Gobierno prevé oferta privada de vivienda social recién para 2013

Inversores. Ya adquirieron predios para construir al Norte de Montevideo

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MARCELA DOBAL

El gobierno definió los parámetros para dar exoneraciones fiscales a la inversión en vivienda social. Si es ampliación se debe incrementar 25% el metraje; si es refacción, debe subir 50% el valor y, si es reciclaje, debe aumentar el número de viviendas.

La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, presentó ayer junto con el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Carlos Mendive, algunos de los aspectos incluidos en la reglamentación de la ley de promoción de la vivienda de interés social, que da incentivos a inversores privados con el fin de aumentar el stock de oferta inmobiliaria para familias de ingresos medios y medios bajos.

Aún resta la aprobación del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo luego de promulgada la ley, pero Mendive estimó que en octubre estará abierta una ventanilla en la ANV para recibir las iniciativas privadas. Muslera dijo que tomará entre un año y año y medio que se concreten los proyectos (entre aprobación del gobierno y construcción), por lo que prevén que las primeras viviendas amparadas en el régimen estén disponibles "recién en 2013".

El secretario ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Aníbal Durán, dijo a El País que la impresión sobre los contenidos de la reglamentación es "muy favorable" y que "muchos promotores han comprado terrenos" motivados por estos incentivos, por ejemplo, en barrios al Norte de Avenida Italia.

Las viviendas que son objeto de los incentivos deben tener áreas habitables de entre 32 y 107 metros cuadrados (según la cantidad de dormitorios) y localizarse en una zona urbana con infraestructura instalada.

Muslera dijo que la mayoría de los inmuebles residenciales que están fuera del mercado "quedaron fuera de su vida útil o sus condiciones han llegado a un punto crítico", por lo que tres cuartas partes del stock necesita "operaciones importantes de mejora".

Además de apuntar a mejorar la calidad, se busca aumentar la densidad en el territorio y fomentar la construcción de viviendas nuevas. El proyecto de inversión deberá abarcar por lo menos dos viviendas cuyo destino sea la venta o el alquiler.

Mendive explicó que cuando se proponga realizar una ampliación la vivienda deberá al menos aumentar su metraje un 25%. Si es para refacción, tiene que aumentar un 50% el valor de la vivienda. En tanto, si invierte en un reciclaje, su resultado debe producir más viviendas de las que hay en el padrón. "Puede ser de dos a tres o de dos a cinco, por ejemplo", explicó Mendive a El País.

La inversión deberá ser sobre entre dos y 100 viviendas, según se incluyó en la reglamentación a la que accedió El País. El jerarca dijo que podrían considerarse proyectos con mayor número de viviendas. "Para estos casos excepcionales tendrá que verse en su integralidad el proyecto, su localización y el tipo de vivienda que se va a construir", advirtió.

El titular de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) dijo que las viviendas no tienen que necesariamente estar en el mismo padrón o el mismo barrio. "Puede estar una en el Brazo Oriental y otra en el Paso Molino", ejemplificó.

Con estos beneficios se busca promover no solo las grandes inversiones, sino también la pequeña y mediana que puedan realizar familias o conjuntos de profesionales asociados. En cualquier caso, se debe constituir una empresa específica para ejecutar el proyecto.

En tanto, Mendive dijo a El País que se hará un monitoreo de la ejecución de los proyectos para que no se extralimiten en los plazos que presenten. También señaló que quien invierte en la refacción o construcción puede luego vender la vivienda a un segundo inversor, quien sólo recibirá beneficios fiscales si desea alquilarla.

Ya sean con fin de arrendar o vender viviendas, los proyectos de inversión podrán exonerar todos los impuestos nacionales vinculados con la actividad: impuesto a la renta de personas físicas y jurídicas, IVA compras e IVA ventas, Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) e Impuesto al Patrimonio.

ZONAS. Los estímulos a otorgar difieren según la zona geográfica. En Montevideo se establecieron tres zonas. En la periferia se dará exoneraciones a la refacción, reciclaje y ampliación pero, en el caso de la obra nueva, solo se promueven las cooperativas de vivienda. En tanto, en la zona central e intermedia del departamento no se fijaron restricciones. En la costa Este se establecieron topes de precio y no las viviendas a vender no podrán exceder los US$ 78.000.

En el Interior, se procura excluir de los beneficios a las zonas balnearias (Colonia, Maldonado y Ciudad de la Costa) con un tope de US$ 70.000. Se establecieron máximos de precio por metro cuadrado igual que en Montevideo. El máximo es de US$ 1.483 si es de un dormitorio, de $ 1.426 si tiene dos y de US$ 1.388 si tiene tres.

Si las viviendas se destinan al arrendamiento, se exonera 40% de impuesto por las rentas generadas, pero se puede ampliar al 100% si se efectúan a través del Fondo de Garantía e Alquileres del Ministerio.

Para asegurar que los incentivos a la oferta encuentren su correlato en la demanda, el gobierno otorgará 6.000 préstamos con subsidio en el quinquenio, aunque los inversores no están obligados a vender a quienes usen estos incentivos.

Buscan agilizar trámites

La reglamentación que Vivienda presentó en el Consejo de Ministros fija un plazo para que la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (Caivis) se expida sobre los proyectos presentados. Es de 20 días hábiles, que "podrá ser suspendido por un lapso no mayor a 20 días hábiles, a efectos que el interesado presente la información complementaria que le sea solicitada". Si la Caivis no se expide, "se entenderá que no recomienda la Declaratoria Promocional solicitada". Los interesados presentarán sus iniciativas a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), incluyendo: nota de solicitud, presupuesto y cronograma de obra, anteproyecto de arquitectura, plano de ubicación, carta de compromiso (con carácter de declaración jurada), entre otros documentos. La ANV lo evalúa y luego remite su pronunciamiento a la Caivis.

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