INFORME

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El debate de la reforma del sistema jubilatorio ha arrojado diferentes puntos de vista sobre los caminos que se deben seguir, pero el punto de partida sobre la necesidad de la misma es algo en que los diferentes actores han estado de acuerdo. Mientras tanto, fuera de las discusiones políticas ¿qué dicen los datos?

“Uruguay presenta un importante sesgo del gasto público social hacia el sistema de pensiones, que puede apreciarse claramente tanto por el peso de las pensiones en el total del gasto, como en diferentes indicadores de resultados, donde destaca la baja incidencia de la pobreza en mayores de 65 años. El volumen de transferencias del sistema de seguridad social, en los últimos años ha superado el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), y representado más de un 75% del gasto público en protección social, lo que ubica a la seguridad social como el rubro más significativo dentro del gasto público, por encima de la educación o salud”, sostiene el documento “Impactos distributivos del Sistema de Seguridad Social de Uruguay”, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

El documento presentado ayer, realizado por el equipo coordinado por el doctor en economía Gonzalo Zunino, analizó los impactos distributivos del sistema de seguridad social, de acuerdo a sus reglas actuales, tanto con el enfoque “intergeneracional” como “intrageneracional”.

“El sistema de pensiones está llamado a jugar un rol importante de protección a los individuos más vulnerables, por lo que se espera que el mismo logre un impacto distributivo relevante”, señala el documento y agrega que “un proceso de reforma de la seguridad social exitoso debería asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, mejorando el potencial redistributivo del mismo”.

En el evento participaron también el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain, el economista para Protección Social y Trabajo del Banco Mundial, Ignacio Apella, y el director del Equipo de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou. Zunino afirmó que, de acuerdo a las conclusiones obtenidas, “el sistema de seguridad social en su diseño actual permite reducir la desigualdad de ingresos y reducir la pobreza”.

Asimismo, en el trabajo donde se analizaron escenarios simulados, uno de los resultados muestra que la suspensión de las transferencias hacia el sistema por concepto de aportes jubilatorios de los trabajadores, junto con la eliminación de transferencias desde el sistema en concepto de jubilaciones y pensiones, tiene un impacto muy relevante en la distribución del ingreso per cápita de los diferentes tramos etarios de la población.

“Se observa una reducción sustancial en los ingresos per cápita de los hogares donde viven individuos mayores de 60 años, particularmente, en los hogares donde viven mayores de 70 años, en conjunto con un crecimiento leve de los ingresos de los hogares donde viven individuos de entre 25 y 54 años de edad”, señala el documento.

Apella en su participación, destacó que por más que es difícil de proyectar de forma matemática la conducta de las personas, se debe comprender que en una situación hipotética de reducción de los ingresos, las personas buscarían cómo hacer frente a la misma.

Por otro lado, contemplando uno de los objetivos de la reforma, el cual refiere al peso fiscal del sistema previsional en relación al PIB, Zunino afirmó que “lograr una mejor distribución del ingreso, permitiría ganar espacio fiscal para los programas de protección, infancia y adolescencia, un mejor rediseño de la protección social en su conjunto, pero sin la concreción de políticas públicas orientadas a estos grupos, no los podemos considerar ganadores de las reformas que se están impulsando en el sistema de protección social”, afirmó Zunino.

“Mejor focalización de las transferencias, es un camino para tratar de mantener lo bueno del sistema, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, pero tratando de compatibilizar aquel objetivo primario de contener la tendencia creciente del gasto”, añadió.

"No es que Uruguay tenga un problema de capacidad de pago, pagarse se va a poder pagar siempre. Tampoco compromete el pago de obligaciones internacionales de Uruguay, Sin embargo, sí compromete el desarrollo de otras políticas, el aprovechamiento del espacio fiscal producto de la reforma. Lograr una reforma con el mayor acuerdo posible, sería un éxito para el país”, afirmó Saldain.

Sostuvo que los más vulnerables deben ser una población protegida, pero no la única, teniendo que tomar en cuenta también a los sectores medios, ya que reciben “subsidios importantes”, sin los cuales tendrían dificultades para mantener sus estándares de vida. Por eso, destacó el diseño de una arquitectura multipilar para el sistema, focalizado en el documento de las recomendaciones de la CESS.

Sobre el ingreso mínimo garantizado sostuvo que aquellos que deberían integrarlo son quienes cumplan una determinada trayectoria laboral, ya que si fuese para todos aquellos que solo alcanzan determinada edad, podrían haber “elementos complicados en materia de conducta”.

Saldain dijo que esto debe ser evaluado en el contexto general de los objetivos de la reforma, los cuales son: contener el nivel del gasto, cambiar la trayectoria y mantener los niveles de cobertura que el sistema ha tenido hasta el momento.

Luego de la presentación del trabajo, Apella se refirió a las dos problemáticas centrales planteadas por Zunino -el desbalance de gasto entre generaciones, niños y adultos mayores, y una desigualdad intergeneracional-, sobre los cuales afirmó que “este desbalance entre el gasto cuando uno mira la seguridad social entre adultos mayores y niños, no hay con qué darle, es así”.

Por otro lado, señaló que la forma de financiar el déficit del ciclo de vida, también es parte del “contrato social” arraigado en el sistema previsional, en el cual está determinado que “el déficit del ciclo de vida de los niños lo financian las familias y el déficit de vida de los adultos mayores lo financia el sistema de pensiones”.

Asimismo, señaló que si se busca el alcance del incremento de la productividad de los trabajadores para que en la etapa de envejecimiento se pueda sostener al ritmo de crecimiento del PIB per cápita, se necesita invertir en capital físico y humano. “Si hablás de capital humano, claramente son los niños”, afirmó.

En tanto, sobre la desigualdad intergeneracional señaló que “el sistema de pensiones es un programa a través del cual el Estado hace política redistributiva, lo hace cuando define que hay una jubilación mínima y una máxima”. En relación a los subsidios de las jubilaciones, afirmó que si el objetivo fuese eliminarlos, hay tres opciones: incrementar las contribuciones, reducir el beneficio o reducir el período de este e incrementar al mismo tiempo el tiempo de aporte.

“¿Aumentar las contribuciones? No sé, es debatible. Sobre todo si las contribuciones las va a tener que pagar el trabajador, porque se reduce su salario líquido. ¿Aumentar la edad? Es algo que fue propuesto, genera problemas de política, pero te permitiría reducir el período por el cual el trabajador recibe los beneficios, se incrementa el período por el cual contribuye.”