entonces está bueno fomentar la competencia y si la podés fomentar entre competidores que están bien posicionados desde el punto de vista financiero, reputacional, legal, de cumplimiento, seguramente vas a tener un proceso mucho más sano. Y a veces nos detenemos si está inscripto en el RUPE. Hay empresas que se dedican a contratar solamente con el Estado y ya tienen el expertise como para hacerlo. Las normas de gobierno corporativo me parece que instalarlas tanto a nivel público como a nivel privado, son absolutamente fundamentales, porque sino tenés frenos y contrapesos en la regulación y en la estructura, seguramente en algún momento se te van a presentar dificultades o vas a estar en una posición de riesgo.

La cultura de cumplimiento es la otra. No es tener los ‘pelpa’, como decía Minguito. Los ‘pelpa’ los tengo todos, pero el tema es si estás cumpliendo. ¿Tenemos una cultura de cumplimiento? Ahí hay mucho para avanzar.

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