LUCIA BALDOMIR
Uruguay es el país latinoamericano que más grava el consumo. La tasa del 23% paga a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la más alta, seguida por la de Argentina del 21%, aunque en Europa existen las que alcanzan el 25%, tal es el caso de Dinamarca. Pese a ello este impuesto tiene la menor productividad de los de su tipo en todo el continente debido al número de exenciones y a los niveles de evasión.
El impuesto que nació de la reforma tributaria de 1972, y fue uno de los primeros en implementarse en América Latina, comenzó a regir un año más tarde gravando con una tasa básica del 14% y una mínima del 5% a un conjunto de bienes y servicios que con los años fueron ampliándose, tanto como las exoneraciones.
Actualmente es el principal ingreso del Estado representando casi el 50% de la recaudación total de la Dirección General Impositiva (DGI). En 2003 llegó a más de $ 26.800 millones. A pesar de esto, Uruguay tiene la menor tasa de productividad del IVA de América Latina (lo recaudado en comparación al PBI), dada la cantidad de exoneraciones existentes y el grado de evasión, estimado en 30%, según un estudio de la Asesoría económica de la DGI.
Una de las críticas que recibe el tributo es la de ser regresivo, esto se debe a que medido en términos de ingreso, al más pobre le consume el 23% de todo su ingreso y al más rico solo le grava el 23% de lo que consume, dado que éste tiene capacidad de ahorro. De todas formas, una particularidad es que aquellos productos gravados con el 14% son consumidos por la población de menores ingresos, mientras crece la participación en la adquisición de aquellos que tienen el 23% a medida que aumenta el ingreso, según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
En los últimos diez años los sucesivos gobierno aumentaron las tasas de IVA y ampliaron la lista de productos que las pagan. Hoy tanto políticos como especialistas en tributación están acordes a reducirlo, en algunos casos a una tasa única, aunque advierten que sería necesario aplicar políticas paralelas para contrarrestar la pérdida de ingresos volcados a Rentas Generales, o arriesgar y bajar la tasa esperando un grado similar de aumento del consumo.
EXONERADOS. El consumo de bienes exonerados representa cerca del 40% del consumo total. Todos los tributaristas consultados coinciden en afirmar que Uruguay tiene excesivas exoneraciones. Pero una particularidad es que no existen estudios que avalen estas exoneraciones ni revisiones periódicas que las justifiquen en el tiempo. "Los que están exonerados es racional que estén por un criterio de equidad pero considero que cada cinco años tendrían que revisarse porque las pautas de consumo cambian", comentó Carlos Grau, uno de los autores del estudio de Cinve.
Asimismo, el contador Daniel García de PricewaterhouseCoopers comentó que no debería haber exoneraciones al nivel que "tenemos porque se supone que es un impuesto se si se traslada distorsiona el sistema ya que el objetivo es la disminución del precio. En cambio, hay una traslación del impuesto a las compras al precio, lo que genera que no se disminuya el precio final".
Un estudio de 2001 del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sistema tributario uruguayo advirtió que "el nivel de exención utilizado para no declarar IVA equivale a alrededor del 4,7 veces el PIB per cápita del Uruguay, lo que puede considerarse "elevado". "Un nivel de exención más bajo generaría un aumento en la recaudación pero requeriría un incremento en los costos de administración tributaria, ya que incorporaría un monto mayor de contribuyentes a fiscalizar", indica el informe.
TASA UNICA. La propuesta de bajar a una tasa única del 19% es la que se ha manejado con mayor énfasis en los últimos años. Cada punto porcentual de IVA representa U$S 40 millones, de acuerdo al total recaudado por este concepto, lo que una disminución al 19% implicaría una caída en la recaudación de U$S 160 millones.
Grau expresó que es viable la disminución de la tasa básica ya que "puede aumentar la recaudación por el aumento del consumo aunque habría que tener cierta holgura fiscal porque es riesgoso".
Juan Antonio Pérez Pérez de la consultora KPMG advirtió que "es fácil decir que hay que bajar la presión tributaria pero si cada punto del IVA representa U$S 40 millones y se baja al 19% ¿de dónde sale la diferencia? Veinte puntos de los 23 del IVA van al Banco de Previsión Social y estas transferencias que se hacen al sistema de seguridad social tienen que tenerse en cuenta al momento de una rebaja".
Coincidencias sobre una reforma
Los últimos tres aumentos en la tasa del IVA se produjeron en los primeros años de legislatura. En 1984 pasó de 18% a 20%; en 1990 el incremento fue de 21% a 22% y en 1995 el aumento fue de 22% a 23%.
Por el contrario, a lo largo del mandato del presidente Jorge Batlle se ha intentado reducir la tasa a una única del 19%, por la que determinados bienes gravados con el 14% pasarían al 19%, además de que se ampliaría la base imponible reduciendo las exoneraciones, productos a los que se gravaría con el 14%.
Paralelamente se buscó la derogación de impuestos y la compensación tanto de suba como de baja del IVA a través del Imesi. La reforma propuesta, en un proyecto enviado en 2003, duerme en los cajones del Palacio Legislativo.
Las propuestas de los candidatos presidenciales tanto del Partido Nacional, Frente Amplio y Colorado, vuelven a plantear la rebaja de la tasa del IVA en caso de acceder al gobierno.
"Nosotros pretendemos trabajar sobre la administración tributaria, disminuir la evasión que actualmente ronda el 30% y significa U$S 1.000 millones y no aumentar el gasto público para así poder bajar el IVA", comentó Washington Ribeiro, asesor económico de Jorge Larrañaga.
La economista colorada Fanny Trilesynski también se refirió a la rebaja de la tasa y reducción de exoneraciones en base a la eficiencia de la recaudación y la disminución de la evasión.
El Frente Amplio plantea en su Programa de Gobierno la reducción "significativa" de las tasa del IVA.