Investigan presiones para fijar precios en productos congelados

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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia inició una investigación de oficio en el mercado de alimentos congelados al tener "alguna línea de confirmación incipiente" de posibles prácticas anticompetitivas en el mismo.

Esas posibles prácticas refieren a la entrega de "precios sugeridos" por empresas mayoristas de alimentos congelados al minorista y "presiones" de algunos proveedores para que respeten dichos precios, según la resolución que da inicio a la investigación.

La comisión -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- ya tiene "alguna línea de confirmación incipiente que está ratificando la presencia de precios sugeridos en algún caso con más rigurosidad y en otros como una guía", dijeron a El País fuentes oficiales.

Se evalúa que "los mayoristas podrían estar condicionando a los minoristas" a que no puedan vender al público por debajo de cierto precio lo que constituye una práctica anti-competitiva, afirmaron. De todas maneras, la comisión continúa "tratando de reunir información" ya que la misma "todavía es insuficiente", agregaron.

La resolución del órgano da inicio a una investigación de oficio "respecto a la posible existencia de prácticas anti-competitivas en el mercado de comercialización al por mayor de alimentos congelados en el departamento de Montevideo tendiente a esclarecer los hechos así como a identificar a los responsables". La investigación abarca a las empresas mayoristas Avícola del Oeste, Cramon, Friopan, Graba, Maosol, McCain-La Sibarita, Pangiorno y Pagnifique a las que se les dio vista de la resolución y del expediente, según el documento de la comisión.

El 15 de noviembre del año pasado, el órgano desconcentrado de Economía inició actuaciones preparatorias para estudiar las condiciones de competencia en los mercados de alimentos congelados "en especial en relación a la formación de sus precios". En ese estudio, "se solicitó información a una serie de empresas dedicadas a la distribución y a la venta minorista de alimentos congelados", señala la resolución.

En la información que recabó la comisión "figuran expresiones de dos representantes de empresas minoristas que afirman que los proveedores les entregan listas de precios sugeridos, y que han recibido presiones de algunos proveedores para respetar dichos precios".

En un informe realizado a pedido del órgano por el economista Marcelo Pereira sobre la estructura de mercado, se señala que un comercio minorista -al cuál no se identifica para protegerlo- manifestó que "recibe listas de precios de proveedores con precios sugeridos de venta" y que "ha recibido presiones de más de una empresa proveedora en relación a la fijación de los precios de venta y que, en caso de no ajustarse a esos precios `sugeridos` no les iban a entregar mercadería".

Otro comercio minorista -al que tampoco se identifica-, expresó que "los precios de venta" al público "son dispuestos en su mayoría por los proveedores de los productos, aunque en ciertas circunstancias no son respetados en su totalidad". Pero afirmó además que "hay proveedores que no le entregan mercadería en caso de no respetar los precios" y que "en algunas circunstancias los precios son asimilados (al alza) a las grandes cadenas" lo que hace que la propuesta del comercio "no sea atractiva" para el público.

En el mismo reporte, la empresa Graba dice que "para algunos casos se emiten listas de precios en general sin precios sugeridos" aunque admite que "frente a distorsiones exageradas de los mismos hemos sugerido precio de venta mínimos como forma de mantener una imagen seria del producto y la marca representada".

Pereira analiza los posibles efectos positivos y negativos de establecer precios de reventa mínimos. Entre los primeros están que hay firmas que realizan "inversiones en la propia venta como la atención al público, información de funcionamiento, uso del propio bien", que "los mismos permiten una competencia intramarca no a nivel de precios, sino en términos de calidad, servicio de post venta".

Entre los efectos negativos de la fijación de precios de reventa mínimos está "la eliminación de la competencia entre vendedores" y el "establecimiento de barreras a la entrada al mercado".

Según el análisis de Pereira en el caso de los alimentos congelados "no son productos de consumo esporádico -o que necesiten de un servicio de atención post venta en el sentido que no son asimilables a otro tipo de bienes, como los durables, que por lo general necesitan de un asesoramiento previo y/o posterior de venta- sino de consumo habitual y se venden los mismos productos tanto en supermercado como en tiendas de congelados".

Además, entiende que tampoco aplica el argumento de la calidad a la hora de competir porque "los productos son homogéneos, es decir, se ofrecen los mismos bienes y en las mismas condiciones de conservación en todos los puntos de venta".

Por eso Pereira entiende que "no existen ganancias de eficiencia que justifiquen" la presencia de precios sugeridos a los minoristas y que su "posible imposición" exceptuando a los supermercados, "reduce la competencia entre estos últimos y los vendedores minoristas", al no permitir a éstos "diferenciarse con precios menores".

Práctica: Afectaría la competencia entre los comercios además de barreras en el mercado.

La Comisión desestimó por "improcedente" una denuncia de BQB Líneas Aéreas contra Pluna. Esta última había presentado en la Dinacia un proceso de amparo contra Los Cipreses S.A. (BQB) para que no volara ciertas rutas y luego BQB presentó ante la comisión una denuncia contra Pluna al entender que el amparo que pedía era una práctica anticompetitiva.

La resolución de la comisión señala que "no se advierte cómo la actividad procesal de Pluna puede afectar la libre competencia".